MATIAS AVRAMOW 

Hasta hoy, nadie sabe a ciencia cierta si habrá gas o petróleo en el subsuelo marino en aguas profundas de la costa de Argentina. Aun así, una lista de -por ahora- 13 empresas firmaron licitaciones con el gobierno para explorar y explotar una amplia zona del norte del mar nacional, y otra en el mar del sur, cerca de las islas Malvinas. 

En medio del proceso se han desenvuelto conflictos entre la sociedad civil, el estado y las empresas interesadas, varias de las cuáles se han visto involucradas en incidentes de alto impacto ambiental en otras partes del mundo. 

Si bien hay estudios que afirman que ha habido una sustancial disminución de derrames en el océano, hay varias razones para que la sociedad civil vea con preocupación la instalación del offshore en Argentina. Aunque en el país ya hay contadas experiencias en aguas someras (costa adentro) y datos de derrames, varias organizaciones e incluso las mismas empresas prevén un incremento sustancial en la probabilidad de incidentes que afecten el mar.

Por ahora se pretende iniciar con un primer pozo exploratorio -llamado Argerich- a 300 km de la ciudad costera de Mar del Plata. El 9 de agosto se publicó en el Boletín Oficial, la aprobación de la segunda evaluación de impacto ambiental hecha por Equinor e YPF -las empresas responsables- después de haber sido revocada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable -y presiones de la sociedad civil. 

Según lo que la Secretaría de Energía informó a Diálogo Chino, se calcula que la exploración comenzaría a inicios del próximo año y detrás de ese pozo, otros proyectos buscarán instalarse a lo largo del territorio hasta poco después del 2050.

¿LA “ERA DORADA” DEL OFFSHORE?
Desde hace tiempo, en América Latina, el offshore se ha desarrollado de manera acelerada. “Nosotros creemos que en la profundidad del mar puede haber yacimientos similares a los que se encontraron en Brasil, en el Presal”, explicó Aldo Duzdevich, asesor y vocero de la Secretaría de Energía de la Nación. 

El Presal se convirtió en una aspiración regional desde que, en 2007 se encontraron depósitos gigantes de hidrocarburos a la altura de las costas de Río de Janeiro. A partir de ese descubrimiento, Brasil se posicionó entre los principales productores hidrocarburíferos en el mundo del offshore, junto con México y Venezuela.

Desde hace menos de cinco años, esa la lista se comenzó a ampliar: Ecuador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, Guyana, Surinam, Uruguay y Argentina han acelerado permisos y legislación que permite instalar esta industria en sus costas.

Hasta ahora, las empresas transnacionales con mayor presencia en esta parte del continente son ExxonMobil, Total Energy, Qatar Petroleum, Shell y Equinor. Esta última es la empresa más beneficiada de la explotación de hidrocarburos en el océano a nivel mundial.

En su mayoría, las licitaciones compradas por estas empresas comenzaron a partir de 2016 y se han intensificado en los últimos dos años. Casos como el de Guyana -en el cuál ExxonMobil halló uno de los yacimientos más grandes de la región- han potenciado la llegada de nuevas empresas y la apertura de nuevas licitaciones.

Aunque ya había varios estudios que apuntaban a la presencia de hidrocarburos en la costa este sudamericana, en 2021 se hallaron grandes yacimientos de petróleo y gas en las costas de Namibia, un país en el suroeste del continente africano. Este descubrimiento hizo reafirmar la probabilidad de encontrar depósitos del estilo en las costas de Uruguay y Argentina, ya que ambos continentes estaban unidos en el periodo cretácico.

Esa información fue sustento para justificar que entre 2019 y 2021, 13 empresas invirtieran más de US$ 724 millones en la compra de permisos para explorar 18 zonas trazadas en el norte del mar argentino y en zonas cercanas a las islas Malvinas. Pero eso es solo es el inicio del desembolso, ya que habría que considerar gastos operativos, infraestructura y salarios que puede llegar a ser 11 veces el monto pagado al gobierno argentino. 

Según un reciente estudio de la consultora Ecolatina la inversión de las empresas durante todo el tiempo de exploración y explotación no llegaría al 10% de las ganancias totales. Los cálculos son hipotéticos, y se calcula que las ganancias para la nación no superarían el 2% del total.

Para el gobierno argentino la promesa de encontrar nuevos yacimientos más que una “ventana de oportunidad” representa una necesidad urgente para resolver dos grandes problemas: la falta de dólares en el Banco Central y el abastecimiento de gas a la población. 

