RICARDO LEÓN

De distintas maneras y con algunos nuevos protagonistas, la situación en dos zonas de intensa actividad minera podría sufrir giros preocupantes después de las recientes elecciones regionales y municipales.

Por un lado, en el corredor minero del sur andino, utilizado principalmente por las empresas Las Bambas, Hudbay y Antapaccay, la elección de varios alcaldes del partido Perú Libre podría significar un nuevo ciclo de protestas; por otro lado, en Madre de Dios, epicentro de la actividad minera informal, se prevé que las autoridades electas representen un escollo para la fiscalización y la formalización.

EN EL SUR
En la provincia de Cotabambas (Apurímac), donde opera la empresa minera MMG Las Bambas, ha sido elegido Dante Contreras, candidato de Perú Libre. Este municipio, para tenerlo como referencia, ha recibido para este año un presupuesto institucional modificado (PIM) de S/487 millones, una gran parte proveniente de la actividad minera.

Dentro de esa provincia, dos distritos claves donde el partido de gobierno logró imponerse son Challhuahuacho (el candidato ganador fue Luis Iván Cruz) y Coyllurqui (Fritz Valencia). El primero maneja un PIM de S/232 millones y el segundo, de S/41 millones.

Estos distritos tuvieron que ser declarados en estado de emergencia en abril de este año, luego de que las prolongadas protestas y bloqueos de vías obligaran a la empresa minera a suspender sus actividades. La medida decretada por el Ejecutivo se mantuvo hasta junio, cuando se reanudó el diálogo entre las partes.

Otra localidad del corredor minero donde Perú Libre obtuvo una alcaldía es el distrito de Livitaca, en la provincia de Chumbivilcas, en Cusco. Allí, el candidato ganador fue Richar Bellido Ugarte, hermano del congresista Guido Bellido, quien a inicios del gobierno de Pedro Castillo fue nombrado primer ministro, cargo que ocupó por tres meses. En esta localidad, el PIM asciende a S/113 millones.

Pero en este proceso electoral se ha visto un fenómeno distinto. Pese a que Perú Libre ha manejado desde siempre un discurso antiminero –por citar un ejemplo, en junio la congresista Margot Palomino presentó un proyecto de ley para nacionalizar el cobre y crear una empresa estatal a cargo–, en la campaña no ha habido un mensaje tan radical como en otras ocasiones.

Esto no garantiza, sin embargo, que la zona deje de ser uno de los principales focos de conflictividad en el país.

CARAS CONOCIDAS
En Madre de Dios, la situación es distinta. Allí dos importantes autoridades electas no se oponen a la minería, sino que la impulsan, a pesar de que esta actividad sea predominantemente informal.

Luis Otsuka fue elegido para ocupar el cargo de gobernador regional, y Luis Bocángel como alcalde de la provincia de Tambopata.

Otsuka, quien fue gobernador entre los años 2015 y 2018, fue antes dirigente de la Federación Minera de Madre de Dios. Siempre ha estado en contra de las normas impuestas desde el Ejecutivo para regular la actividad. Tiene además nueve investigaciones fiscales abiertas por presuntos delitos ambientales.

Gobernará al mismo tiempo que Bocángel, quien antes ya ocupó el cargo de alcalde de Tambopata (2007-2010). Él fue investigado años atrás por ser dueño de una draga empleada para extraer oro de manera informal en la selva.

EL ANÁLISIS DE EXPERTOS

César Ipenza, Abogado especializado en materia ambiental

Recientemente el Poder Ejecutivo decidió no prorrogar el estado de emergencia y, por ende, dejar fuera a las Fuerzas Armadas de este rol que venían ejerciendo frente al mayor y más peligroso delito ambiental -la minería ilegal- en La Pampa (Madre de Dios) y Alto Nanay (Loreto). Si aunamos los resultados de las recientes elecciones regionales y municipales, y la política actual que facilita esta grave actividad, la situación es compleja.

