La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que acompaña al presidente Gustavo Petro en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, habló en el stand de Colombia, en el Centro de Convenciones de Sharm El Sheij, en Egipto, sobre los contratos de exploración minera en el país.

Dijo que se inició una evaluación de los actuales contratos para la explotación de hidrocarburos y aseguró que el objetivo del actual gobierno es mejorar sustancialmente la gestión de los recursos producidos por esta actividad. También sostuvo que la administración de Petro “no va a salir desesperadamente a ampliar la frontera extractiva”.

“Sabemos al que hay 330 contratos, de los cuales 117 están en explotación y necesitamos saber cuál es su estado, es decir, qué están encontrando, qué cuellos de botella han tenido, cuáles son los recursos que más o menos están en prospectiva de esos contratos y en ese sentido que podríamos esperar en el momento que haya comercialidad de esos recursos y esperar si se pueden convertir en reservas viables”, agregó.

“Es decir, ese estudio nos permitirá saber en qué estamos en recursos y reservas, nos permitirá también saber si por ejemplo las nuevas tecnologías, con las cuales tenemos mucha expectativa, pueden ampliar la productividad sin que se necesiten nuevas áreas”, continuó. 

“Estamos hablando por ejemplo del recubro mejorado, tecnología ya disponible en Colombia, se ha usado relativamente poco y en caso de ser más intensivos con esa tecnología en las mismas áreas podríamos mejorar la productividad. (...) Para nosotros es mucho más importante mejorar en la gestión de hidrocarburos, que salir desesperadamente a ampliar la frontera extractiva, ese es el principio con el que estamos actuando”, sentenció.

Por su parte, Gustavo Petro dijo que "el problema central de la crisis climática es que puede extinguir a la humanidad, estamos hablando de un tema de vida o muerte de la especie (...) si es así, no hay otra salida que acabar con la causa de la crisis climática que es acabar el consumo de petróleo, carbón e hidrocarburos. Ese es el punto central".

Es de destacar que antes de hablar ante la comunidad de líderes mundiales, el presidente aseguró que entregaría, en su discurso, diez propuestas para superar cambio climático. 

“Se trata de si la humanidad puede existir en el planeta o si definitivamente vamos por el camino de la extinción de la vida y depende de las decisiones que se toman en este tipo de eventos”, destacó el mandatario.

A las declaraciones de Petro se ha sumado la intervención de la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez. “No es posible hablar de cambio climático sin mencionar que sus efectos son mayores sobre las poblaciones históricamente excluidas y empobrecidas”, expresó.

“Ahora me dirijo a la COP27: la reunión de todo(a)s los presidentes del mundo para tonar medidas frente al peor problema de la humanidad y el que puede acabar con ella: el cambio climático producido por la economía fósil”, dijo, por el otro lado, el jefe de Estado.

Días atrás, ambientalistas celebraron la decisión de Gustavo Petro de sancionar el Acuerdo de Escazú, el que permite fortalecer la protección a defensores ambientales y sus luchas. “Esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”, señaló la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

“Esta es una ley vital para la ciudadanía de Colombia y lo hemos hecho en un trabajo conjunto entre el Congreso, el Gobierno y la ciudadanía. El cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años y es la ratificación del Acuerdo de Escazú”, resaltó Muhamad.

En total, son cinco las acciones a corto plazo que plantea el Gobierno Nacional: generar políticas de manejo de información ambiental; desarrollar la estrategia de acompañamiento a defensores ambientales; ampliar la participación ciudadana en las decisiones ambientales; apoyar a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas; y permitir el funcionamiento de un sistema de información sobre conflictividad socioambiental.