DANIEL MONTAMAT *
El punto 6 del llamado “pacto de Mayo” propuesto por el Gobierno nacional promueve: “Un compromiso de las Provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país”.
En principio su formulación parecería una expresión de deseos de sentido común. Pero su apelación no es tan obvia cuando se indaga en las restricciones que muchas legislaciones provinciales han impuesto al desarrollo de los recursos naturales en sus territorios en virtud del dominio originario (art. 124 de la Reforma del 94).
La principal veda recae sobre la actividad minera, y en muchos casos obedece más a razones ideológicas que a fundamentos técnicos ambientales o de rechazo social. Ya en el libro Minería y Desarrollo (2015) criticamos los planteos ecológicos disyuntivos -minería o desarrollo- que iban en contra de los propios intereses económicos provinciales (inversiones, infraestructura, empleo), e incluso en contra de las demandas ambientales para mutar del paradigma fósil.
Si el mundo requiere una descarbonización acelerada para alcanzar emisiones neutras de CO2 en el 2050, de acuerdo con un reciente informe elaborado por el Energy Transitions Commitee (un think tank especializado en crecimiento y cambio climático), necesitará 6.5 mil millones de toneladas extra de minerales desde este año hasta el 2050, y no solo de litio, cobalto y níquel –los más ligados a la producción de baterías-, sino también de acero, cobre y aluminio.
La complementación minera y energética en la hoja de ruta de las transiciones ya está fuera de discusión en el mundo, pero en la Argentina prevalecen los prejuicios de algunos objetores de conciencia ecológica. Así, cuando en algunas provincias la política acordó liberar restricciones para avanzar en la explotación de los recursos mineros, la visión sesgada de un ambientalismo excluyente se arrogó la representación de la licencia social y movilizó la opinión pública para paralizar las reformas.
Sucedió en Mendoza en diciembre de 2019, y se repitió en Chubut en diciembre del 2021. Ambos gobiernos quisieron destrabar el acceso de nuevas inversiones al potencial minero de sus respectivas provincias. Ambos modificaron normativa vigente con leyes que fueron aprobadas en las cámaras con votos oficialistas y de otras fuerzas opositoras.
En Mendoza se reformó la ley 7722 (que protege los recursos hídricos de la provincia) permitiendo el uso de ciertas sustancias químicas que utiliza la megaminería mediante el dictado de la ley 9209.
En Chubut la ley 128 de diversificación productiva de la meseta, habilitó la zonificación en los departamentos Telsen y Gastre para la explotación minera sin derogar la ley madre que rige las restricciones generales a la actividad (Ley 5001).
En ambas provincias se movilizaron intereses particulares en contra de los nuevos marcos normativos (lo que es entendible), y, a su vez, grupos radicalizados promovieron hechos violentos (lo que es inadmisible).
En Mendoza la nueva norma no se reglamentó y luego fue derogada. En Chubut también se dio marcha atrás. Malos precedentes que hay que superar para avanzar en la explotación.
La explotación de hidrocarburos, incluido el fracking en el desarrollo de shale gas y shale oil, cuenta con mayor licencia social, pero hubo también intentos de frenar la actividad off shore de exploración en el mar argentino a 312 km de las costas de Mar del Plata (jurisdicción nacional). La justicia terminó autorizando las tareas. Están pendientes los resultados del primer pozo exploratorio Argerich que lleva delante el consorcio entre YPF, Equinor y Shell.
El compromiso que persigue el Pacto de Mayo entre las Provincias y el Gobierno Nacional debe pues, en primer lugar, establecer acuerdos básicos para que los recursos naturales de las respectivas jurisdicciones dejen de dormir el sueño de los tiempos, formulando una convocatoria amplia a inversores nacionales e internacionales para su puesta en valor. Por supuesto, respetando normas ambientales y con la debida licencia social de las comunidades involucradas.
En segundo lugar, la explotación de los recursos naturales puede contribuir a reforzar el punto 2 y 5 del Pacto propuesto. El equilibrio fiscal sostenible y la sanción de una nueva ley de coparticipación (postergada hace 30 años), tendrán más posibilidades si, eliminadas las retenciones a las exportaciones, con parte de la renta apropiada por el gobierno nacional y las provincias en un desarrollo intensivo de los recursos naturales se constituye un fondo soberano intergeneracional. Blindada su capitalización de los vaivenes políticos, también contribuirá a apuntalar un dólar competitivo en una estrategia de valor agregado exportable.
* Ex secretario de Energía y ex presidente de YPF
