Chile planea aumentar la carga tributaria para los productores de cobre en alrededor de 5 puntos porcentuales sin afectar significativamente a la industria o su competitividad. “Si el royalty aumentara en 5 puntos y llegara al entorno de 42%, un poquito más de 40%, yo creo que no tendría un impacto”, dijo Alejandra Fernández, directora de Fitch que cubre la industria minera de América Latina.

Después del rechazo de una propuesta de reforma tributaria más amplia, el gobierno de Chile está presionando para obtener una mayor participación en la ganancia de las gigantescas minas de propiedad de empresas como BHP y Freeport-McMoRan para financiar programas sociales, según destacó Bloomberg. 

“Sería absorbible digamos y no generaría distorsiones importantes dentro de la industria”, agregó Fernández. 

Si bien la industria está preparada para pagar más, advierte que la versión actual de un proyecto de ley de regalías erosionaría la competitividad y las inversiones.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, modificó el proyecto de ley para garantizar que la tasa del royalty se ajuste para mantener la carga tributaria total de las empresas.

Una de las modificaciones establecerá una carga tributaria potencial máxima de 50% sobre la rentabilidad operacional de las grandes empresas mineras, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o royalty, del Impuesto de Primera Categoría y de los impuestos finales (adicional), según informó el Ministerio de Hacienda de Chile.

Además, junto con este cambio, la autoridad explicó que se presentarán indicaciones para reponer los gastos de organización y puesta en marcha de un proyecto minero como un costo para efectos del cálculo de la base imponible del componente sobre el margen del Royalty; y mantener la obligación de las mineras de informar sus estados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pese al término de los contratos de invariabilidad tributaria que establecía este compromiso.

Pero las conversaciones sobre cuán altos deberían ser los impuestos se complican por un desacuerdo sobre el nivel actual. El gobierno estima que la tasa efectiva actual se situará en 33% y la industria dice que está más cerca del 40%. Gran parte de la brecha se explica por diferentes suposiciones sobre qué parte de las ganancias se paga en dividendos.

No obstante, después de una serie de modificaciones, la propuesta ahora es “significativamente más razonable”, dijo Fernández. Elevar la tasa efectiva a alrededor del 40% “no generaría una distorsión, pero si es efectivamente más cercano a lo que dicen los gremios, a 50%, ahí sí podemos decir que generaría una situación más distorsionada en la industria minera”, completó.