VALERIE CIFUENTES

El buen momento que han vivido las materias primas en lo que va de 2022 traería recursos extra al país a través de mayores ingresos y regalías. Un ejemplo de esto es que Colombia ahora hace cuentas con un barril de crudo Brent a US$100, mientras que a inicios de año lo estimaba en US$70.

Aunque es usual que se hable de las bondades que trae consigo el sector petrolero y minero, lo cierto es que hay otra cara del negocio de la que no se habla mucho: los billonarios pleitos jurídicos de estas empresas contra el estado de Colombia.

RADIOGRAFÍA DE LOS PLEITOS JURÍDICOS CONTRA EL ESTADO
Para tener mayores detalles de lo anterior, Bloomberg Línea consultó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De acuerdo con la Agencia, con corte al 31 de mayo de 2022, Colombia totaliza 18.441 demandas por parte de empresas petroleras y mineras, de las cuales el 48,6% se encuentran activas (8.966), y el 51,4% ya fueron concluidas o terminadas (9.475).

Ese total de demandas suma $132,4 billones, de los cuales la mayoría ($93,7 billones) corresponde a los procesos jurídicos que a la fecha se encuentran activos. Por su parte, $38,7 billones corresponden a las demandas ya terminadas o culminadas.

En el top 10 de principales causas de las demandas, por número de procesos, se destaca la constitución de servidumbre con 2.712 demandas, seguido por la terminación del contrato de trabajo sin justa causa (977), no reconocimiento en derecho de prestaciones sociales (735), despido sin justa causa del trabajador oficial (712), configuración del contrato realidad (458), no reconocimiento de prestaciones sociales (445), no reconocimiento de pensión de vejez (437), desplazamiento forzado (405), incumplimiento contractual (360) y no reconocimiento de reajuste salarial (356).

Por monto comprometido, o valor de las pretensiones, la Agencia menciona que el top 10 de las causas de las demandas son las siguientes:

+ Daño o amenaza ambiental por actividad del sector de hidrocarburos. Los recursos comprometidos por demandas de este tipo ascienden a $25,6 billones.

+ Daños derivados de acto administrativo lícito: $22,2 billones.

+ Omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control: $18,8 billones.

+ Ejecución de prestaciones sin contrato: $17,7 billones.

+ Daño o amenaza ambiental por actividad minera: $9,8 billones.

+ Enajenación de acciones sin el cumplimiento de los requisitos legales: $8,8 billones.

+ Daño especial por expedición de ley constitucional y/o acto administrativo lícito: $6,4 billones

+ Violación al debido proceso administrativo: $6 billones.

+ Ilegalidad del acto regulatorio: $5,5 billones.

+ Ilegalidad del acto administrativo que aprueba tarifas de energía, gas y gas combustible: $4,5 billones.

Por valor, el top 10 de empresas del sector demandante contra el Estado es el siguiente: Expreso Costa Sur ($5,5 billones), Projects of Energy Investment Corpsucursal ($1,9 billones), Emgesa ($1,3 billones), Biosalud Unidad de Vida ($1,3 billones), Ortopédicos del Pacífico ($1,3 billones), Equión Energía ($1,2 billones), Chivor ($1,2 billones), TGI ($1,1 billones), Worldwide Energy Investments sucursal Colombia ($800.54 millones) y Grupo Poliobras ($416.041 millones).

De otro lado, vale decir que en general, en otros sectores, en eltop 3 de las entidades más demandadas, con corte al primer trimestre de 2022, son la Policía Nacional con $134,2 billones, seguido por el Ministerio de Minas y Energía ($73,1 billones) y el Ministerio deDefensa ($70,8 billones).

LAS PREOCUPACIONES DEL SECTOR
“En la última década el sector de petróleo y gas ha representado en promedio anual el 6% del PIBa nivel nacional, el 43% deltotal de exportaciones, el 26% de la inversión extranjera directa y el 9,1% de los ingresos totales del GobiernoNacional Central”, detalla Campetrol.

Teniendo en cuenta el peso de esta industria en la economía nacional, las propuestas de campaña del presidente electo Gustavo Petro, han preocupado a las empresas del sector. Petro dijo que durante su gobierno no firmaría nuevos contratos de exploración petrolera, se detendrían los pilotos fracking, no permitiría la gran minería a cielo abierto y cesaría el desarrollo de yacimientos costa afuera.

Aunque Petro ha moderado su discurso frente a lo anterior, por lo pronto no se conocen mayores detalles respecto a la periodicidad de la transición energética que plantea, lo cual ha inyectado incertidumbre en la industria.

Sobre esto se ha alertado que si los contratos de concesión, que ha otorgado la autoridad minera y de hidrocarburos en el país, se interrumpieran de “ipso facto, sin duda acarrearían una serie de demandas internacionales contra el Estado colombiano por el incumplimiento de estos contratos y los daños y perjuicios que conlleva”, según dijo Leonardo Güiza, director del Centro de Innovación para la Minería y el Ambiente de la Universidad del Rosario.