Y aunque la existencia de pozos costa adentro (inshore), como costa afuera (offshore) en el país lleva varios años, muchos de estos pozos están sellados, y se conocen como “pozos históricos”. Las primeras aportan alrededor del 20% del gas generado y las segundas han sido minúsculas.

Sin embargo, para el gobierno y su necesidad de resolver los problemas centrales de la economía, ese nivel de producción es menos que insuficiente.

Países como Guyana han abierto sus puertas al offshore para superar la crisis económica, especialmente después del confinamiento por la pandemia de Covid-19, y por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Sin embargo, grupos ambientalistas como Marine Conservation Society en Guyana, Ni un pozo más, en Brasil, y las organizaciones argentinas FARN, OPsur y otras más han denunciado que los marcos regulatorios son muy flexibles lo que puede desembocar en impactos ambientales gigantescos.

LOS IMPACTOS
Si bien la frecuencia de los derrames petroleros costa afuera ha disminuido a través de los años, la preocupación por ese u otro tipo de impactos es algo que no está descartado. Un estudio de la organización ambientalista Oceana concluyó en 2020 que la seguridad para evitar catástrofes en el mar no ha mejorado sustancialmente.

“Es probable que exista un mayor riesgo de derrame hoy en día, ya que se está perforando a más profundidad y a mayor distancia de la costa. Estamos hablando de más perforación con menos seguridad: es una receta perfecta para el desastre”, denunció en su momento, Diane Hoskins, directora de campañas de esa organización.

Un estudio de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina pone especial foco en la empresa Equinor, ya que su industria se extiende a más de 30 países en todos los continentes, y está involucrada en un abanico de irregularidades en el mundo. Entre ellos, una serie de derrames petroleros en Noruega desde 2006 a 2021. Ocho de las licitaciones que Argentina dispuso fueron obtenidas por la empresa.

Para Fernando Halperin, coordinador del Plan de Comunicaciones del Instituto Técnico de Petróleo y Gas (IAPG), el cual representa a empresas fósiles en Argentina, las denuncias actuales en contra del offshore son infundadas, ya que la capacidad técnica actual es “mucho más avanzada que lo que tenían hace 10 años”. 

En el último tiempo, las empresas han puesto un fuerte desarrollo en generar protocolos de contención, especialmente después del caso del pozo Macondo en el Golfo de México hace 12 años. Los resultados del incidente fueron trágicos y los intentos de mitigación realizados por British Petroleum -principal responsable- fueron insuficientes, según denunció el mismo estudio de Oceana. 

América Latina ha sido protagonista de algunas catástrofes que involucran a la explotación petrolera y a la contaminación marina. De los más representativos son el derrame en la Península de Paria y el río Guarapiche, en Venezuela, el derrame y fuga que sufrió la costa brasileña en 2019, o el más reciente caso de derrame en la refinería de Repsol, en las costas del centro de Perú a inicios del año.

Víctor Quilaqueo, especialista en offshore del Observatorio Petrolero Sur (OPsur), sostuvo que si bien el derrame es uno de los impactos más visibles, hay otros menos resaltados, pero igual importantes. “Existen emisiones gigantescas por fugas de gas como el caso del golfo de México el año pasado”. Según un reporte del proyecto Copernicus, en general la industria libera dióxido de nitrógeno que puede provocar lluvia ácida, u ozono. 

Estudios indican también que el sonido emitido por los cañones de aire que se usan para la exploración offshore pueden afectar a los seres vivos en el mar. “Estos estruendos emitidos a diferentes frecuencias pueden afectar ciclos reproductivos, alimenticios y orientativos”, explicó Michell Havlik, doctora en bioacústica marina en la Universidad de Kaust, en Arabia Saudita. 

Halperin indicó que la industria está enterada de esta situación y que ha implementado métodos para reducir el impacto. “Se llama arranque suave. Empezamos con un estruendo sutil y vamos aumentando la potencia progresivamente para que, si hay algún cetáceo o cardúmenes de peces empiecen a sentirse molestos y se alejen en el mar”, explicó el representante de IAPG. 

Entre 25 y 30 años es el tiempo calculado que la explotación offshore duraría hasta que los pozos de hidrocarburos se agoten o dejen de ser rentables. Esto siempre implica que hay un final y que todo lo que se desarrolló terminaría por quedar sin uso. “Gran parte de la infraestructura en los pozos se desarman”, apuntó Halperin. Otro porcentaje, según denuncian organizaciones, queda como activos varados o cascarones vacíos. 

