Con la actual política hidrocarburífera de Bolivia, es muy probable que, para 2030, el país tenga un déficit comercial energético de aproximadamente US$ 5.500 millones y la subvención a los hidrocarburos suba a US$ 3.300 millones, lo que será insostenible, según calcula la consultora especializada Gas Energy Latin America (GELA). 

Las proyecciones se realizaron tomando en cuenta que, en 2024, el país comenzará a importar GLP y estimando el precio del barril de petróleo en US$ 80.

El déficit de la balanza hidrocarburífera comenzó en 2022. Entre enero y agosto de ese año se registró un déficit de US$ 157 millones entre la compra de combustibles y la venta de gas y petróleo. Hasta julio de este año, el déficit subió a US$ 432 millones, según informó Laura Manzaneda en Los Tiempos. 

La importación de combustibles en la balanza comercial representa el 25 por ciento de las importaciones, y va en aumento. Esta compra se financiaba con las exportaciones de gas, pero con la baja producción el Gobierno debe buscar otras fuentes de financiamiento, como la deuda pública. 

Según datos del gobierno nacional, en 2021, la subvención a los hidrocarburos fue de US$ 618 millones, en 2022 subió a US$ 684 millones, para 2023 se presupuestaron US$ 1.091 millones y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 calcula un monto de US$ 1.400 millones. El GELA calcula que las cifras de subvención son mucho mayores a las señaladas por el Gobierno y estima que sólo este año se destinarán US$ 2.400 millones para la subvención.

La caída de las exportaciones de gas y el incremento en los costos de importación de combustible y su subvención preocupan, pues ocupan gran cantidad de presupuesto, que podría ocuparse en salud, educación y otros. 

Álvaro Ríos considera que tenemos una política hidrocarburífera errada porque la Ley 3058 de Hidrocarburos desincentiva la producción de líquidos en el país con el cobro de altos impuestos y cotizaciones muy bajas para el combustible que se produce en el país. 

La Ley 3058 determina impuestos muy altos para las empresas que se dediquen a la explotación y producción de hidrocarburos en Bolivia. Además, la producción del barril de petróleo nacional se cotiza en US$ 27, cuando su precio internacional superó los US$ 80 y el gas recibe una remuneración de un dólar el millón de unidad térmica británica (BTU), pero su precio internacional supera los US$ 6. 

“El privado en Bolivia, incluyendo YPFB, no va a cumplir con impuestos tan altos, y encima cuando se remunera el precio del barril de petróleo con un costo bajo. Es una ecuación perversa para la producción nacional y esto es lo que ha hecho la Ley 3058, que ha puesto un impuesto por los cielos, de 50 por ciento como mínimo y encima el que produce acá tiene que subsidiar, pero al importador el Estado subsidia”, dijo.

La ley frena la producción nacional de hidrocarburos, pero, por otro lado, el Gobierno destina grandes cantidades de dinero para comprar y subvencionar la compra de combustible. Esto va en contra de la política de sustitución de importaciones que pregona el Gobierno.

“¿Cómo es que demos preferencia a que se importe porque no le ponemos el precio internacional del petróleo? De esa manera, podríamos dejar de importar y producirlo localmente, generar regalías y otros impuestos”, agregó.

Adelantó que, si el país no logra encontrar nuevos yacimientos de gas natural, en 2029 tendremos que importarlo a US$ 5 o 6 el millón de BTU, cuando a los productores nacionales se les remunera a un dólar el millón de BTU.

Ríos también considera que el gobierno debe dejar a los privados la importación de combustible así como la exploración y explotación.

“El Estado empresario no funciona. Me parece tremendamente contraproducente, que importemos el barril de petróleo a US$ 140 y remuneramos aquí a US$ 27 el barril. Entonces, esa es una política totalmente antipatriótica porque no fomentamos lo que se produce o podría producirse en el país”, explicó. 

SUBVENCIÓN
El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez explicó que no es responsable que el país siga manteniendo esta política de subvención a los hidrocarburos, pues su alto presupuesto sacrifica recursos para las áreas de educación, salud y otras en las que el Estado podría invertir los recursos.

“La pregunta que queda es con qué se va a financiar esta alta subvención. Sostenemos la política de subvención, pero con qué se está financiando eso, más aún si consideramos que estamos en un país que desde 2014 tiene déficit fiscal”, dijo.

El PGE 2024 destinará US$ 1.000 millones para nuevos contratos petroleros y US$ 3.428 millones para la compra de diésel y gasolina (mayoreo) y sólo US$ 962 millones para inversión pública en salud, educación y otros.

BOLIVIA CONTINÚA CRUZADA CONTRA DELITOS CON HIDROCARBUROS
Las autoridades gubernamentales mantienen una cruzada contra delitos que provocan pérdidas de decenas de miles de litros de combustibles, confirmó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen.

“Hemos encontrado una red de corrupción dentro de YPFB Logística y estamos haciendo todos los procesos penales; pedimos a las instancias correspondientes que den el apoyo porque no estamos hablando solo de un robo de combustibles, sino de un incumplimiento de deberes y un daño económico al Estado (…)”, aseguró la máxima autoridad de la corporación estatal.

Afirmó Dorgathen en entrevista al canal estatal Bolivia TV que se trata de un atentado contra el abastecimiento a los bolivianos, lo cual se refleja en largas filas de vehículos en los centros de servicios.

El titular de YPFB enumeró irregularidades como el cobro a cisternas que llegaron de viajes internacionales y tuvieron que realizar “pagos” para ingresar a la planta de abastecimiento de carburantes, o el robo de casi 100.000 litros de gasolina en la planta de Palmasola, Santa Cruz, lo cual derivó en la aprehensión de 12 funcionarios.

Mencionó también el empleo de documentos falsos para el retiro de combustible por parte de cisternas pertenecientes a estaciones de servicio.

Criticó Dorgathen la presencia en esta situación de “(…) gente inescrupulosa que aprovecha estos momentos para sustraer el combustible, perder el combustible para que este combustible no llegue a la población”.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, informó que ya fueron aprehendidas 111 personas e incautados más de 700 mil litros de combustible en siete meses de ejecución del Plan Soberanía de lucha frente a este tipo de contrabando.

Unos mil militares y policías, así como 200 funcionarios de la ANH, intervienen en estos operativos de interdicción frente a contrabandistas en diferentes regiones del Estado Plurinacional, principalmente en zonas fronterizas.

El Gobierno de Bolivia oficializó el 13 de abril último la seguridad energética del país con la Política de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles, con la cual pretende alcanzar un ahorro anual de mil millones de dólares.

La estrategia interdisciplinaria fue oficializada en conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental) a la que asistió Prensa Latina.

Desde entonces, explicó Jiménez, se realizaron más de dos mil operativos, incrementados en las çultimas semanas debido a la alta demanda, pese al incremento de los despachos.

Jiménez precisó que hasta el momento resultaron aprehendidas 111 personas e incautados mil 800 instrumentos utilizados, mientras los datos oficiales cifran en 700 mil litros el combustible ocupado en siete meses.