“EL HUECO FISCAL DE NO PRODUCIR PETRÓLEO EXISTIRÁ CON O SIN TRANSICIÓN ENERGÉTICA”

MARÍA MÓNICA MONSALVE/El Espectador

Uno de los temas claves que deberá liderar el presidente electo, Gustavo Petro, así como los gobiernos que tendrá Colombia de aquí a 2050, será impulsar la transición energética: un proceso que va más allá de diversificar la matriz energética con proyectos renovables, y que, en cambio, implica diversificar la economía y apoyar a las comunidades dependientes de los combustibles fósiles. 

El Espectador habló con Antonio Hill, asesor del Natural Resource Governance Institute en temas de transición energética justa. El investigador español es experto en justicia climática y medioambiental, desarrollo social, reducción de la pobreza y desarrollo internacional.

- En general, ¿cómo ve el panorama de la transición energética en Colombia?
- Bueno, sabemos que actualmente se están desarrollando cuatro nuevas carboeléctricas y que hay 40 propuestas más sobre la mesa. Y a estas alturas es casi imposible armar un argumento de que el carbón es la mejor solución. Si Colombia quiere demostrar que está tomando en serio la transición energética, debe tener una estrategia para salir del carbón lo antes posible, eso es lo primero. Ahora, hay que reconocer que se han dado avances importantes en energías renovables y, en ese sentido, sí tiene una posición de liderazgo, junto a Chile, en la región, aunque no a escala global.

- Salir del carbón, lo dice usted, y de hecho se dijo durante la COP26, es lo más urgente. Pero también hay reportes, como el del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático, de la Universidad de Manchester, que ha dicho que países desarrollados y en desarrollo tienen distintos tiempos para hacerlo. ¿Qué debe hacer Colombia?
- Sí, el primer paso es el carbón, y es urgente empezar desde ya, pero en el país hay mucha ambivalencia: no hay un movimiento claro desde el Gobierno Nacional para querer hacerlo y los gremios de carbón lo siguen impulsando. Pero si hablamos de un período de lo que pasará en 15 años, para ser consecuentes con un abordaje coherente con el punto de vista científico y a nivel global, Colombia ya debería definir este rumbo, lo que no está pasando.

La transición energética del país, como en todos, debe tener tres partes. Una es asegurar y garantizar el acceso a la energía, y en Colombia no hay cobertura total para la electricidad. Lo segundo es la diversificación económica, que es fundamental, en especial para los departamentos que dependen mucho del carbón. A un plazo de 10 o 15 años hay que garantizar que el país entero, así como esos departamentos, no dependan del extractivismo. Y tercero, hay que ponerles atención a las comunidades que dependen de estos sectores, como las poblaciones de Cesar y La Guajira: que tanto ellas como los trabajadores tengan un apoyo para poder hacer la transición.

- Un segundo tema clave de la transición es el gas. Gremios productores y distribuidores proponen “fracking” y proyectos “off shore” para aumentar reservas. ¿Ve lógica esta en un contexto de transición energética?
- Lo primero es que esa decisión, así como cualquier otra que se tome, debería darse con una consulta amplia con los sectores implicados, incluyendo sociedad civil y las comunidades afectadas, pero en Colombia no hay evidencia de este tipo de consultas o procesos. Una vez aclarando eso, el tema del gas es uno complicado, porque sí se está utilizando como una energía de refuerzo, incluso en países donde hay transiciones fuertes hacia las renovables.

Pero la pregunta clave es, ¿qué tanto consumir y producir gas para la generación eléctrica sirve para las metas del sector de Colombia? Comparado con otras fuentes -como la eólica, la térmica y la solar- las ventajas del gas son cada vez menores. Cada vez nos toca ir más allá para explorar y explotar reservas, a áreas más alejadas, como las off shore, y eso hace los procesos más caros y complejos. Y el argumento de que las renovables tienen mucha intermitencia es cada vez menos válido, porque hay muchas soluciones en términos de baterías.

En Colombia, además, se suma que están los Andes, con su diferencia de alturas y pisos térmicos, lo que permite potenciar las renovables. Así que el costo-oportunidad del gas para un país como Colombia parece ser cada vez peor.

