Héctor Rubini* 

La vinculación comercial entre Argentina y China pareciera encaminarse hacia una nueva etapa. Al igual que en la anterior experiencia kirchnerista, los avances y acuerdos con dicha potencia siguen generando interrogantes sobre la conveniencia del acercamiento.

Las condiciones y circunstancias son hoy muy distintas de las observadas en 2004 cuando, de manera algo improvisada, el Gobierno argentino firmó cuatro apresuradas cartas de intención con su par chino. Fue suficiente para contener las ya visibles bravuconadas del primer mandatario chino, Hu Jintao, quien exigía que se le otorgue la condición de economía de libre mercado para evitar investigaciones antidumping en base a evidencia de otros países. Pero en términos de resultados, no cambió demasiado.

Argentina siguió siendo básicamente un proveedor de soja y en mucha menor escala de carnes mientras China colocaba productos manufacturados en nuestro país. Si se toma un horizonte de 30 años, entre 1990 y 2019, el resultado ha sido desfavorable para nuestro país. Argentina tuvo superávit comercial en 10 años y déficit en los otros 20.

El peso del país asiático aumentó significativamente en dicho período. Entre 1990 y 1999, las exportaciones argentinas a China sumaban al 2,9% del total (promedio anual), mientras que entre 2010 y 2019 ya ascendían al 8,2%, llegando al pico del 10,8% en 2019. En cuanto a las importaciones, entre 1990 y 1999 las compras a China representaban el 3,4% del total y entre 2010 y 2018, 16,8%.

La “China-dependencia” pareciera extenderse a otros campos. Uno de los más controversiales fue la estación espacial en Neuquén, construida en base a un acuerdo bilateral de 2014. Si bien su objeto formal es la investigación espacial, no deja de llamar la atención que si la contraparte china de dicho acuerdo es la Agencia Nacional del Espacio de dicho país, el control de dicha estación está a cargo del Ejército Popular Chino. La versión inicial del acuerdo, en 2014, contemplaba un plazo de 50 años para el mismo. El texto ratificado por la Cámara de Diputados en 2015 y publicado el pasado 7 de agosto en Boletín Oficial tiene vigencia por 10 años, renovable automáticamente si ninguna de las partes denuncia el acuerdo por canales diplomáticos. ¿La actividad de dicha estación se limita a lo estrictamente espacial? Hoy por hoy, nadie lo sabe.

Otra vía de acercamiento al Gigante Asiático es una aparente carta de intención bilateral para la instalación en el noroeste de “granjas” para la producción masiva de cerdos. Se habla de que se importarían desde China 290.000 madres para iniciar un proceso de producción y exportación a China de 900.000 toneladas de carne en 4 años.

Los números lucen realistas, pero la pregunta es quién garantiza la sanidad de reproductores provenientes del país que debió matar más del 40% de su stock de porcinos por la imposibilidad (aun hasta hoy) de controlar la peste porcina africana (PPA). Ya el año pasado el Gobierno de Venezuela se vio imposibilitado de distribuir perniles de cerdo importados desde Rusia por estar contagiados de la peste porcina africana que desde China llegó hasta las puertas de Europa. Una enfermedad hasta ahora incurable, con una facilidad de contagio aun mayor que la del coronavirus.

Diversos estudios indican que en los’60 se transformó en una enfermedad endémica en Portugal y España y su erradicación les llevó más de 30 años mientras que en República Dominicana y Malta, por caso, debieron optar por sacrificar la totalidad de porcinos del país. Dicha peste es una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa que es transmitida a través de garrapatas, cerdos vivos y faenados, jabalíes salvajes y pecaríes. En 2007 aparecieron animales enfermos en el Cáucaso y desde entonces ha afectado a animales en Armenia, Azerbaiján, Georgia, Rusia y otros países de la región. Según un estudio del Senasa, disponible online, el virus puede sobrevivir durante meses en chacinados y salazones. Ergo, para un proyecto como el mencionado serían necesarias medidas sanitarias más que extremas no sólo en las eventuales “granjas” sino en todas las vías de acceso a las mismas dentro del país, y en todos los aeropuertos y puertos por donde ingresen animales vivos desde China y ciudadanos de ese país que pudieran ingresar al país con fiambres, o carnes porcinas elaboradas en ese país u otro afectado por dicha zoonosis.

Es de esperar que los términos de dicho acuerdo se conozcan y se discutan con el mismo rigor con el que se trata de contener la epidemia de Covid-19 por parte de las autoridades. No sea cosa que, por el simple afán de generar divisas en muy corto plazo, se termine generando una catástrofe sanitaria, y por una enfermedad para la cual no hay, ni se espera, ninguna vacuna ni en nuestro país, ni en el resto del mundo.

*Economista de la USAL