JORGE FALEN

La mayoría de candidatos a gobiernos regionales en los seis departamentos con mayor inversión minera acumulada no tienen propuestas concretas para impulsar en los próximos años esta actividad ni estrategias claras para reducir la conflictividad social alrededor de los principales proyectos.

Este hecho se da en un escenario caracterizado por la reducción prevista del flujo de capitales privados para los próximos años. En su último Reporte de Inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que la inversión minera local se contraerá en 2,7% este año y en 16,2% en el 2023 debido a un entorno de inestabilidad política local e incertidumbre.

Las jurisdicciones analizadas por este Diario representan una inversión futura de US$45.165 millones, cifra que equivale al 85% del total de la cartera actualizada de proyectos mineros (US$53.168 millones).

Asimismo concentran 27 de los 68 conflictos sociales activos asociados a este rubro. La lista está integrada por Cajamarca, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Piura y Cusco.

PRINCIPALES HALLAZGOS
Luego de una revisión de 53 planes de gobierno correspondientes a las agrupaciones que compiten por el gobierno regional en estas jurisdicciones, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio encontró que el 35% de estos (19 planes) no detalla estrategias para impulsar la actividad minera, mientras que el 55% (19 planes) no desarrolla las ideas de la agrupación encaminadas a reducir la conflictividad social.

Asimismo, si bien reconocen en su mayoría reconocen la importancia de este sector para el desarrollo de sus localidades, las pocas propuestas que más se repiten son tareas que ya vienen siendo abordadas por entidades del gobierno nacional, como el monitoreo ambiental, la fiscalización de las grandes unidades mineras, la delimitación de zonas intangibles o el cobro adicional del canon y las regalías.

Solo 13 de los 53 planes detallan acciones encaminadas a formalizar o supervisar la mediana o pequeña minería.

En tanto, las iniciativas para abordar los conflictos sociales pasan por establecer mesas de diálogo y solo cuatro planes proponen abrir oficinas regionales para la prevención o resolución de los mismos. De las regiones anteriormente mencionadas solo Arequipa cuenta con una oficina de gestión de conflictos en pleno funcionamiento, según informó la Defensoría del Pueblo.

TAREAS PENDIENTES
¿Qué actividades deberían priorizar en los siguientes cuatro años las nuevas administraciones regionales? Para Rómulo Mucho, ex viceministro de Energía y Minas, la relación de las regiones con la minería encierra una paradoja: por un lado tienen cierto rechazo a su desarrollo; pero también demandan los recursos que genera esta actividad para sus planes de desarrollo.

“[Las administraciones regionales] deberían colaborar con hacer entender a las comunidades que las sobre expectativas no son buenas para la región y que las empresas cumplen con lo suyo. Es importante que ellos participen porque dispondrán de los ingresos que genera el impuesto a la renta de la minería y que también ayuden a resolver los conflictos. No vemos una acción decidida ni proactiva en ese aspecto”, opina.

Marita Chappuis, consultora en temas económicos y ambientales relacionados con la minería, resalta que desde hace 15 años es función de las las regiones supervisar desde el punto de vista ambiental y de seguridad las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal.

“Si encontramos minería informal, los que deberán velar de que se formalice son los gobiernos regionales. La mayoría sino todos los conflictos sociales son una queja por la ausencia de obras, postas, escuela, caminos, infraestructura que estos niveles de gobierno tienen la obligación de construir, y que no se la dan porque son simplemente incompetentes”, explica.

Por su parte, Iván Arenas, especialista en comunicación y minería, señala que, si bien ningún candidato de las principales zonas mineras se ha opuesta directamente a esta actividad, aún no ha detallado qué hacer con los recursos que genera, tal como el canon y las regalías.

“En las principales zonas mineras Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Cusco, Moquegua no hay ninguna que por lo menos se oponga directamente a la minería y eso es bueno. Pero todos no asumen tres cosas: la gestión de los conflictos alrededor de la minería moderna, la promoción de más inversiones mineras y qué van a hacer con los recursos. En los debates realizados en todas las regiones por el Jurado Nacional de Elecciones ninguno habla de eso”, completó Arenas.