DANIEL MONTAMAT * 

El último índice de referencia de los precios de la canasta energética argentina respecto a una canasta de referencia internacional y regional (IMPE) publicado en junio en el Informe de Precios de Montamat & Asociados fue de 0.56.

Esto significa que si la canasta energética de referencia comparada (petróleo y derivados, gas natural, electricidad) cuesta un dólar hipotético, entre nosotros el costo promedio es de 56 centavos.

Los 0.44 centavos de diferencia reflejan la disparidad de los precios domésticos respecto al alineamiento con los precios de la región y del mundo. La distorsión es menos significativa en petróleo y derivados (nafta y gasoil), los más transables, y es más relevante en gas y electricidad (menos transables).

Es deseable, y entre nosotros posible, tener una canasta de productos energéticos más barata (para las familias y las empresas) siempre que los productos estén recuperando costos económicos, los subsidios a ciertos consumos sean explícitos, y los costos domésticos se reduzcan por competencia y desarrollo del potencial con mayores inversiones.

Cuando la canasta es barata por razones políticas, precios intervenidos, y discreción cortoplacista, genera un festival de subsidios que se financia con emisión inflacionaria, aborta proyectos de inversión en capital fijo, y nos condena con el tiempo a depender de energía importada y más cara.

La infraestructura de transporte, energía y telecomunicaciones tiene altos costos fijos de capital. Mientras existe capacidad en el sistema, el costo de proveer unidades adicionales es bajo en relación al costo total.

El problema viene cuando las redes se saturan o la capacidad de la infraestructura llega a su límite y hay que hacer frente a nuevos y altos costos fijos. El problema también viene cuando declina la producción y se agotan las reservas, o la generación disponible para responder a los picos de demanda del sistema eléctrico no alcanza y aumentan los cortes. ¿Quién hace las inversiones en estos bienes de capital durable?; ¿cómo se financian y a qué costo?; y ¿quién paga estas obras?

El economista John Hicks enfatizaba que cuando un emprendedor invierte en capital fijo, “entrega rehenes al futuro”. La inversión en infraestructura energética hunde el capital, porque en general no hay usos alternativos para los bienes de capital fijo. Los populistas son conscientes que el petrolero argentino no puede relocalizar yacimientos para explotarlos en Uruguay o desenterrar caños y llevarlos a otra geografía.

También sabe que mientras exista capacidad en el sistema, el costo de producir una unidad adicional es muy bajo. Sabe que tiene rehenes con precios y tarifas que puede manipular en el corto plazo, subestimando los impactos futuros.

Pero cuando hay que ampliar la infraestructura o hacer nueva infraestructura, los inversionistas que hundieron capital y son rehenes, no sólo piensan en lo que la obra cuesta, sino en el tiempo en el que deberán ser nuevos rehenes del recupero de la inversión. Como ya “se quemaron con leche” varias veces, o desisten de invertir, o descuentan la inversión con tasas altas para acelerar el período de recupero. Las altas tasas de descuento encarecen los costos del proyecto, restringen financiamiento, y, por ende, complican el repago del capital invertido.

Si las tarifas de los servicios resultantes son caras para el presupuesto promedio, la obra no se hace, o la tiene que hacer el estado con impuestos o emisión inflacionaria que también paga la gente. Pero con inversión pública, ni se desarrolla Vaca Muerta, ni habrá nueva inversión en generación, ni nuevos tendidos eléctricos, ni nuevos gasoductos. Dependemos de la inversión privada, nacional e internacional.

Esto es lo que el populismo se resiste a asumir, y no se compensa con leyes especiales.

La devaluación del 14 de agosto, fuera de contexto de un plan, alejó más a la canasta de precios de la energía argentina de sus costos económicos. La secuencia del traslado a precios y tarifas de la nueva cotización del dólar debía ser parte de un programa serio de estabilización.

Pero de nuevo, el síndrome de Estocolmo, y un acuerdo impuesto por el ministro-candidato a productores y refinadores de más “barril criollo” (un barril más bajo de alrededor de 56 dólares) para que los precios de los combustibles suban sólo el12,5% y queden congelados, como el dólar oficial, hasta el próximo turno electoral en medio de un proceso de inflación descontrolada. Maldita herencia para el nuevo gobierno y para quienes proyectan, en planillas de Excel, los saldos exportables del desarrollo intensivo de Vaca Muerta.

* Ex secretario de Energía y ex presidente de YPF