Un reporte de la Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia (CCADI por sus siglas en inglés) advirtió que en poco tiempo esta maquinaria no aportará a la producción, consecuencia de la descarbonización del mercado por los compromisos climáticos.

Pero para OPsur, no solo es el gasto en la infraestructura lo que puede afectar a la economía y a la población. “Todos estos impactos afectan especialmente a las actividades en las regiones costeras. El turismo y la pesca pueden ser de las principales actividades de la zona se ven opacadas”, explicó Quilaqueo.

Halperin piensa que esto es una exageración. “Estamos a 300 kilómetros de la costa, ni siquiera se ven las plataformas”, replicó el representante de IAGP. Sin embargo, la construcción de puertos, refinerías, centros de acopio de los hidrocarburos, tendido de ductos, de caños y también de rutas de ocupación exclusiva para la industria pueden desplazar actividades económicas ya instaladas en el lugar además de despojar a esa población de una zona en uso.

EL PAÍS EN DONDE EL OFFSHORE SE INSTALA
Aunque hay poca información, es un hecho que el país ha tenido derrames petroleros en el océano.

En un pedido de acceso a la información pública realizado a la Prefectura Naval en junio, se informó que hubo al menos 17 derrames registrados entre el 2016 y 2022. Estos datos coinciden con un estudio hecho durante ese periodo por parte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que tiene un sistema de monitoreo de derrames en costas.

Los únicos datos disponibles comprenden solo esos seis años. Sin embargo, según la Ley 22.190, la  Ley Nº 24.089, la Ley 24.292, y la Ley 25.137, el monitoreo debería funcionar desde 1981 a la fecha.

El volumen derramado, materiales y empresas involucradas siguen siendo un misterio puesto que estos casos están en investigación judicial. No obstante, a partir del pedido de acceso a la información, la Prefectura Naval de la Nación informó que la suma total del pago de multas de todos esos años fue de US$ 19.408. 

En su compromiso de cambio climático, o NDC, el gobierno argentino plantea un escenario al 2030 en donde se de un crecimiento simultáneo de los combustibles fósiles, especialmente el gas natural, y de las energías renovables no convencionales. Sin embargo, desde la asunción del presidente Alberto Fernández no se han hecho nuevas licitaciones públicas a parques solares y eólicos. 

“No basta solo con tener una meta a 2030 o 2050, es fundamental elaborar una hoja de ruta para lograrlo”, apuntaron en el último Informe Ambiental de FARN Pía Marchegiani y Andrés Napoli, los directores de la organización. Esta exigencia es la cara de una disyuntiva que orbita entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Energía, con un peso diferencial inclinado al segundo.

De un lado, está la pretensión de generar, de forma acelerada, divisas para resarcir la crisis económica de Argentina. Y del otro lado, está la generación de políticas concretas para implementar una transición energética, regular la producción de hidrocarburos, y cumplir con la reducción de emisiones. “En el marco de un Estado que promueve el avance de hidrocarburos la capacidad de fiscalización, de control, o de regulación es muy limitada”, reconoció Quilaqueo.

Una de las últimas declaraciones sobre el tema del ministro de Economía, Sergio Massa desde Neuquén fue la de una generación de medidas para acelerar la producción hidrocarburífera. Tal es el caso de la apertura a la inversión de las empresas TotalEnergies, Pan American Energy (PAE) y Wintershall Dea que invertirán US$ 700 millones para avanzar con la construcción del proyecto hidrocarburífero, Fénix, en el mar Austral.

Por otro lado, adelantó que firmará en breve la prórroga de las concesiones de Oldelval y Oiltanking-Ebytem para apuntalar inversiones por US$ 1.400 millones para ampliar el sistema de oleoductos desde Vaca Muerta hasta Bahía Blanca.

En una reciente entrevista, la secretaria de Cambio Climático de Argentina, Cecilia Nicolini habló de las dificultades para llegar a un consenso en la estrategia de descarbonización del país al 2050, un complemento de la NDC al 2030 y algo a lo que se había comprometido Argentina a presentar en la COP26.

Si bien habla de colaboración con la Secretaría de Energía, Desarrollo Productivo y Agricultura no ha adelantado ninguna concreción ni con la anterior administración, ni con la actual. Aún con la COP27 a la vuelta de la esquina, no hay definiciones sobre esa estrategia, pero anuncian que será presentada en dicha cumbre.