- Acá el tema de disminuir la producción de combustibles fósiles no solo tiene que ver con energía, sino con sus ingresos. Para abril de este año, para dar un ejemplo y según el DANE, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas representaron el 60 % del valor de las exportaciones. ¿Cómo se podría llenar ese hueco fiscal que dejaría una transición energética que no implique su producción?
- Es importante recalcar que las reservas que tiene Colombia en gas y petróleo no son significantes, entonces si la excusa es que emprender una transición energética va a implicar un hueco fiscal, hay que saber que ese hueco fiscal igual se va a dar. Incluso, en el mismo plazo que una transición justa debería darse. Las ganancias del petróleo no van a ser para siempre y la lógica de pensar una transición justa, precisamente, es ver las posibilidades que existen.

En Bangladesh, por ejemplo, cuando asumieron la presidencia del club de los países vulnerables al cambio climático -del que es miembro Colombia-, lo primero que hicieron fue emprender un proceso que llamaron “plan de prosperidad climática”. Y en vez de empezar del punto de cómo reducir emisiones frente a las actuales, primero pensaron cuáles son las metas de desarrollo qué tenemos y cómo cumplirlas sin recurrir a los combustibles fósiles. Eso les ha permitido aumentar su compromiso climático dos veces. 

- La ciencia, y de hecho la política climática, ha advertido que los países más desarrollados ya superaron su “derecho a emitir”, por así decirlo. Por lo que, además de reducir sus emisiones, deben ayudarles a los no desarrollados en el tema de mitigar sus emisiones. ¿Cómo funciona este financiamiento climático y qué oportunidades tendría Colombia?
- Dentro de la convención de las Naciones Unidas ya existe un marco conceptual para que los países desarrollados hagan esa transferencia a los que están en desarrollo. De hecho, de ahí salió el compromiso, en la COP15, que se realizó en 2009 en Copenhague, de movilizar US$ 100.000 millones por año. Pero ahora sabemos que ese monto no cumple ni con el 10 % necesario para las metas de mitigación. Y esa parte es insuficiente.

- ¿Y Colombia se puede beneficiar de ese marco?
- Bueno, para el caso de dejar de producir combustibles fósiles no le aplicaría, porque como en su mayoría se exportan, las emisiones de esos combustibles no provienen de Colombia, así que el país no estaría reduciendo sus emisiones. Sin embargo, hay otros ejemplos, por fuera del marco, que sí hablan de transferencias financieras para que los países productores de combustibles fósiles encuentren apoyo.

Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Beyond Oil and Gas Alliance, que se anunció en la COP26 de Glasgow (Reino Unido), que está pensando en esto. Si Colombia tomara en serio la transición energética, se podrían insertar en esta discusión y en cómo asegurar que haya flujos financieros que le ayuden a cumplir esa necesidad.

- Es decir, ¿se podría entender como que Colombia deje de producir combustibles fósiles bajo la condición de que alguien le pague por hacerlo?
- Así se puede entender, pero con cuidado. Hay un problema, y es que no hay plata en el mundo que logre reemplazar las ganancias del petróleo, así que no es tan sencillo plasmar un acuerdo así. Se debe enmarcar más en un plan de qué se va a hacer con el carbón, el gas y el petróleo, y cómo se va a lograr una diversificación económica. Es decir, presentarlo como que Colombia tiene una obligación económica a 15 años y necesitamos apoyo en el camino. Eso abre más puertas.

- Un tema que usted menciona en algunos artículos que ha escrito es que la transición energética justa necesita acceso a la información y participación. ¿Ve algo así en Colombia?
- El tema es que si no hay estrategia de transición energética clara a nivel nacional, tampoco va a existir un sistema de información relevante. Y es que no solo tiene que ver con acceso a la información, sino en facilitar su uso y brindar espacios en donde entre a debate. Es algo que, en general, no veo en Colombia. Sí, han convocado una pequeña comisión, tienen un Conpes, pero es algo muy limitante. 

- Algunos expertos consideran que la voluntad política es lo más importante para una transición energética justa. Pero, ¿qué acciones pueden demostrar que un gobierno tiene esa voluntad?
- Bueno, primero plantearía que la transición energética va a ocurrir tarde o temprano, sin importar la voluntad política. A nivel mundial ya hay un giro donde, por ejemplo, la demanda para vehículos eléctricos supera la oferta. Así que la voluntad política no es crítica para la transición. Pero que la transición sea rápida o lenta, organizada o caótica, justa o no, sí tiene que ver con la voluntad política. Sobre cómo medirla, creería que en Colombia el tema del carbón es lo primero.

