El gobierno nacional presentó en el Juzgado Federal de Mar del Plata el material requerido por la Justicia en el marco del proyecto de exploración petrolera que se desarrollará en la costa bonaerense.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación entregó la declaración de impacto ambiental complementaria, que había solicitado el 3 de junio la Cámara de Apelaciones. En esa ocasión, la Justicia avaló la continuidad del proyecto al dejar sin efecto una medida cautelar pero mediante otra resolución hizo algunos requerimientos para terminar de despejar algunas incógnitas sobre el eventual impacto ambiental del proyecto.

El informe que se presentó busca responder a esas inquietudes y elevar los estándares de calidad de evaluación ambiental. Uno de los puntos requeridos por la Justicia era la modalidad de control y fiscalización del plan de gestión ambiental.

En la presentación, el gobierno garantiza la presencia de la secretaría de control y monitoreo ambiental, que depende del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Además, anuncia la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas para que lleven a cabo ese control.

Otro de los requerimientos se basaba en las medidas de protección de la fauna marina, que había sido uno de los temas recurrentes en las instancias participativas que se realizaron.

Parques Nacionales consideró que la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto abordó a este Monumento Natural Nacional adecuadamente y que las medidas del Plan de Gestión Ambiental son apropiadas para mitigar potenciales impactos.

La opinión de Parques durante el proceso permitió fortalecer las medidas del PGA de Equinor. Por ejemplo, incorporando una medida de “coordinación y soporte a la Red Federal de Varamientos durante el período de la operación”.

Las bases para el desarrollo de medidas que eviten y reduzcan el impacto de las prospecciones sísmicas sobre la fauna marina ya estaban explicitadas en un Protocolo específico (Resolución N° 201/2021), elaborado según los máximos estándares internacionales. Este protocolo resultó del análisis de una Guía de monitoreo del IBAMA, Brasil.

Por otra parte, también se había requerido un análisis de los “impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos” del proyecto en el área de intervención y los plazos temporales del proyecto.

Ante esta situación, Equinor actualizó e incorporó nuevos análisis sobre los impactos acumulativos y sinérgicos, junto con información provista por la Secretaría de Energía.

Además, para evitar impactos acumulativos, se desaconsejó realizar actividades de relevamiento sísmico 3D en los bloques CAN 100, 108 y 114 en un plazo no menor de 24 meses, una vez finalizada la actividad sísmica aprobada por Resolución Nº 436/21.

En tanto, se presentó también el Estudio Ambiental Acumulativo que se había solicitado.

De esta manera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respondió a los requerimientos de la Justicia que deberá definir si finalmente se levanta la medida cautelar vigente para garantizar la continuidad del proyecto.

Los amparos habían sido presentados por el intendente Guillermo Montenegro y por una organización de ambientalistas autoconvocados y el Juez de Primera Instancia, Santiago Martín, había dictado una medida cautelar.