SOFÍA SOLARI ARENA

En épocas en las que los Estados están discutiendo cómo encarar la transición energética de los próximos años, el litio aparece como uno de los recursos más preciados. Al mirar los casos regionales, la experiencia de Bolivia aparece como la más exitosa.

Para la década del '70, el país andino tenía en claro que el Salar de Uyuni era un gran reservorio de litio. Por eso, 20 años más tarde, frenó el intento de la minera estadounidense, Livent, de desembarcar en ese país e inaugurar su exploración. El proceso continuó y, en 2008, el entonces presidente Evo Morales firmó un decreto que trazaría el camino para la industrialización, una decisión que fue de avanzada en todo el continente. 

"En aquel momento teníamos información de que venía un proceso de fabricación de baterías que podría sustituir a los combustibles fósiles", analizó el ex ministro de Minería y Metalurgia durante los años de Evo, Alberto Echazú. 

Contó que para 2008, dos años después de la asunción de Evo, en el Salar de Uyuni no había "absolutamente nada", solo el deseo de aprovechar esas enormes reservas del mineral. 

Según los últimos estudios de U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, Bolivia es el país que tiene mayores recursos de litio, un 24 por ciento del total mundial. Sin embargo, si se tienen en cuenta los países que lo producen, Bolivia no aparece entre los primeros del ranking. 

Que no esté en esa lista, a pesar de tener la mayor cantidad de ese recurso, se explica en parte porque el plan a largo plazo que se trazó desde el Ministerio de Minería en 2008 quedó trunco con el golpe de Estado de 2019. Por ahora, la gestión de Luis Arce no logró retomar el curso, aunque ya hubo anuncios y promesas.

UNA ESTRATEGIA DE TRES ETAPAS
El mismo movimiento campesino que en la década de los '90 frenó la avanzada de la minera estadounidense fue el que al inicio del gobierno de Evo le presentó una propuesta para que el Estado industrializara los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.

La Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS) presentó al gobierno un plan que preveía la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio en manos de una empresa de propiedad cien por ciento estatal.

La idea fue asumida como política de Estado y se enmarcó en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006. Dos años más tarde, después de que en el marco de ese plan el Estado recuperara las facultades productivas de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Evo promulgó un decreto que declaró como prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni. 

"El decreto que firmó Evo en 2008 prohibió el sistema de concesiones en lo que tiene que ver con el litio y dejó la explotación de ese recurso únicamente en propiedad y en empresas del Estado", explicó Echazú.

Este punto es importante porque marca una de las mayores diferencias con los casos regionales: desde un inicio en Bolivia el trabajo sobre el litio siempre fue exclusividad del Estado, de alguna manera siempre fue un recurso nacional. Distinto es, por ejemplo, en el caso argentino o mexicano donde ya hay empresas operando y para recuperar soberanía sobre el mineral ambos países trabajan en marcos regulatorios que apunten a una nacionalización o a un sistema mixto. 

"El proyecto nuestro empezó con una soberanía y propiedad plena no de un solo salar sino de todos los salares, salinas y lagunas por parte del estado y su explotación directa a través de una empresa estatal", explicó Echazú. 

El camino de industrialización del litio que se trazó en 2008 contempló tres etapas. La primera apuntó a los trabajos de investigación y a hacer dos plantas piloto: una de potasio y otra de carbonato de litio. La segunda buscó llevar esas plantas a escala industrial y la tercera previó agregar valor al mineral en una alianza con empresas de alta tecnología.

"La primera etapa está concluida", dijo Echazú y explicó: "Se cerró toda la cadena de valor, se hizo la geología necesaria, se hicieron las plantas para las sales, se hicieron materiales catódicos y baterías y además esas baterías fueron aplicadas en domicilios de campesinos alejados de los centros y que no tenían cede eléctrica".

Ese trabajo también se hizo en un universidades y escuelas, apuntó el ex ministro y contó que hoy Bolivia tiene una fábrica pequeña de autos eléctricos en Cochabamba (Quantum) que usa las baterías que se producen en la planta piloto. 

En cuanto a la segunda fase, la que implicaba llevar la producción a escala industrial, Echazú marcó que fue ahí donde el proyecto quedó trunco por el golpe de Estado.

"La planta industrial de potasio empezó a funcionar en 2018 y tiene una capacidad enorme, es una de las diez más grandes del mundo. La de litio, en tanto, empezamos a armarla ese mismo año pero se interrumpió en noviembre de 2019", explicó el ex ministro. Para ese entonces, el Estado también habían firmado un convenio con la empresa alemana ACI Systems que buscaba potenciar la producción y permitir el ingreso al mercado mundial de baterías de litio.

"Con eso íbamos a ingresar a la tercera etapa y fabricar hidróxido de litio en base a las salmueras residuales y poder continuar con la agregación de valor a las plantas industriales de materiales catódicos y baterias. Eso se ha interrumpido por el golpe y hasta ahora está paralizado", observó Echazú. 

LOS CASOS REGIONALES
Según repuso Echazú, el gobierno de Arce se comprometió a concluir la planta industrial de carbonato de litio para diciembre de este año, pero el ex ministro señaló que es difícil que puedan cumplir con la fecha porque todavía falta construir una planta de aguas.

La diferencia entre lo que produce hoy la planta piloto y lo que podría producir la planta de escala industrial es enorme. Hoy Bolivia solo produce entre 500 y 600 toneladas, mientras que las estimaciones con la industrial ya en funcionamiento crecen a 15 mil. 

"La incidencia que hoy tiene la producción de litio en la economía de Bolivia es muy poca porque solo funciona la planta piloto. Para este año se calcula que en total va a haber una exportación de unos 500 millones de bolivianos, es decir, un poco más de 70 millones de dólares. Eso es muy poco. Pero cuando empiece a funcionar la planta de carbonato de litio industrial las estimaciones son que alcancen los mil millones de dolares. Eso puede lograrse en un par de años", analizó Echazú.

Ese crecimiento llevaría a que la exportación de litio signifique el diez por ciento de las totales y cerca de un 25 por ciento en lo que hace a las exportaciones mineras. "Significaría un crecimiento del 12 por ciento de las exportaciones totales y un 27 por ciento de las mineras", explicó el ex ministro. 

Hay un punto crucial en el caso del litio que permite trazar diferencias con los casos regionales y es que este mineral siempre fue un recurso en manos del Estado. A diferencia, por ejemplo, del emblemático caso del gas en Bolivia que Evo lo nacionalizó por decreto e invirtió la ecuación haciendo que las empresas privadas pasaran a tener una participación del 20 por ciento frente a un 80 que tienen las del Estado, en el caso del "oro blanco" no hubo que desandar ese camino. 

En Argentina la situación es diferente. El primer punto es que, con la reforma de la Constitución en 1994, son las provincias las que tienen la administración de sus recursos naturales y desde esa misma época algunas, como Catamarca, tienen presencia de mineras extranjeras.

Según afirmó Bianca Coleffi en ARGMedios, Argentina produce 19 millones de toneladas de litio pero sólo se queda con el 3 por ciento de las ganancias, que pertenecen a las arcas provinciales.

En panorama argentino es entonces más parecido al caso mexicano. Si bien este año consideró al litio como un recurso nacional estratégico y creó un ente autónomo para que se ocupe de él, el país del Norte tiene a las empresas Ganfeng Lithium (China) y Bacanora Lithium (anglo-canadiense) explorando el mineral.