ASTRID MARTÍNEZ O.  *

Los observadores internacionales y los agentes colombianos se preguntan cuáles serán los impactos de las decisiones del nuevo gobierno, a partir del 7 de agosto, en distintos sectores de la economía. Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con los efectos macroeconómicos de la interrupción de la contratación petrolera, lo que implica que la exploración se dará únicamente en el marco de los contratos ya firmados con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH.

Una respuesta inicial es que la ausencia de exploración nueva no tiene ningún efecto de corto plazo ni en lo fiscal ni en el sector externo del país. Por dos razones, no se interrumpe la exploración ya contemplada en las áreas contratadas ni se deja de producir el crudo y el gas explotable de acuerdo con las características de los yacimientos y la economía de los proyectos. Si se respetan los contratos para pilotos en yacimientos no convencionales y los del offshore caribeño; de lo contrario se impactaría la oferta de gas natural y habría que importarlo en breve.

En declaraciones más recientes, sin embargo, el presidente electo dio un mensaje más preocupante, en el sentido de que se podría hacer rendir las reservas probadas reduciendo la tasa de producción anual. Si avanza esta idea, la explotación se verá afectada y habría impactos fiscales, del balance externo y del valor de Ecopetrol.

La relación reservas/ producción de crudo, que hoy está en 7,6 años, se basa en el supuesto de que la producción anual será igual a la actual. Si la producción anual cae un 30 % para cubrir solo la demanda de las refinerías, disminuirían las regalías y el recaudo en el nivel nacional, y el aporte de las exportaciones petroleras sería nulo. La relación reservas producción podría crecer en una medida que aplicaría solo a la producción del Grupo Ecopetrol (66 % del total nacional), en principio.

Pero el gobierno tendría que explicar a los accionistas, de una empresa que cotiza en los mercados nacional e internacional de valores, que la decisión es racional, en un entorno de bonanza petrolera, que implica que perderá la ventana de precios altos, o pagar el costo de un propósito de autosuficiencia petrolera, con recursos del presupuesto nacional.

En otra parte simulamos los efectos de un escenario en el cual, a partir de 2023, la producción se haría únicamente con las reservas actuales. Se perderían 1.6 puntos porcentuales de la participación actual de los hidrocarburos al PIB, se reducirían los encadenamientos productivos, y el PIB crecería a un menor ritmo promedio entre 2022 y 2030 en el equivalente a 0, 4 puntos porcentuales.

Se elevaría el tipo de cambio, las importaciones se encarecerían y el déficit de cuenta corriente aumentaría. El déficit fiscal también aumentaría y la deuda tendría un comportamiento explosivo. Disminuirían las regalías de los hidrocarburos, afectando los recursos para la inversión regional y para reducir las necesidades básicas no satisfechas. La reducción sería de alrededor de USD 1000 millones, cada año, hasta 2030.

Es de esperar que las ideas de campaña se decanten. Lo que seguramente permanecerá de los planteamientos programáticos es el propósito de diversificar la economía nacional y reducir su dependencia de los combustibles fósiles en el mediano plazo. Ello podría afectar el valor de Ecopetrol porque podría comprometer el crecimiento de ese activo, al ser la exploración y la producción de hidrocarburos el core del negocio. Pero es probable que esto tampoco ocurra, al menos no en el corto plazo de un período presidencial.

En primer lugar, este plazo de cuatro años es más corto que el ciclo del negocio petrolero: hay múltiples actividades de exploración en curso que podrán aumentar las reservas; y en este cuatrienio no caerá la demanda mundial de crudo.

En segundo lugar, se trata de un grupo empresarial que integra diferentes segmentos de la cadena de hidrocarburos, que produce gas natural, esencial en la transición hacia la mayor incorporación de energías renovables no convencionales en la matriz energética colombiana, que diversifica su portafolio con ISA y otros proyectos, y que consolida su compromiso hacia la carbono-neutralidad, en 2050.

Un asunto que preocupa es el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC (ver gráfico) del 2,7 % del PIB y que compite con otras prioridades del gasto.

En el entorno internacional actual, los impactos negativos del alza de precios de algunos bienes importados están siendo más que compensados en Colombia por el incremento del valor de las exportaciones de petróleo y carbón. Es una ventana de oportunidad que durará mínimo otros tres años debido a las sanciones a Rusia y al desbalance entre la oferta y la demanda de estos energéticos. Para la administración que inicia en agosto de este año, es una oportunidad única para financiar los programas sociales y la transición energética, que constituyen el centro del programa de gobierno.

* Investigadora sénior de Fedesarrollo