Según la OCDE la mitad de la población está satisfecha con los servicios de salud y educación pero la gran mayoría muy insatisfecha con la Justicia
ANAHÍ ABELEDO
La satisfacción con los servicios públicos en Chile está por debajo de los promedios de ALC y la OCDE, especialmente respecto a la Justicia. Sin embargo el país supera a sus vecinos en cuanto a transparencia de gobierno y en presupuestos verdes, entre otros ítems. También el país se destaca por tener superávit fiscal, algo raro en la región y en tener una deuda pública menor que el promedio.
Aproximadamente la mitad de la población de Chile está satisfecha con el sistema educativo (51%), una proporción menor que los promedios de ALC (66%) y la OCDE (67%), de acuerdo al informe de la OCDE "Un vistazo al gobierno: América Latina y el Caribe".
El estado promueve ciclovías en todo el país. Chile supera a la región en presupuestos verdes
El sistema de salud tiene una tasa de satisfacción del 39%, que está por debajo del promedio de ALC (53%) en 14 puntos porcentuales (pp) y del promedio de la OCDE (68%) en 29 pp.
Sólo el 28% de los chilenos están satisfechos con el sistema judicial, una proporción sustancialmente inferior al promedio de ALC del 38%.
Satisfacción con los servicios públicos, 2022
INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Los mecanismos de presupuestación verde incluyen acuerdos institucionales para evaluar los impactos ambientales de las políticas presupuestarias y fiscales, métodos para evaluar su coherencia, mecanismos para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, y un entorno propicio para la presupuestación verde.
Sólo unos pocos países de ALC han adoptado mecanismos de presupuestación verde y su implementación podría ser más efectiva.
Chile, uno de los pocos países con mecanismos presupuestarios verdes, tiene un desempeño cercano al promedio de ALC . Tiene una puntuación de 0,37, en una escala de 0 a 1, en comparación con 0,39 (ALC) y 0,49 (OCDE).
Los acuerdos institucionales de Chile (0,15), así como la rendición de cuentas y la transparencia (0,07) están por encima del promedio de ALC (0,12 y 0,05, respectivamente, de un valor máximo de 0,25) y muy similares al promedio de los países de la OCDE (0,15 y 0,08, respectivamente).
Hay margen de mejora, especialmente en la dimensión de entorno propicio, que obtiene una puntuación de 0,06, en comparación con 0,14 en promedio, tanto en los países de ALC como en los de la OCDE.
Índice de Presupuesto Verde de la OCDE, 2022
La contratación pública (la compra de bienes, servicios y obras por parte de gobiernos y empresas estatales) promedió el 17,4% del gasto gubernamental total en los países de América Latina y el Caribe en 2021.
PARTICIPACIÓN DE LAS PYMES EN CONTRATACIONES
Chile ha desarrollado una estrategia a nivel central de gobierno para promover la contratación pública verde, la conducta empresarial responsable y buscar la participación de las PYMES en los procesos de contratación pública .
En comparación, 14 de 19 países de ALC encuestados tienen una estrategia de gobierno central para promover la participación de las PYMES en la contratación pública, 9 países para la contratación pública verde y 7 para la conducta empresarial responsable.
Contratación pública estratégica a nivel central para lograr la sostenibilidad y la inclusión, 2022
Chile se desempeña por debajo del promedio de ALC en el índice iREG en cuanto a participación de las partes interesadas en el desarrollo de regulaciones subordinadas.
El puntaje total de Chile de 1,29, en una escala de 0 a 4, está por debajo de los promedios de ALC (1,85) y de la OCDE (2,14). Su puntuación más alta se da en adopción sistemática (0,47 sobre una puntuación máxima de 1).
Tanto en metodología como en transparencia Chile obtiene una puntuación de 0,41. Hay margen de mejora en todas las dimensiones, particularmente en la dimensión de participación de las partes interesadas , supervisión y control de calidad, donde Chile obtiene una puntuación de 0.
iREG sobre la participación de las partes interesadas en el desarrollo de regulaciones subordinadas, 2022
Una fuerza laboral diversa en el sector público es esencial para promover la representación y la inclusión de grupos vulnerables y subrepresentados. Fortalece el desempeño del gobierno al impulsar la innovación y contribuir a servicios públicos personalizados para satisfacer las necesidades de la comunidad. Los gobiernos pueden utilizar políticas y objetivos para reclutar y retener a grupos subrepresentados en la fuerza laboral.
