Como parte de la reforma tributaria, el gobierno de Chile presentó en julio pasado su propuesta de royalty a la minería a través de una indicación sustitutiva a la iniciativa que ya se estaba tramitando en el Senado.

La propuesta del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que buscaba una recaudación de entre 0,5% y 0,6% del PIB (alrededor de US$1.500 millones) integra dos componentes. Por un lado, está el impuesto ad valorem (valor del mineral extraido), que considera tasas diferenciadas para la producción por sobre y bajo las 200 mil toneladas, y el componente sobre el margen operacional, el que establece tasas entre 2% y 36% sobre la rentabilidad de la empresa minera.

Ambos componentes toman en cuenta el valor del precio del cobre.

Sin embargo, desde un principio la industria y la oposición alertaron sobre la inviabilidad del proyecto, dado el oneroso impacto de la regalía en los proyectos nuevos y antiguos, por el aumento de la carga tributaria global para el sector a casi 60%. El principal argumento apuntaba a la pérdida de competitividad frente a países mineros como Perú, Australia y Canadá, los que tienen cargas tributarias muy por debajo del 50%, explicó Mariana Marusic en La Tercera. 

Tras varias semanas de conversaciones con parlamentarios y representantes de la industria minera, el gobierno presentó este martes a la Comisión de Minería y Energía del Senado un conjunto de indicaciones que reformulan el proyecto de royalty minero.

Dichas indicaciones, según un comunicado enviado por Hacienda, toman “en cuenta los planteamientos realizados por especialistas y académicos en las audiencias sobre el proyecto”.

Ahí también dice que “involucran una simplificación y reducción del componente ad valorem; un cambio de la base del componente variable, que se determinará en base a rangos de margen operacional minero en lugar de precios del cobre; una reducción o eliminación del componente ad valorem para empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales como producto de su aplicación; y la inclusión de la depreciación como parte del cálculo del margen operacional minero”.

En concreto, las indicaciones proponen establecer “un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50 mil toneladas, excluyendo de esta forma a la mediana minería”, dijo Hacienda en el comunicado.

Y en caso de que el margen operacional sea negativo, “no procederá el pago de este gravamen. También se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación”.

Considerando estos cambios, el gobierno estima que el royalty minero recaudaría un 0,6% adicional del PIB. Hacienda detalló que de ese total, un 0,46% del PIB sería producto de la nueva estructura, y el 0,15% restante es resultado del crecimiento de la producción y los costos.

Respecto de la recaudación, Hacienda también dijo que “se incorporan nuevos destinatarios distribuyendo parte importante de los recursos a gobiernos locales y regionales, con especial prioridad a aquellos de zonas mineras. Para compensar por las externalidades negativas que conlleva la extracción mineral, se entregarán US$20 millones en total a distribuir entre las 25 comunas mineras que mantengan dentro de sus territorios faenas de explotación que estén sujetas al pago del royalty”.

Además, puntualizaron que “se considera realizar un aporte al Fondo Común Municipal por US$ 60 millones, duplicando el monto que el Fisco entrega hoy, con lo que se cumpliría uno de los compromisos del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric. También se dispondrá de US$280 millones para el Fondo Regional de Productividad y el Desarrollo, que estarán a cargo de los gobiernos regionales para financiar planes y programas que fomenten proyectos de inversión, desarrollo regional y promuevan la investigación científica y tecnológica. El aporte per cápita será el doble para las regiones mineras. Y otros US$50 millones serán destinados a invertir en investigación y desarrollo en regiones”.

Marcel dijo que “estamos agradecidos de las conversaciones sostenidas en las últimas semanas, que nos han permitido encontrar una alternativa que equilibra mejor los objetivos de recaudación con el crecimiento y desarrollo de la industria”.

LA MIRADA Y EL ANÁLISIS DE EXPERTOS
Las indicaciones van en el camino correcto. Eso es lo primero que dicen los expertos a la hora de evaluar rápidamente las indicaciones presentadas por el gobierno.

El socio Líder Tax & Legal de Deloitte, Hugo Hurtado, comenta que “se ve una predisposición del gobierno a abrirse a la discusión, había un ad valorem que era muy alto, y ahora está en 1%, que parece ser razonable, teniendo presente también a nuestros competidores, como Perú y otros países, que también tienen ese ad valorem. Sin embargo, los márgenes sobre los cuales se van a gravar las rentas, parecen un poco altos, y también así la recaudación. Con una recaudación de 0,6% del PIB, probablemente están asumiendo que en algunos casos las tasas van a ser superiores al 50% (...) Eso nos dejaría en una posición desmejorada en relación a otros países competidores de inversiones mineras”. Eso sí, también menciona que estudiará más a fondo el tema y hará correr modelos para determinar el impacto real.

Juan Pablo Cabello, de Cabello Abogados Tributarios, menciona que “irían en el camino correcto las modificaciones ya que atiende a que en el mercado minero se encuentran empresas con distinta realidad. Se entendía como necesario rebajar el componente ad valorem, puesto que ponía en riesgo la viabilidad de varias empresas, y en el mismo sentido, es positivo atender más al margen operacional que al precio del cobre. El principio en juego es gravar a las empresas principalmente en relación a sus resultados operacionales y establecer un ad valorem que no afecte la viabilidad de varias empresas del sector, y a proyectos futuros”.

Para completar, el socio de la consultoría tributaria CCL AC, Auditores Consultores, Javier Jaque, dice que “los cambios al proyecto de royalty minero irían en la dirección correcta. La simplificación era esperada junto a que se determine la base de acuerdo a rangos de margen operacional minero en lugar de precios del cobre. Considerar la situación de empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales y la inclusión de la depreciación como parte del cálculo del margen operacional minero eran elementos considerados base de cualquier proyecto a discutir. Lo anterior hace esperar que las tasas finales de impuestos sobre el margen o utilidad resulten dentro de lo que se espera se recaude del sector con menos afectación al proceso de inversión y de desarrollo de la industria”.

SONAMI: "FALTÓ ENTENDER LAS OBJECIONES DEL SECTOR MINERO"
"Estamos preocupados. Queremos colaborar con que estos temas se depejen rápido y ver cómo producir más y mejor, pero el resultado muestra que faltó entender las objeciones del sector minero". 

Así resumió el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, la postura de la industria respecto de las indicaciones enviadas ayer por el Ministerio de Hacienda al proyecto de royalty minero, que según los cálculos preliminares del gremio pueden implicar que las empresas queden con carga tributaria de 55% o incluso más, según informó Valeria Ibarra en DF. 

En entrevista con Radio Pauta, el dirigente gremial dijo "el diálogo fue franco, pero no totalmente fructífero... Estamos preocupados en que podamos cometer un error con esto", comentó en relación a la alta carga impositiva del sector, que puede afectar inversiones y la producción minera en el mediano plazo. "La propuesta todavía nos deja bastante fuera los promedios a otros países mineros con los que competimos", señaló. 

Aunque valora que el gobierno haya atendido a alguna de sus preocupaciones, como por ejemplo, que se excluyó a la mediana minería del nuevo gravamen, se dejó fuera del cobro a las compañías con pérdidas y se fijó un componente parejo del ad valorem, lo que indicaría que a su juicio una valoración de que este es un elemento inconveniente. Sin embargo, criticó que no se haya erradicado completamente este factor y que la tasa sobre margen operacional sea alta, ya que llega hasta 26%, sobre una carga tributaria que ya es elevada.