LUCIANA FLORES

El sector minero se mantendrá conservador en el 2022, a causa de las propuestas para modificar el régimen tributario del Ejecutivo y de los conflictos sociales en el Corredor Minero del Sur.

Paradójicamente, los altos precios de los principales metales de exportación permitirán que la recaudación fiscal proveniente del sector minero rompa récords.

“El planteamiento de las facultades no es oportuno, sobre todo porque las modificaciones que se hicieron en el 2011 están funcionando. La competitividad del sector no se reduce al tema tributario sino también a la estabilidad que se percibe de parte del gobierno”, señala Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas.

La última vez que se modificó el esquema tributario del sector fue para crear el Impuesto Especial a la Minería (IEM), el Gravamen Especial a la Minería (GEM) y las regalías mineras, durante el gobierno de Ollanta Humala.

Sin embargo, “los cambios fueron producto de una negociación entre el Ejecutivo y el sector privado. Cuando se llegó a un consenso, se trabajó una propuesta que fue presentada y aprobada por el Congreso. Ahora lo quieren hacer al revés”, señala Víctor Gobitz, CEO de Antamina y presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Las regalías y el IEM tienen una escala creciente, precisamente para que esté acorde a los beneficios que genera la compañía, mientras que el GEM solo aplica para las empresas con convenios de estabilidad tributaria”, explica Carlos Gálvez, director y expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

El pedido de facultades legislativas del gobierno busca incrementar el porcentaje mínimo de las regalías mineras, que actualmente asciende al 1% de las ventas; incrementar las tasas de las regalías y del IEM para los tramos más altos de utilidad operativa; revisar la deducibilidad del impuesto a la renta de las regalías, IEM y GEM “a fin de evitar deducciones cruzadas en la tributación minera”; y modificar los beneficios que ofrecen los contratos de garantías como la depreciación acelerada.

Además, propone uniformizar el costo por el acceso a la estabilidad que prevén los convenios de estabilidad jurídica. Actualmente, seis operaciones mineras tienen estos convenios: Toromocho, Constancia, Antapaccay, Cerro Verde, Las Bambas y Quellaveco.

La Comisión de Economía del Congreso incluyó en su predictamen de delegación de facultades todas las medidas antes señaladas, mientras que la Comisión de Constitución solo incluye la última medida vinculada a los convenios de estabilidad, acotando que esta no implique un aumento de la tasa aplicable de dos puntos porcentuales adicionales al Impuesto a la Renta que actualmente se aplica al sector minero.

Ambas comisiones sesionarán de forma conjunta esta semana; sus propuestas están pendientes de debate y aprobación en el Pleno.

En ese sentido, el gobierno tendrá poco margen para incrementar las tasas sin afectar la competitividad minera, dado que la carga tributaria del sector en el Perú ya está por encima del promedio de la región, según el Instituto Peruano de Economía.

Si bien la manera en la que están planteadas las facultades legislativas le da un amplio margen de acción al Ejecutivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que asesora al MEF en esta materia, recomienda aumentar “moderadamente” la carga fiscal, no “considera apropiado modificar la base imponible sobre la que se aplica la regalía minera y el IEM”, y sostiene que “los cambios al régimen fiscal deben concentrarse en modificar los parámetros de la Regalía y el IEM, tomando en cuenta el aumento en la carga fiscal por el aumento en el impuesto a la renta a los dividendos”.

De aprobarse en el Pleno y si los decretos salen en enero o febrero del 2022, las modificaciones empezarían a regir en el 2T22, ya que la tributación minera es de periodicidad trimestral. “En el 2011 se aprobó en septiembre y para el cuarto trimestre ya estaba vigente”, recuerda Marcial García, socio de impuestos de EY Perú.

Si se aplican las medidas propuestas, las empresas más perjudicadas serían aquellas en los extremos de la distribución de margen de utilidades, dado que se elevaría el porcentaje mínimo de regalías mineras y los porcentajes correspondientes a los tramos más altos.

En medio de conflictos

La reforma tributaria se plantea en medio de un clima de aguda conflictividad social relacionada a la minería, que ya está causando paralizaciones y postergaciones. De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, existen 18 conflictos socioambientales en el Corredor Minero del Sur.

Recientemente, MMG Las Bambas comunicó la paralización de sus operaciones a partir del 15 de diciembre después de una serie de negociaciones infructuosas para levantar el bloqueo de carreteras realizado por la comunidad de Chumbivilcas. Asimismo, proyectos como Los Chancas (US$2600 millones), Zafranal (US$1263 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$2,250 millones) vienen postergando la fecha de inicio de sus construcciones.

“Esperamos que las compañías sigan manteniendo un perfil de disciplina financiera y desinversión, lo cual se ha visto reflejado en la distribución de dividendos”, sostiene Diego Cavero, jefe de análisis de emisores de Intéligo SAB.

Aún así, factores externos como la tendencia hacia la transición energética y los paquetes de recuperación económica de Norteamérica, Europa y China mantendrán alta la demanda por los principales metales, sobre todo el cobre. Esto será suficiente para mantener inversiones, pero probablemente no para atraer nuevas.