Chile ha fijado objetivos específicos para todo el gobierno central para la inclusión de personas con discapacidad en la fuerza laboral pública. Carece de políticas u objetivos para los pueblos indígenas .
No hay datos disponibles para profesionales jóvenes. Entre los 15 países de ALC encuestados, 10 tienen objetivos para personas con discapacidad, 4 tienen objetivos para jóvenes profesionales y pueblos indígenas.
Políticas y objetivos para mejorar la representación de grupos específicos en la administración central/federal, 2022
LA TRANSPARENCIA EN EL LOBBY
Para que las regulaciones sobre lobby sean efectivas, los gobiernos deben supervisar su cumplimiento e imponer sanciones cuando se produzcan infracciones. A partir de 2022, tres de los seis países de ALC encuestados (50%) regulan el lobby definiendo sus actividades y actores. Sin embargo, la mayoría de los países de ALC carecen de instituciones y marcos para supervisar las prácticas de lobby y no investigan las infracciones.
Chile define las actividades de lobby en su marco regulatorio, incluyendo qué actores se consideran lobistas. Entre los seis países de ALC encuestados, Chile se destaca como el único país de ALC con un organismo encargado de supervisar la transparencia de las actividades de lobby. Además, es el único país encuestado de la región que realizó investigaciones sobre incumplimiento de la normativa de lobby durante el último año calendario.
Regulaciones, supervisión y sanciones sobre lobby, 2022
USO Y GESTIÓN EN RECURSOS PÚBLICOS
Para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar estratégicamente sus recursos existentes. Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y recauda el gobierno.
En 2022, Chile fue uno de los pocos países de ALC con un superávit fiscal (1,4% del PIB), en comparación con el saldo fiscal negativo en promedio en todos los países de ALC (-3,4%).
Su saldo mejoró 4,1 pp respecto de 2019. Los ingresos del gobierno representaron el 28,1% del PIB de Chile en 2022, frente al 31,5% en promedio en los países de ALC y el 39,7% en los países de la OCDE. Esta relación entre ingresos y PIB ha aumentado desde el 23,7% en 2019.
Saldo fiscal del gobierno general como porcentaje del PIB, 2007 - 2022
La deuda pública puede utilizarse para financiar tanto gastos corrientes como inversiones, pero tiene un costo en forma de pagos de intereses. La deuda como porcentaje del PIB aumentó durante la pandemia de COVID-19 en la región de ALC debido al aumento del gasto y la pérdida de ingresos tributarios, y en 2022 aún se mantenía 2 puntos por encima de su nivel de 2019.
En 2022, la deuda pública de Chile ascendió al 38% del PIB, muy por debajo del promedio de ALC del 66,3% del PIB. Su nivel de deuda ha aumentado desde el 28,3% del PIB en 2019.
Deuda bruta del gobierno general como porcentaje del PIB, 2019 y 2022
Los empleados públicos están a la vanguardia del diseño y formulación de políticas y de la prestación de servicios públicos. La proporción del empleo público varía significativamente en la región de ALC, desde menos del 5% del empleo total hasta más del 20%.
Empleo público como porcentaje del empleo total, 2011, 2018 y 2022
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En 2022, el empleo público en Chile representó el 9% del empleo total, por debajo del promedio de ALC del 12% y del promedio de la OCDE del 21%. El empleo público en Chile ha disminuido desde 2018 desde un 12%.
Proporción de mujeres por puesto en la administración pública central/federal, 2022
La proporción de mujeres en puestos de alta dirección en el sector público en Chile está en línea con el promedio de ALC. Las mujeres ocupan el 56,1% de los puestos del sector público en Chile, por encima del promedio de ALC (51,5%) y el 43% de los puestos de alta dirección, en línea con el promedio de ALC de 43,4%.