Arrancó, avanzó y se frenó el debate por la nueva Ley de Royalty en Chile. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el primer artículo del proyecto para modificar el pago de la renta minera pero las conversaciones quedarán en stand by hasta después de las elecciones constitucionales del próximo 7 de mayo.
La votación contó con el pronunciamiento favorable de todos los integrantes de la comisión, incluidos los de oposición. Así, se manifestaron a favor los senadores Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD), Daniel Núñez (PD) y José Miguel Insulza (PS), este último quien se sumó a la comisión en reemplazo del ahora ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.
Previo a la votación, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “se cumplió con lo comprometido en relación a introducir indicaciones en torno a seis temas informados en la sesión de la semana pasada relacionados con la obligación de informar los estados financieros por parte de las empresas mineras a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); la inclusión de los gastos de organización y puesta en marcha de una inversión como costo para el cálculo de la RIOMA; los incentivos a la expansión de proyectos mineros; la extensión a diez años de compromiso de aportes a regiones y comunas; la condición que establece una carga tributaria potencial máxima de entre 45,5% y 47% dependiendo del volumen de ventas; y la revisión de tasas para la mediana minería”.
Y agregó que las principales modificaciones están contenidas en los artículos del proyecto que deberían votarse en las próximas semanas que, entre otros aspectos, fijan la escala de tasas para aplicar el royalty en función del margen operacional de las empresas mineras que produzcan cobre en una cantidad mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se permite descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.
El artículo 1° aprobado señala: “Establécese un impuesto denominado royalty minero, que se regirá por las normas de la presente ley. Los explotadores mineros se sujetarán a los componentes del impuesto contenidos en el artículo 2° y artículo 3° o 4° de esta ley, según su nivel de ventas y los minerales explotados. La suma de estos componentes corresponderá al royalty minero, al cual se encuentra sujeto un explotador minero, según corresponda”.
No obstante este primer artículo aprobado, la Comisión de Hacienda continuará con el debate y votación del resto de los artículos recién en la próxima sesión ordinaria de la instancia, la que se prevé quede agendada para después de las elecciones constitucionales del próximo 7 de mayo.
Según lo informado la semana pasada por la autoridad, la recaudación del proyecto con las últimas modificaciones sería de 0,47% del PIB en régimen, con ingresos fiscales netos, excluyendo los aportes a los gobiernos subnacionales, serían del orden de 0,18% del Producto.
La iniciativa también establece que una parte de la recaudación esperada equivalente a US$ 450 millones se invertirán en aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y municipios de todo Chile, a través de tres mecanismos:
+Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
+Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, más de 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
+Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones, para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros. En total son 31 comunas beneficiadas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
