JUAN CARLOS GUAJARDO *

La industria minera es el pilar de la economía chilena, contribuyendo significativamente a su crecimiento y estabilidad. Sin embargo, las dificultades de gestión del Estado en Chile se han convertido en un obstáculo para el desarrollo de este vital sector.

Problemas en las empresas estatales Codelco y Enami, la compleja cuestión del litio, indefiniciones en las fundiciones estatales y los retrasos en la aprobación de proyectos mineros, están generando un escenario de incertidumbre y limitando el crecimiento del sector. Justo cuando la oportunidad para aprovechar la riqueza minera es una de las mayores de la historia.

La gestión eficiente de las empresas estatales es esencial para el éxito continuo de la industria minera que en Chile descansa en la coexistencia virtuosa de empresas privadas y estatales. Sin embargo, en los casos de Codelco y Enami, sus altos niveles de endeudamiento son un síntoma de problemas profundos.

Codelco, se enfrenta a una encrucijada vital debido al desafío que le plantea un plan de inversiones que no solo se ha excedido en su presupuesto y plazos, sino que ahora también ofrece dudas sobre la viabilidad de los proyectos. Enami se enfrenta al desafío de la obsolescencia de su fundición Paipote pero con un nivel de deuda aún más alto que el que tenía cuando traspasó su fundición Ventanas a Codelco. El marco que el país ha definido para la gestión de sus empresas luce insuficiente e inadecuado.

El litio se ha convertido en un recurso de gran importancia debido a su papel en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Sin embargo, la gestión del desarrollo del litio ha sido problemático en Chile. La explotación y comercialización del litio han enfrentado obstáculos derivados de la falta de una estrategia clara para maximizar su valor, de lo cual profitan otros países, especialmente Australia y Argentina.

Los problemas de las fundiciones estatales tampoco se han abordado de la mejor forma ya que ante el aumento de los estándares ambientales se optó por soluciones de parche en vez de haber resuelto el problema de una vez con una inversión que abordara el problema de raíz, pudiéndose haber evitado así que se tenga que volver a invertir cada vez que se actualiza la norma ambiental.

La obtención de permisos y aprobaciones es un paso crítico para la implementación de proyectos mineros. Sin embargo, en Chile, los retrasos en este proceso son muy altos para las empresas y han generado incertidumbre en la inversión.

La burocracia, el sesgo ideológico anti-minería y la falta de claridad en los procedimientos han prolongado innecesariamente el tiempo requerido para llevar a cabo proyectos e instalan la incertidumbre, lo que afecta la capacidad del país para aprovechar oportunidades y mantenerse competitivo en el mercado global.

Todos estos casos convergen en un común denominador. Existe un deterioro en la capacidad de gestión del Estado que se arrastra de hace tiempo y que, por cierto, no afecta solo a la minería. El rezago en adoptar decisiones en materia portuaria es otro ejemplo, por citar solo uno.

No se trata solo de una pobre capacidad de implementación sino, peor aún, de la incapacidad de contar con una visión estratégica y por ende una mirada de largo plazo que guíe al país por un camino de prosperidad. Un sistema político que no es capaz de procesar los desafíos del país es ciertamente un grave problema para su avance.

Las dificultades de gestión del estado en Chile están impactando negativamente en el desarrollo de la industria minera. Para impulsar el desarrollo minero, es esencial abordar estas cuestiones de manera efectiva. De lo contrario, Chile seguirá perdiendo oportunidades inmejorables.

* Director ejecutivo Plusmining