Un grupo de comunidades indígenas peruanas bloqueó una importante ruta de transporte de concentrados de cobre que impacta en MMG, Hudbay y Glencore.

El principal reclamo, según las comunidades que bloquean, es por la expansión planificada de la mina Antapaccay propiedad de Glencore.

Las minas que utilizan la vía de transporte bloqueada por las comunidades incluyen Las Bambas de la china MMG Ltd, Constancia de Hudbay y Antapaccay. Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre.

Según el último informe de  la Defensoría del Pueblo,  Perú registró en agosto un total de 209 conflictos sociales, de los que 149 permanecen activos y 60 latentes, y el 63 % fueron de tipo ambiental.

El camino, la mayor parte del cual no está pavimentado, es un foco de conflictos sociales. Las comunidades empobrecidas a lo largo de la ruta han dicho durante mucho tiempo que la minería no ha mejorado su calidad de vida.

Una fuente de la mina Antapaccay, de Glencore, afirmó que el bloqueo de la carretera estaba “afectando el transporte de concentrados” de la compañía.

Flavio Huanque, el líder comunitario en la provincia de Espinar que confirmó el bloqueo, manifestó que los residentes locales exigen la presencia del ministro de Energía y Minas, así como que el Estado realice un proceso de consulta con las comunidades, de acuerdo con la normativa peruana.

La preocupación de MMG por diálogo retrasado

Representantes de la mina Las Bambas y del gobierno no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. Los líderes en Espinar no pudieron ser contactados de inmediato.

Las conversaciones entre las seis comunidades de Challhuahuacho, en Apurímac, y la minera Las Bambas (subsidiaria de MMG Mining) ya cumplieron tres meses; sin embargo, mientras en algunos casos, el diálogo avanza, en otros, el avance no prospera.

Así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio de Apurímac, Edward Palacios, quien sostuvo que en los casos de Fuerabamba, Choaquere, Chila, Pumamarca y Chuicuni, el avance de las mesas de trabajo que sostienen los comuneros con la minera y el Gobierno tienen un progreso de más del 50%, informó Gestión.

En el reporte elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se precisó que un total de ocho regiones peruanas tuvieron un retroceso en su producción, principalmente por los conflictos sociales. Asimismo, el organismo resalta que Apurímac ha sido el departamento más afectado, como consecuencia de la paralización de la minera Las Bambas por más de 50 días.

Además, se ha reportado un crecimiento nacional de 3,3% en la actividad productiva del segundo trimestre del año, de acuerdo con el reporte mencionado. No obstante, Apurímac, Moquegua, Amazonas, Tacna, entre otros, se encuentran primeros en la lista de regiones con cifras en rojo.

En ese sentido, el INEI revela que Apurímac sufrió una caída del 33,1% debido a la paralización de la minera Las Bambas, pues es la principal productora de cobre en el país. Así, esto se produjo por los conflictos sociales que generaron la suspensión de sus labores, desde el 20 de abril hasta el 10 de junio del presente año.

Por otro lado, en el caso de Moquegua también se presentó una disminución de 3,2%, debido a que la producción de cobre y molibdeno cayó por la paralización de la minera Cuajone. Este hecho sucedió entre el 28 de febrero y el 22 de abril.

Cabe resaltar que, en agosto de este año, la Defensoría del Pueblo reportó un total de 209 conflictos sociales, 149 activos y 60 latentes.

Mientras que, no sería igual con la comunidad de Huancuire. Además, dichas comunidad todavía no abandonaba los terrenos destinados al proyecto de ampliación, según lo advirtió en su momento Las Bambas, e incluso alertó sobre la presencia de minería ilegal en la zona.

“Al parecer, en las demandas relacionadas con infraestructura, obras y similares, como ocurrió con Fuerabamba con el transporte del concentrado de cobre, se está llegando a acuerdos. Los únicos con los que no se observa un avance es con Huancuire”, expresó.

En la víspera, Romualdo Ochoa, presidente de esta comunidad, manifestó su deseo de empezar desde cero las negociaciones con la minera, a fin de ser socios en partes iguales.

De este modo, Palacios denunció la existencia de “azuzadores legales”, quienes están detrás de los comuneros y de los conflictos, cuyo único interés es obtener beneficios económicos. Esto, según dijo, aprovechándose de compromisos pendientes que no solo corresponden a la empresa privada, sino también al Estado.