La reciente elección de Luis Otsuka -minero y dirigente- como gobernador regional de Madre de Dios, habiendo ya sido en el pasado gobernador regional sin ningún resultado que mostrar en el proceso de formalización minera, y en cuyo discurso mencionaba que era imposible la formalización con las normas existentes, además de contar en su gestión con un exdirector regional de Energía y Minas procesado y buscado por la justicia hasta el día de hoy por, presuntamente, haber recibido pagos de mineros ilegales a cambio de favorecerlos; ante todo ello, la situación no es nada esperanzadora.

La situación será mucho más compleja, con autoridades nacionales que ‘facilitan’ el camino de la ilegalidad y actores regionales que ‘presionan’ para la inexistencia de controles. Es el espacio perfecto para el incremento de la deforestación, de invasiones, de exigencia de reconocimientos de nuevos mineros y nuevas zonas para extraer, de actos contra los derechos fundamentales, pues esta actividad trae consigo el sicariato, la trata de personas, entre otros tantos males.

La formalización minera sí es posible, cumpliendo con la ley e implementando salvaguardas ambientales como las planteadas por ejemplo por el Proyecto Prevenir de USAID y trabajada juntamente con mineros de Madre de Dios, como: eliminar progresivamente el uso de mercurio y reemplazarlo con tecnologías alternativas; asegurar operaciones mineras eficientes, responsables y seguras, mediante un plan de minado y un plan de seguridad y salud ocupacional; gestionar el agua y restaurar los paisajes a través de un Sistema de Manejo de Aguas Residuales (SMAR) y el cierre progresivo de minas; respetar los derechos humanos y garantizar el bienestar de las personas mediante la adopción de normas mínimas de conducta.

Otra forma de generar resultados en el corto plazo es emprender procesos efectivos de lucha contra la corrupción, presente en todos los niveles de gobierno, como también lo ha planteado el “Estudio sobre elementos, evidencias y mecanismos de corrupción en la cadena de valor de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en la Amazonía peruana” de USAID, que sin duda contribuiría a una MAPE responsable y que generaría beneficios para la sociedad.

Toca estar vigilantes y emprender nuevos mecanismos jurídicos desde todo nivel para impedir que se siga flexibilizando la normativa en desmedro de todo nuestro país.

Iván Arenas, analista político

"En esta zona, la institucionalidad comunal importa más que la elección de un alcalde distrital por más radical o antiminero que sea"

De los 14 distritos que conforman el denominado corredor vial sur, Perú Libre solo gana en cuatro de ellos y en una provincia (Cotabambas) ¿Es un éxito, como indica Vladimir Cerrón? No, por varias razones. Durante la campaña, ninguno de los candidatos perulibristas prometió la “nacionalización” o “estatización” de la minera. Ni siquiera el electo alcalde por Livitaca -Richard Bellido, hermano de Guido Bellido, congresista y operador cerronista- prometió una radical oposición a la minería moderna. El propio alcalde electo de Challhuahuacho por Perú Libre, Iván Cruz, acaba de decir que “no es antiminero”. ¿Cuál es la conclusión? Que en estas elecciones locales, ninguno de los candidatos de Perú Libre desarrolló un discurso ideológico y radical ni levantó banderas contra la minería moderna; de lo contrario, hubiesen perdido. Al ser esta una elección muy local y vecinal, la población votó por los candidatos perulibristas por otros motivos. El corredor no se pintó de rojo y nadie prometió “estatización”, como hubiese querido Vladimir. Esto es una derrota.

Hay otro tema. En esta zona, la institucionalidad comunal importa más que la elección de un alcalde distrital por más radical o antiminero que sea. Es la comunidad la que manda. ¿Habrá conflicto con las nuevas autoridades elegidas en el corredor? Seguro que sí, como las hubieron con las anteriores. El detalle es que los conflictos en la zona ya no tienen ni tendrán un tinte ambiental o ideológico de izquierda. Los conflictos son y serán por mayores beneficios y prebendas. Y las comunidades utilizan los paros, bloqueos y a veces hasta el chantaje para obtener beneficios. No son conflictos sociales, como suele pensarse desde la academia, sino negociación entre privados: mina y comunidades. Hay una ultima reflexión: hay una clase media potente alrededor de la minería en la zona. Casi el 70% de todos los candidatos en el corredor declararon cuantiosos ingresos. Algunos hasta millonarios.