La empresa minera Nexa Resources informó que su mina subterránea Cerro Lindo, en Ica, suspenderá sus operaciones debido a casi una semana de bloqueos ilegales de las vías de acceso por un grupo de personas.

La empresa señaló que las personas que vienen restringiendo el libre tránsito de las vías pertenecen a asociaciones que no cuentan con el apoyo ni representatividad de la comunidad campesina de Chavín, por lo que no tienen ninguna facultad para negociar los acuerdos que Nexa mantiene con la población.

Además, afirmó que “esta acción arbitraria e ilegal” afecta, hasta el momento, a cerca de 2,000 trabajadores que se ven impedidos de regresar a sus hogares tras terminar su jornada laboral.

“Este bloqueo ilegal viene también impidiendo el abastecimiento de suministros, incluyendo productos básicos de primera necesidad como alimentos, así como insumos críticos para garantizar la salud y seguridad de nuestro personal”, indicó la minera.

También aseguró que se está viendo afectada la sostenibilidad ambiental y operativa de la minera, lo que ha generado una reducción progresiva del ritmo de producción hasta llegar a su total paralización.

La empresa aclaró que viene dialogando y cumpliendo con los compromisos y plazos priorizados por la directiva de la comunidad campesina de Chavín con respecto a iniciativas sociales y productivas.

Podría afectar al canon minero

Ante esta situación, Nexa indicó que podrían verse comprometidas futuras inversiones en el Perú y la recaudación del canon minero.

En los últimos tres años, la presencia de Nexa ha aportado con un estimado de más de US$ 100 millones a la economía de la región, entre la contratación de trabajadores y proveedores locales, la inversión en proyectos e iniciativas sociales y la recaudación del canon y regalías.

“La continuidad de esta situación de conflicto e inestabilidad para operar puede comprometer futuras inversiones de Nexa en Perú, afectando la recaudación del canon minero y perjudicando también los más de 8.500 puestos de trabajo directos (propios y terceros) que la empresa genera actualmente en el país”, refirió en su misiva.

Añadió que en caso se mantenga el bloqueo podría verse afectado el abastecimiento de la refinería de Cajamarquilla, en Lima, que es el mayor proveedor de zinc metálico para la industria peruana.

En esa línea, el consorcio minera hizo un llamado a las máximas autoridades del gobierno y al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a plantear una solución inmediata al bloqueo ilegal, e insta también a las autoridades competentes a que reestablezcan el orden público y la seguridad en la zona.

Según el 29° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, se registran actualmente 198 conflictos de los cuales 142 están activos y siete son nuevos. En una conferencia, se destacó que el principal problema es la falta de institucionalidad ambiental y la poca eficiencia de los mecanismos de diálogo.

Al cierre del segundo semestre del año, el número de conflictos sociales vinculados a la actividad minera en el país ha mostrado una moderada tendencia de incremento y se ubica muy por debajo de los picos de conflictividad registrados en años como el 2009 y el 2014. Así lo revela el 29° reporte del segundo semestre del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, elaborado por CooperAcción, Fedepaz y Grufides.

De estos 198 conflictos, 142 se categorizan como activos y siete de ellos han sido registrados como casos nuevos. Ana Leyva, abogada de CooperAcción, explicó que dichos conflictos se registran en zonas donde el actual Gobierno tuvo un alto respaldo electoral.

“Los picos de conflictividad durante los Gobiernos de los ex presidentes Ollanta Humala y Alan García no se han vuelto a manifestar. Existe una tendencia de crecimiento, pero moderada”, comentó.

En total, en esta zona surandina, donde Castillo obtuvo votaciones que superaron el 90 % en algunos distritos, hay 42 conflictos socioambientales, en su mayoría de larga data y relacionados con la actividad minera.

Según el OCM, la tendencia de crecimiento moderado de las protestas mineras registrada en el segundo semestre de este año responde, principalmente, a las mayores expectativas de las comunidades vecinas a los yacimientos ante el alza del precio de los minerales y ante un Gobierno "que sienten como suyo y que esperan que resuelva las demandas pendientes".