“Un reporte ya ha determinado que, en el corredor minero del sur, cada 30 kilómetros hay un conflicto; cada comunidad tiene un problema diferente y espera ser atendida. Sin embargo, en muchos casos, aun cuando las zonas no tienen bien definida su problemática, exigen compromisos de antemano”, explicó.

REFORZAMIENTO DE EQUIPOS TÉCNICOS
Palacios indicó que en las mesas diálogo en las que participa el Gobierno, es necesario el reforzamiento de los equipos técnicos; ello, además, no solo aterrizado a profesionales de experiencia en temas de conflictos, sino también a grupos de trabajo con un enfoque claro de la posición y compromiso del Estado.

“Equipos técnicos que entiendan qué es una mesa de diálogo, trabajar la política de conflictos y que deba seguir una línea directriz que venga del sector que corresponde. De lo contrario, a largo o corto plazo se generan discrepancias en otros sitios. Es decir, se soluciona los problemas en una comunidad, pero se acentúa en otra”, remarcó.

SITUACIÓN EMPRESARIAL
El representante de la Cámara de Comercio de Apurímac recordó que la paralización de casi dos meses de Las Bambas ocasionó una caída en la demanda de diferentes servicios relacionados a hotelería, restaurantes, lavanderías, entre otros negocios de la periferia de la empresa. A ello, agregó, el perjuicio de afrontaron los proveedores y también la pérdida de empleo.

Pese a ello, Palacios afirmó que los empresarios han retomado la recuperación, pero la incertidumbre sobre el futuro no permite, en algunos casos, el embarque de nuevos proyectos, sobre todo cuando se estima que la producción de Las Bambas para este 2022 sea de 240 mil toneladas métricas, por debajo de los 400 mil que es su capacidad.

“Hay mucha incertidumbre, pero también expectativas que se dé la solución definitiva a estos conflictos que en el primer semestre ya generaron pérdidas en toda la cadena”, anotó el titular del gremio empresarial, publicó Gestión.

LOS CONFLICTOS MINEROS EN PERÚ

El informe detalló que, del total de conflictos reportados en agosto, 133 fueron de carácter ambiental (63,6 %), mientras que 22 estaban relacionados con asuntos comunales (10,5 %), 15 con el gobierno nacional (7,2 %) y 13 con gobiernos regionales (6,2 %).

En menor medida, 10 estuvieron vinculados con asuntos de gobiernos locales (4,8 %), 6 fueron de tipo laboral (2,9 %) y 4 de demarcación territorial (1,9 %).

La región que concentró el mayor número de conflictos sociales fue la selvática de Loreto, con 28 casos, seguida de la andina de Cusco, con 18 casos, y la de Apurímac, con 17, publicó EFE.

En agosto surgieron tres nuevos conflictos, dos de ellos de carácter ambiental, en las regiones de Puno y Madre de Dios, y otro por asuntos relacionados con el gobierno local, en el norteño departamento de Cajamarca.

En concreto, las autoridades y comunidades de Puno, entre ellos criadores alpaqueros, exigen al Estado la declaratoria de emergencia en las cuencas del río Suches, así como la cancelación de concesiones mineras y la ejecución de proyectos de inversión pública para la remediación ambiental del río.

En la selvática región de Madre de Dios, mineros ilegales y población de la zona conocida como "La Pampa" se oponen a operativos de interdicción contra la minería ilegal y denuncian presuntos abusos policiales en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Asimismo, en Cajamarca, ciudadanos de la comunidad de Alto Perú demandan a las autoridades locales la culminación de la ejecución de un proyecto de mejoramiento de un camino vecinal.

El reporte, elaborado a través del Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales (Simco) de la Defensoría, registró una persona fallecida y otras tres heridas en el octavo mes del año, en enfrentamientos entre la Policía Nacional y mineros ilegales de Madre de Dios.

Reflejó, además, que en agosto acontecieron 337 acciones colectivas de protesta, 63 más que el mes anterior. De este total, el 60,2 % (203) fueron plantones y el 41,2 % (139) fueron protagonizados por gremios de trabajadores no sindicalizados.