Un estudio elaborado por la ACP planteó dos escenarios posibles para el sector y las posibles consecuencias económicas de cada uno
ALEJANDRA RICO MUÑOZ
La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) realizó un documento en el cual desarrolla el panorama actual del sector y plantea dos posibles panoramas para su futuro.
La industria actualmente está compuesta por más de 500 empresas entre operadoras y contratistas de bienes y servicios, estas tienen presencia en al menos 97 municipios y 19 departamentos con actividades de explotación y producción, generando 95.000 empleos.
Para el informe la Asociación propuso dos escenarios: ‘Futuro A’, sostenimiento de la exploración y producción de petróleo y gas y, ‘Futuro B’, debilitamiento de la exploración y producción de petróleo y gas.
En el A, aseguró la entidad, que el país podría mantener el autoabastecimiento energético de petróleo y gas por lo menos una década más. Añadieron que Colombia podría seguir exportando petróleo y, de esta manera, seguir apoyando el equilibrio comercial y cambiario del país.
“Incentivaría $84 billones en inversiones del sector durante el próximo Gobierno Nacional y $172 billones hasta 2032”, consolidaron en el documento. Además de generar ingresos por $105 billones al próximo Gobierno y $227 billones hasta 2032.
En el ‘Futuro B’, uno en el que se debilitaría la política energética, plantearon un desplome de producción, aseguraron que en cinco años caería 47% la de petróleo y 27% la de gas. Debido a esta disminución la autosuficiencia energética se vería en riesgo, lo que provocaría que el país tuviera que empezar a importar gas a partir del 2026 y petróleo desde 2028.
Como consecuencia de la baja producción anticiparon una pérdida de $18 billones de aportes fiscales y regalías de las empresas E&P a la Nación y las regiones. Razón por la cual se desfinanciarían programas gubernamentales para la superación de la pobreza, el desarrollo socioeconómico regional, la transformación productiva y energética del país.
Asimismo, la reducción de inversiones por $21 billones y, como consecuencia, añadieron que afectaría el empleo y las oportunidades de contratación de bienes y servicios en las regiones. Este estudio está basado en los proyectos ya aprobados para el desarrollo de recursos descubiertos. Aseguraron que se perforarían los pozos exploratorios provenientes de obligaciones contractuales asumidas por las empresas ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
En cuanto a la proyección de inversión explicaron que esta caída, además de efectos en la producción y exportaciones, repercute en las dinámicas socioeconómicas de los departamentos con presencia de la industria por menor contratación de bienes y servicios y pérdida de ingresos municipales.
En cuanto a los impactos en la seguridad energética y la balanza comercial, añadieron que, en el ‘Futuro B’, el país estaría en una posición vulnerable ante las tensiones internacionales debido a que dependería de las importaciones de petróleo y gas.
Finalizaron proponiendo una hoja de ruta con estrategias y medidas de políticas públicas, entre ellas mencionan la reactivación de la exploración y producción para las reservas de petróleo y gas, el incentivo de medidas de eficiencia en los trámites ambientales y el fortalecimiento en el relacionamiento territorial.
¿QUÉ REPRESENTARÍA DEJAR DE PRODUCIR?
“Esta es una industria que depende de las decisiones cuando hay un anuncio de que se puede marchitar la exploración puede caer rápidamente”, aseguró Julio César Vera, presidente de la Fundación XUA Energy y añadió que es un escenario crítico que puede materializarse.
Acerca del gas, explicó que importarlo significaría el aumento hasta por cuatro veces la factura y en el escenario del petróleo, contemplando el panorama más crítico, significaría que el país tendría que invertir US$ 100.000 millones anuales para poder importarlo y poder cargar las refinerías.
