FERMÍN KOOP

Argentina aspira a generar el 57% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables para finales de la década, según un plan oficial de transición energética presentado a finales de junio. El país también se propone construir 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, reducir en un 8% la demanda total de energía y generar un gigavatio (GW) de energía distribuida. El gobierno calcula que el costo del plan asciende a US$ 86.600 millones.

Estos objetivos representan un cambio potencialmente significativo para la combinación energética de Argentina. Los combustibles fósiles representan hoy aproximadamente el 60% de la generación de electricidad, porcentaje que se pretende reducir al 35% para 2030 mediante la expansión de las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, y en particular la eólica y la solar.

De los 14 GW de capacidad adicional previstos en el plan de transición, casi 10 GW corresponden a fuentes limpias, y el resto a gas natural, energía nuclear e hidrógeno.

“Es la primera vez que Argentina pone en cifras la transformación necesaria en su sector energético para cumplir los compromisos climáticos del país”, dijo Juan Carlos Villalonga, consultor en energías renovables y ex diputado nacional.

Agregó que lo ideal sería que el plan se discutiera “al más alto nivel, pero la atención está centrada en la campaña electoral presidencial” antes de las primarias de agosto y la votación general del 22 de octubre.

En su compromiso con el Acuerdo de París sobre cambio climático, conocido como contribuciones nacionalmente determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), Argentina se comprometió a limitar sus emisiones netas en 2030 a 349 millones de toneladas equivalentes de CO2. Gestionar el papel del sector energético será un desafío clave para cumplir este objetivo, al ser responsable del 53% de las emisiones del país, según la última actualización de su inventario de gases de efecto invernadero en 2019.

Sin embargo, hasta la fecha, la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles ha sido un objetivo difícil de alcanzar para Argentina. El gobierno tiene grandes esperanzas de explotar Vaca Muerta, una formación geológica que alberga algunos de los mayores yacimientos de gas y petróleo de esquisto del mundo, mientras que la expansión de las energías renovables se ha estancado en gran medida desde la crisis económica del país entre 2018 y 2019.

El nuevo plan pretende abordar esto al darle prioridad a las renovables frente a los fósiles, aunque éstos seguirán desempeñando un papel importante. Está previsto que la producción de gas aumente de los 133 millones de metros cúbicos diarios actuales a 174 millones de metros cúbicos diarios en 2030, un aumento del 30% que le permitiría a Argentina prescindir de las importaciones de gas y aumentar las exportaciones mediante una serie de proyectos de infraestructura, como plantas de gas natural licuado (GNL) y gasoductos.

“Es un plan realista basado en las dificultades sociales y económicas de Argentina”, dijo Ignacio Sabatella, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). “Llegó al final del mandato del gobierno porque llevó tiempo alinear todas las áreas gubernamentales, como los ministerios de ambiente y energía”.

BACHES EN EL CAMINO
El nuevo plan reconoce que Argentina se enfrentará a numerosos obstáculos para cumplir sus objetivos. La transición energética “no debe aislarse de la realidad macroeconómica y del complejo escenario externo comprometido por la deuda en moneda extranjera”, dice el documento, destacando la necesidad de acceder a créditos a tasas bajas y mejorar la economía en general.

Para Juan Ignacio Arroyo, economista y consultor energético independiente, una cosa es que el plan sea ambicioso y otra muy distinta es ser capaz de cumplir esa ambición.

“En ciertas ocasiones, hay tensiones entre la velocidad y la sostenibilidad de una transición energética”, dijo a Diálogo Chino. “Cuanto más ambicioso seas, más necesitás invertir en la red de transporte de electricidad y en las importaciones para instalar los parques solares y eólicos”.

Argentina lleva años teniendo un acceso limitado o nulo a los mercados financieros internacionales, una situación que probablemente perdure, debido a su elevado nivel de deuda externa. El país está renegociando actualmente sus acuerdos de deuda con el Fondo Monetario Internacional, y recientemente firmó un acuerdo para renovar su swap de divisas con China y duplicar la cantidad a la que puede acceder hasta casi US$ 10.000 millones.

Según el plan, el aumento de las exportaciones de gas permitiría destinar más fondos a proyectos de energías renovables. Sin embargo, no propone la creación de un mecanismo específico a través del cual esos ingresos se canalizarían directamente hacia las renovables.

El año pasado se escucharon propuestas similares durante los debates sobre la ampliación de las perforaciones petrolíferas en alta mar, pero los planes de reinvertir parte de los ingresos en renovables finalmente se archivaron.

