Bolivia necesita de una Ley de Hidrocarburos para atraer inversiones privadas destinadas a intensificar las exploraciones y reponer las reservas de gas natural, según coincidieron expertos en un conversatorio organizado por el Comité Pro Intereses de Tarija.

"Es muy importante cambiar la ley porque de esa manera se podrá atraer capital externo porque YPFB no tiene dinero para inversiones. Se había comprometido US$ 1.500 millones en un quinquenio y en el periodo 2021-2022 se invirtió US$ 247 millones y al paso que se va no lograr alcanzar ese monto" dijo el economista y asambleísta departamental por Unidos, Luis Lema.

A su criterio, el hecho de que disminuya la producción de gas natural es una muestra de que el país está a punto de perder el mercado de Argentina que con un préstamo de la CAF busca la reversión del gasoducto en el Norte de ese país.

El vicepresidente del Comité Pro Intereses de Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó que es necesario realizar un replanteamiento al respecto porque si no se mejora la normativa de manera inmediata la tendencia es que Bolivia se convierta en importador de gas natural en un futuro.

"Es urgente que Tarija, Santa Cruz y los demás departamentos productores se unan para que mediante nuestros parlamentarios se haga un replanteo y después el que gane sean los bolivianos y no un gobierno ni partido político", expresó el dirigente.

A su vez, el director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Alfonso Lema, consideró la necesidad de adecuar la normativa hidrocarburífera a la situación actual e incluso la Ley 3058 es anterior a la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009.

Lema coincidió que se redujeron considerablemente la producción e ingresos por renta petrolera gradualmente desde el 2014 y su posterior impacto en los Gobiernos Municipales en cuanto al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

"Los ingresos por este impuesto disminuyeron en casi tres cuartas partes para los municipios. Por ejemplo, el municipio de Cercado recibía antes Bs 340 millones y ahora sólo ingresan Bs 90 millones", mencionó.

El analista del sector, Mauricio Medinaceli, se sumó a este posicionamiento, al decir que con los recientes eventos no sólo es necesaria una ley, sino un completo replanteamiento institucional en la industria petrolera en Bolivia.