PATRICIA SAN JUAN

El economista Klaus Schmidt-Hebbel realizó una fuerte crítica a la reforma tributaria del gobierno y sostuvo que los cambios propuestos al royalty a la minería, que actualmente se tramita en el Congreso a través de una indicación sustitutiva a la iniciativa que ya se había ingresado al Senado, generarán un desincentivo a la inversión en el sector.

“Esto mata la inversión minera de empresas mineras grandes”, afirmó en entrevista con el programa la Semana Económica realizado por Icare.

En este sentido, precisó que en la actualidad existe un preroyalty que se llama impuesto específico a la actividad minera (IAM), el cual establece un cierto porcentaje sobre la rentabilidad operacional de una empresa minera que se agrega al 27% (de impuesto corporativo) y que se establece sobre la rentabilidad operacional y después se estima que es gasto.

Agregó que “luego tú llegas a las utilidades después de ese pago y sobre esas utilidades después del pago del IAM tu pagas el 27% de una empresa minera correspondiente. Pues bien, yo he hecho el cálculo para una persona de alto patrimonio y de altos ingresos mensuales, de cuál es el impuesto total que él paga de los cuatro impuestos que tiene que pagar”.

Al respecto precisó que están los dos impuestos que paga la empresa actualmente, es decir, el IAM y el 27% de impuesto corporativo “y luego él tiene las utilidades distribuidas y yo supongo, en mi ejercicio, que todo es distribuido, que no retiene nada y con eso el pago, luego del impuesto de segunda categoría, donde se le aplica por supuesto dos cosas: una es que él tiene un crédito hoy día del 65% -paga solamente un 35% sobre lo que pagó en primera categoría-, pero además tiene él un tope total del pago de impuestos de primera y segunda categoría, considerando incluso su alto global complementario, porque es de altos ingresos, de 44,5% y con eso llega a un total de su ingreso renta imponible de 55,7%”.

Y luego detalló si “hoy día el IAM se reemplaza por el royalty, el royalty propuesto hoy día es muchísimo más oneroso. Ahí las tasas se establecen sobre un margen operacional y sobre las ventas, y esos dos royaltys combinados nos da una tasa mucho más alta, de manera que si sumo nuevamente los dos componentes, royalty nuevo más 27%, paso a la persona, la persona percibe el 100% de las utilidades generadas restantes después de impuestos, no se retiene nada en la empresa lo que empeora mucha el cálculo, y luego sobre eso paga el impuesto que le corresponde, que hoy día el máximo es 43% de la tasa, porque subió la tasa y además paga un impuesto sobre su patrimonio en mi ejercicio, porque tiene un patrimonio alto, llega a un impuesto total de 144,2% y queda debiendo plata”.

Por ello, enfatizó que “entonces esto simplemente es ridículo. Esta propuesta tributaria para una persona que tiene una empresa minera y todos sus ingresos provienen de la empresa minera, que es de altos ingresos y de alto patrimonio, este impuesto yo creo que simplemente no se ha calculado bien en los ejercicios que se hicieron en Hacienda sobre la carga correspondiente”.

NEGOCIACIONES
De manera silenciosa y reservada el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se ha reunido con diferentes actores de la industria minera y senadores clave para llegar a un pronto acuerdo que dé luz verde al proyecto de royalty.

Los contactos, intensificados luego de la dura derrota del gobierno en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, no sólo han evidenciado el pragmatismo y la importancia que le asigna Marcel a aprobar con prontitud el proyecto, sino que también apuntan a una suerte de acuerdo marco entre diferentes sectores sobre las bases para el nuevo royalty a la minería.

“En las diferentes reuniones se ha llegado a un consenso sobre la estructura del royalty en sus dos componentes, tanto en el impuesto ad valorem como el de margen operacional”, reconocen diferentes negociadores del oficialismo, quienes recalcan que el proyecto minero es clave para las pretensiones de Marcel de obtener mayor recaudación para las reformas de gobierno.

La propuesta de Marcel, que busca una recaudación de entre 0,5% y 0,6% del PIB (alrededor de US$ 1.500 millones) integra dos componentes. Por un lado, está el impuesto ad valorem (valor del mineral extraido), que considera tasas diferenciadas para la producción por sobre y bajo las 200 mil toneladas, y el componente sobre el margen operacional, el que establece tasas entre 2% y 36% sobre la rentabilidad de la empresa minera. Ambos componentes toman en cuenta el valor del precio del cobre.

Sin embargo, desde un principio la industria y la oposición alertaron sobre la inviabilidad del proyecto, dado el oneroso impacto de la regalía en los proyectos nuevos y antiguos, por el aumento de la carga tributaria global para el sector a casi 60%. El principal argumento apuntaba a la pérdida de competitividad frente a países mineros como Perú, Australia y Canadá, los que tienen cargas tributarias muy por debajo del 50%.