Tras varias semanas de conversaciones con parlamentarios y representantes de la industria minera, el Gobierno presentó a la Comisión de Minería y Energía del Senado un conjunto de indicaciones que reformulan significativamente el proyecto de royalty minero, actualmente en discusión en esa instancia.

Dichas indicaciones, que toman también en cuenta los planteamientos realizados por especialistas y académicos en las audiencias sobre el proyecto, involucran una simplificación y reducción del  componente ad valorem; un cambio de la base del componente variable, que se determinará en base a rangos de margen operacional minero en lugar de precios del cobre; una reducción o eliminación del componente ad valorem para empresas que pudieran enfrentar pérdidas operacionales como producto de su aplicación; y la inclusión de la depreciación como parte del cálculo del margen operacional minero, según informó el Ministerio de Hacienda de Chile. 

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “estamos agradecidos de las conversaciones sostenidas en las últimas semanas, que nos han permitido encontrar una alternativa que equilibra mejor los objetivos de recaudación con el crecimiento y desarrollo de la industria”.

En términos generales, se propone establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre cuya explotación supere las 50.000 toneladas, excluyendo de esta forma a la mediana minería.

En caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá el pago de este gravamen. También se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, las que fluctuarán entre un 8% y un 26%. Para el cálculo de margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación.

Considerando estos cambios, se estima que el royalty minero recaudaría un 0,6% adicional del PIB, de lo cual 0,46% del PIB sería producto de la nueva estructura y el 0,15% restante resultado del crecimiento de la producción y los costos.

Respecto de la recaudación, se incorporan nuevos destinatarios distribuyendo parte importante de los recursos a gobiernos locales y regionales, con especial prioridad a aquellos de zonas mineras. Para compensar por las externalidades negativas que conlleva la extracción mineral, se entregarán US$20 millones en total a distribuir entre las 25 comunas mineras que mantengan dentro de sus territorios faenas de explotación que estén sujetas al pago del royalty.

Además, se considera realizar un aporte al Fondo Común Municipal por US$ 60 millones, duplicando el monto que el Fisco entrega hoy, con lo que se cumpliría uno de los compromisos del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

También se dispondrá de US$280 millones para el Fondo Regional de Productividad y el Desarrollo, que estarán a cargo de los gobiernos regionales para financiar planes y programas que fomenten proyectos de inversión, desarrollo regional y promuevan la investigación científica y tecnológica. El aporte per cápita será el doble para las regiones mineras. Y otros US$50 millones serán destinados a invertir en investigación y desarrollo en regiones.

“El proyecto sobre royalty minero permitirá apoyar a municipios y regiones de todo el país a financiar programas de desarrollo local, elevando el bienestar y la competitividad en todo el territorio. Las inversiones con estos recursos más los aportes a proyectos regionales y nacionales de Ciencia, Tecnología e Innovación, permitirán que las rentas de la minería contribuyan a diversificar la economía, elevar la productividad y potencial de crecimiento del país”, destacó el ministro de Hacienda.

REFORMA TRIBUTARIA
En tanto, en la segunda sesión de votación en particular de la Reforma Tributaria, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados avanzó con la aprobación de los artículos asociados a las modificaciones sobre secreto bancario y la norma de tasación.

En lo que respecta a secreto bancario, las indicaciones del Ejecutivo aprobadas apuntan a que el procedimiento entregue mayor certeza para todos los intervinientes cuando la entidad bancaria deba entregar la información solicitada. En detalle, el Servicio de Impuestos Internos notificará del requerimiento por carta certificada tanto al banco como al contribuyente y, si este último se opone y reclama judicialmente, los datos no serán entregados hasta que exista una sentencia por parte del tribunal tributario.

Respecto a este último punto, el ministro explicó que el proyecto original “se incluía la posibilidad que el solicitante podría comparecer sin el patrocinio de un abogado. Pero en el trabajo con los asesores y distintos actores se llegó a la conclusión de que era preferible excluir esta opción de tal manera que los intereses del contribuyente estuvieran adecuadamente defendidos y no quedaran en una situación de menoscabo”.

En cuanto a la norma de tasación, el proyecto busca entregar mayor certeza a los contribuyentes estableciendo la posibilidad de utilizar métodos de amplia aplicación para acreditar que sus operaciones se realizan a valores de mercado. Entre las indicaciones se agrega la posibilidad de que el contribuyente no utilice ningún método, manteniendo la obligación de acreditar, en caso de que se requiera, los antecedentes de la transacción analizada.