MINERAS E HIDROCARBUROS, LA FUERZA QUE MUEVE AL PAÍS

El Colombiano

Las empresas colombianas dieron un salto con garrocha en 2021, al superar con creces los duros obstáculos que se les atravesaron un año atrás por la fuerte recesión que vivió el país, producto de la pandemia y las medidas sanitarias que se adoptaron para frenarla.

El informe sobre las 1.000 empresas más grandes del país reveló que los ingresos aumentaron 30,3% hasta 908 billones de pesos, superando ampliamente la caída de 7,6% en 2020, mientras que las utilidades crecieron 115%, y llegaron a 98 billones, reflejando la fortaleza y resiliencia del sector empresarial y cómo logró capotear la difícil coyuntura económica.

Otra de las cifras que llama la atención del informe de la Superintendencia de Sociedades es el valor de los activos, que llegó a 1.304 billones de pesos, más que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, que ascendió a 1.177 billones. Aunque el informe es una muestra de las mil empresas más grandes del país, hay cientos de miles de micro, pequeñas y medianas que también tuvieron un buen desempeño.

Es muy importante que el nuevo gobierno valore este dinamismo para que no se le vaya la mano con una reforma tributaria que castigue en exceso al sector privado, que es el motor económico y el que gran generador de empleo.

Si bien el presidente electo, Gustavo Petro, ha dicho que se necesitan millonarios recursos adicionales para financiar su plan de gastos y los programas de inversión social, sería un error que se pusiera un freno de mano a este buen desempeño.

La tarea del nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, será titánica y tendrá que ser un equilibrista para aumentar el recaudo sin darle un golpe a la inversión privada, más cuando las empresas lograron sortear la fuerte turbulencia gracias a una combinación de mayores ventas, por la reactivación de la economía, y las medidas adoptadas por el gobierno como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Si bien, en las primeras de cambio de Gustavo Petro, se han disipado temores sobre el manejo que le dará a la economía, incluso porque ha hablado de “desarrollar el capitalismo”, no deja de estar en el radar lo que ocurrió en Venezuela en donde con decisiones erradas fueron acabando con el aparato productivo.

Al mirar por sectores productivos las que más se destacaron por su crecimiento y por estar en los primeros lugares en el listado fueron las empresas de hidrocarburos y las mineras, que se beneficiaron con los altos precios de las materias primas como el petróleo y el carbón; y las del comercio, servicios públicos y sector salud, ante una mayor demanda que estaba represada.

La líder indiscutible y que no baja del pedestal del primer puesto es Ecopetrol, la compañía estatal dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos y que hoy está en el centro de atención por los planes que tiene el nuevo gobierno, de posicionarla en el sector de energías renovables no convencionales. Ecopetrol tiene cifras que se llevan por delante a todas las demás.

Los ingresos operacionales ascendieron a 85 billones de pesos, el doble frente a los resultados del 2020 y casi el 10% del total de ingresos de las 1.000 empresas más grandes del país. Las utilidades ascendieron a una cifra histórica de $16,6 billones de pesos. Por eso, es trascendental el manejo que le dé la nueva administración en la Casa de Nariño a esta ‘joya de la corona’.

En segundo lugar, en el listado de las empresas más grandes, esta la distribuidora de combustibles Terpel, de capital chileno; en tercer lugar, está la Refinería de Cartagena, que logró salir adelante y hoy se posiciona como una de las más importantes del Caribe; le siguen Claro, en el sector de telecomunicaciones, almacenes Éxito y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Hay que destacar la presencia de las compañías antioqueñas en este listado. EPM se mantiene como la empresa más grande del departamento por nivel de activos, seguida de almacenes Éxito, Grupo Argos y Grupo Nutresa. Antioquia, es después de la región Bogotá- Cundinamarca, el departamento con mayor número de empresas en el ranking de la Supersociedades, con 186.

El presidente Iván Duque le deja a Gustavo Petro un sector productivo que goza de muy buena salud. Que no es poca cosa. Después de este buen año, las empresas colombianas no la tendrán tan fácil, no solo por la carga tributaria que se avecina sino por los vientos de recesión que soplan en el mundo y por el aumento en las tasas de interés, que buscan desincentivar el consumo para frenar la elevada inflación.

De ahí, que sea necesario que el nuevo gobierno vea al sector privado como un gran aliado, que le ayudará a alcanzar sus objetivos. De lo contrario, no se puede esperar que la economía crezca a buen ritmo y que baje más el desempleo