El súbito corte del suministro del gas a Chile en el 2004, para reorientarlo al mercado interno, todavía estaba presente. Invitado hace unos días por la Cámara Argentina-Chilena para volver a exponer sobre el tema, y, con el antecedente de la experiencia anterior, me propuse persuadir a la audiencia -mayormente de empresarios mineros- que esta vez va a ser diferente.

No porque de la noche a la mañana se haya restablecido la confianza, ni porque la Argentina haya superado el prontuario de inseguridad jurídica que arrastra (eso lleva tiempo y ejemplos concretos), sino porque ahora hay hechos nuevos conducentes a hacer manifiestas las ventajas mutuas de una integración energética regional del Cono Sur.

Primero, porque Vaca Muerta ya no es una promesa, es una realidad. De los 170 mil millones de boe (barriles de petróleo equivalente) de recursos técnicamente recuperables no convencionales evaluados, 143 mil son de gas, y 27 mil millones de petróleo. Vaca Muerta tiene 70.000 millones (boe), de los cuales 16.800 son de petróleo y la mayor parte de gas.

Con los actuales precios de referencia internacional hay más renta en la explotación de petróleo que en la de gas natural, pero para explotar 1/1.2 millones de barriles día de petróleo hay que buscar destino al gas asociado. La región es el destino más próximo, y, si ese destino ya cuenta con interconexiones, tanto mejor.

Segundo, porque ni Chile ni los otros consumidores de gas de la región son ahora consumidores cautivos del gas argentino. Chile tiene operativas plantas de GNL en Quintero y Talcahuano, y está haciendo la transición energética para aprovechar más recursos naturales propios. En una región con opciones de suministro las transacciones se negocian con criterios económicos, y los argumentos políticos de asistencia recíproca o cooperativa pasan a segundo plano.

Por razones económicas ha vuelto a estar operativo el Oleoducto Trasandino y se han reanudado exportaciones interrumpibles de gas argentino en el período septiembre-mayo. Todo lo que puede potenciarse en un mercado más integrado con exportaciones firmes y de largo plazo.

Tercero, porque la Ley de Bases, de reciente sanción, establece definiciones relevantes para el rumbo de la política energética futura que favorecen la conformación de mercados regionales de energía. Por un lado, el principio de maximización de renta económica ha desplazado como objetivo de política petrolera el principio del autoabastecimiento interno (que fue invocado para cortar el gas el gas a Chile en el 2004).

Por otro lado, la ley restablece la internacionalización del mercado de hidrocarburos de la Argentina, con libre importación/exportación de crudo y productos asumiendo precios de referencia internacional, y libre importación/exportación de gas natural, con plazos de aprobación ficta de 120 días en las exportaciones de GNL a falta de pronunciamiento de la autoridad de aplicación. Son todas señales claras para explorar las nuevas oportunidades de negocio que ofrece el mercado regional.

Pero, por último, y no menos importante, porque la integración provee seguridad energética. El suministro energético de todo país está sujeto a tres condiciones: debe ser sustentable (en consideración al impacto sobre el medio ambiente); debe ser accesible (en consideración a sus costos y facilidades de acceso al universo consumidor); y debe ser seguro (en consideración a la confiabilidad de la fuente de abastecimiento).

Muchos especialistas ven en estas tres condiciones objetivos convergentes. Otros los analizamos como objetivos en tensión, como un trilema.

En esta visión, siempre hay una combinación de dos objetivos para superar el trilema. Y en el contexto geopolítico actual, con globalización regionalizada, la seguridad energética ha vuelto a estar en el tope de la agenda, convergiendo con la sustentabilidad o con la accesibilidad, según el país, la región, y el proceso de transición dominante.