"El flamante presidente simboliza todo aquello a lo que el Perú oficial le había dado la espalda en 200 años de vida republicana", se lee en el reporte, que destaca, sin embargo, que el número de conflictos es menor en comparación a otros periodos que coincidieron con el inicio de un nuevo gobierno, como fue el caso de los expresidentes Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

"Los picos de anteriores gobiernos no se han dado (...). Existe un crecimiento moderado, pero no es que se hayan disparado los conflictos", declaró a Efe Ana Leyva, vocera de CooperAcción, quien insistió en la necesidad de que haya un fortalecimiento de la institucionalidad por parte de la administración de Castillo.

"La gente protesta porque no hay canales que permitan que sus demandas sean atendidas (...), pero lo importante y ojalá sea así es que parece que ese Gobierno tiene ese interés de escuchar a la gente", agregó Leyva.

En ese mismo sentido se expresó a Efe Giselle Huamaní, de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien subrayó que el actual Ejecutivo tiene un "enfoque nuevo" no solo centrado en la prevención de conflictos sino también en la "priorización del diálogo", dejando de lado la represión y la estigmatización de las protestas ciudadanas.

Pero la criminalización de la protesta social se ha mantenido casi intacta a los ojos de David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), quien recordó las decenas de detenciones y seis órdenes de prisión provisional dictadas con participantes en las manifestaciones de fines de octubre pasado contra la mina Antamina, en la región norandina de Áncash.

"Los operadores de Justicia atribuyen a quienes dirigen las protestas una supuesta actividad delictiva como si fuesen organizaciones criminales. Hay un contrasentido y un actuar equivocado del Estado", aseveró Velasco, que criticó también la falta de voluntad de las empresas "para buscar soluciones de diálogo".

Leyva también comentó que, en su mayoría, estos conflictos son de convivencia más que de oposición a las empresas mineras. Asimismo, se encuentran más ubicados en las regiones de la Macro Norte y Macro Región Sur. Sin embargo, es en esta última macro región donde los conflictos son de mayor intensidad.

“En la Macro Norte y Macro Centro, los conflictos son de baja intensidad frente a la Macro Sur. En esta zona hay una mayor necesidad por darle atención desde la agenda pública. Sin embargo, en todas las zonas encontramos conflictos de larga data, que tienen años sin resolverse pese a tener mesas de diálogo”, aseveró y agregó que resulta necesario mejorar la institucionalidad de estos mecanismos para lograr soluciones.

Leyva se refirió al caso de la minera MMG Las Bambas, empresa de capitales chinos que anunció una posible paralización de su producción por las protestas y continuos cortes de la carretera en las provincias de Chumbivilcas y Cotabambas. “El conflicto empieza cuando se hacen las modificaciones del EIA (estudio de impacto ambiental) y se cambia el mineroducto, que era un medio de transporte de alta tecnología, por una carretera que no reunía las condiciones mínimas”, explicó. “Allí hay una responsabilidad del ente evaluador, y desde ahí se arrastra ese problema. Además, no se estableció zona de influencia ni se determinaron impactos o medidas de mitigación. Allí el sistema ha fallado”, agregó.

Por su parte Giselle Huamaní, secretaria de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien participó en la mesa de presentación, señaló que “el manejo de los conflictos y los acuerdos a los que se llegan debe ser una tarea de todos los actores y de todos los niveles de Gobierno. Es un trabajo delicado, crear buena voluntad, animar y promover a la gente de que a pesar de las dificultades que hemos mencionado, podamos seguir apostando por el diálogo”, señaló.

Desde el sector público, Huamaní aclaró que el enfoque del actual Gobierno es el de estar presente con la población y fomentar el diálogo sin utilizar la represión. “Hay una variable más importante que la debilidad institucional y son las expectativas y la insuficiente comunicación del sector público. Coincidimos en varias de estas causas, pero también hay otra variable que es el enfoque de las instituciones para atender los conflictos. Con un gobierno represivo, se polariza aún más la conflictividad”, agregó.

A su turno, David Velazco, director de Fedepaz, recordó que en los últimos años se ha priorizado las soluciones de fuerza, así como la criminalización de la protesta mediante el derecho penal para abrir procesos penales a miembros de las comunidades.

“Aún no hay una clara política para abordar la problemática de criminalización de la protesta social. No observamos voluntad del Ejecutivo, ni del Ministerio Público. A fines de octubre, en la localidad de Huarmey, durante las protestas de los campesinos contra un proyecto minero, se le abrió proceso a 58 personas que reclamaban contra la contaminación. Es más, se ordenó la prisión preventiva de seis personas que pasaron detenidas casi un mes”, explicó.