Para Arroyo, una preocupación clave es: “¿Cómo nos aseguramos de que la transición energética no profundice las restricciones económicas del país?”. En esta línea, el plan subraya la importancia de que la transición sirva de catalizador para las capacidades tecnológicas, industriales y científicas de Argentina, y para desarrollar cadenas de valor nacionales. Sin embargo, esto parece contradecirse con la última licitación del país para proyectos de energías renovables, que no exigía ni incentivaba la integración de suministros locales por parte de las empresas solicitantes.

La construcción de los 5.000 kilómetros de nuevas líneas de transmisión también será una tarea complicada. Argentina no ha realizado inversiones significativas en su red de transporte de electricidad en los últimos 25 años, lo que está afectando a su capacidad para construir y conectar nuevos parques solares y eólicos. Las empresas también han advertido de que la infraestructura existente tiene problemas por falta de mantenimiento.

El pasado mes de octubre, el gobierno relanzó un plan para invertir US$ 1.400 millones en seis líneas de transmisión de energía, un plan que se anunció por primera vez hace seis años pero que no se llevó a cabo. China Electric Power Equipment and Technology (CET) también acordó el año pasado invertir US$ 1.100 millones en la red energética del área metropolitana de Buenos Aires.

NO SOLO GRANDES PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES
Al mismo tiempo que propone instalar parques eólicos y solares a escala comercial, el plan también destaca el potencial de la generación distribuida: sistemas locales y a pequeña escala que permiten producir electricidad a partir de fuentes cercanas al punto de uso, en lugar de fuentes más centralizadas como las centrales eléctricas.

Esto permite que los compradores tradicionales de electricidad, desde los propietarios de viviendas hasta las plantas industriales, se conviertan en productores.

El último informe sobre generación distribuida en Argentina, publicado en mayo, mostraba 23,2 megavatios de capacidad instalada. El plan de transición energética fija como objetivo que esta cifra alcance el gigavatio. Sabatella dijo que el objetivo puede alcanzarse, destacando que los proyectos distribuidos de menor escala no dependen tanto de la importación de equipos como los grandes parques solares y eólicos. “Es especialmente relevante para quienes no pueden acceder a la red de gas”, añadió.

El plan también destaca el papel del hidrógeno verde, frecuentemente llamado el “combustible del futuro” y fabricado con energías renovables. El objetivo es generar 20.000 toneladas anuales de aquí a 2030, una meta modesta, según Villalonga.

“En la actualidad, la demanda local de hidrógeno, en su mayor parte ‘gris’ [producido a partir de combustibles fósiles], es de 400.000 toneladas anuales”, escribió Villalonga en un posteo en su blog en el que analizaba el plan. “Se puede suponer que a 2030 esa demanda crecerá a 500.000 toneladas anuales. Es decir que la demanda de hidrógeno bajo en emisiones representaría el 4% del total”.

En mayo, el gobierno sometió a consideración del Congreso un proyecto de ley destinado a regular e incentivar el crecimiento de la incipiente industria del hidrógeno verde, pero es probable que sus avances sean lentos a corto plazo, ya que la atención se centra en las elecciones.

El plan de transición energética también establece el objetivo de que los vehículos eléctricos representen el 2% del parque total a finales de la década.

La “transición justa” -concepto que se refiere a garantizar que la transición a una economía neutra en carbono sea justa e inclusiva para todos- también se menciona como objetivo clave. Para el gobierno, esto significa equilibrar los aspectos económicos, sociales y medioambientales de una transición que abandone los combustibles fósiles, y prestar atención a la velocidad a la que se produce.

Una transición energética “justa” también implica abordar las desigualdades previas en el sector energético, crear empleos dignos, garantizar que toda la población tenga un acceso razonable a la energía a un precio asequible, que los costos de la transición sean competitivos y que se incluya a los grupos vulnerables, según el plan.

Para Arroyo, la mención de estos conceptos es un paso adelante: “Aunque no es la más moderna de las definiciones de transición justa, ya que no habla mucho de conceptos como gobernanza o democratización del sector energético, sí incorpora otros elementos importantes como la reducción de la pobreza energética, la creación de empleos verdes en todo el país y la descentralización de las cadenas de valor.”

Además de lanzar el plan, el gobierno también publicó un documento con lineamientos para el sector energético a 2050. Incluye tres escenarios, del menos ambicioso al más ambicioso. En 2050, las energías renovables, incluida la hidroeléctrica, podrían representar al menos el 80% de la generación de electricidad, mientras que los vehículos eléctricos podrían constituir al menos el 29% del parque automotor, pero incluso este escenario menos ambicioso requeriría una inversión de al menos US$ 264.000 millones, según las previsiones del propio documento.