Tras su salida del proyecto y luego de la presentación judicial del ex Matías Kulfas, hoy deberá presentarse en la justicia Antonio Pronsato.
El ex titular del GNK declarará ante el juez federal Daniel Rafecas el ex funcionario que estaba al frente de la unidad ejecutora de ENARSA a cargo del proyecto del gasoducto Néstor Kirchner. Se trata de Antonio Pronsato, quien renunció a sus funciones el pasado 30 de mayo, antes de la escandalosa salida del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas pero en medio de la escalada de tensión por la demora en los avances de la obra.
El martes deberán presentarse expertos e idóneos a designar por las cuatro empresas que extraen gas en Vaca Muerta (Pluspetrol, YPF, Tecpetrol y Total Austral). Mientras que el miércoles será la segunda audiencia oral con cuatroespecialistasdesignados por las empresas TGS y TGN (Transportadora Gas del Norte y del Sur), uno por parte del ENARGAS y otro por parte de la Facultad de Ingeniera de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El contrato con Siderca (del grupo Techint), ganadora de la licitación para la provisión de caños, todavía no se firmó, ni se pagó el anticipo. “Hay diferencias de criterios comerciales”, reconoció a LA NACION una fuente del Gobierno muy al tanto del proceso que hoy conduce el presidente de IEASA, Agustín Geréz, en tándem con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo. Son dos funcionarios que se referencian en la vicepresidenta.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, tomará el control total y la supervisión del gasoducto Néstor Kirchner. Así lo decidió el presidente, Alberto Fernández. Será una Comisión Evaluadora. Guzmán ubicará al frente de esa área al Secretario de Energía, Darío Martínez. Aún se desconoce si saldrá la decisión en una comunicación en el Boletín Oficial o será sólo un trámite administrativo. “Será un área creada que se formalizará en los próximos días”, confirmaron desde Presidencia.
La idea del gobierno sobre la continuidad de la obra es que se siga adelante con el primer tramo del gasoducto situado en Vaca Muerta y que Fernández quiere tener operativo a mitad de 2023. Hoy, la empresa estatal a cargo de la obra es Ieasa, conducido por Agustín Gerez.
Según explicó Camila Dolabjian en La Nación, el Congreso definió que un 25% de lo recaudado por la AFIP a las grandes fortunas sería asignado a “programas y proyectos que apruebe la Secretaría de Energía de la Nación, de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A., la cual viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF S.A.”.
El artículo no contempla la construcción de gasoductos ni de iniciativas parecidas. La industria petrolera se encuentra dividida en tres grandes sectores: upstream, midstream y downstream. La ley del impuesto a la riqueza puso el foco en el primero para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, pero en la implementación, surgió un problema: la dificultad de seguir ampliando la producción de las reservas hidrocarburíferas sin los medios para transportarlas.
Por este motivo, el Gobierno intentó enmendar el problema. En medio de la discusión sobre el Presupuesto 2022 en diciembre del año pasado, el oficialismo -a último momento- agregó 56 artículos al proyecto original, lo que generó un choque con la oposición. Uno de los cambios fue el artículo 101, que sumó dos palabras al detalle de la ley del impuesto a la riqueza: “construcción y transporte”. Esta adición buscó blindar el financiamiento del proyecto.
Según detalló Nicolás Wiñazki en Clarín, el ex secretario de Energía Emilio Apud afirma que, de acuerdo a su experiencia, el GNK no estará terminado para la fecha prometido por el Gobierno: “No van a terminarlo para el invierno del año que viene. Si todo funciona como un relojito perfecto, conseguir los estudios de factibilidad, los permisos ambientales en cada provincia, los permisos de paso por los campos por los que se trazó el gasoducto, con mucha suerte, se logrará concretar para fines del 2023”.
Un dato político. Hace dos semanas, el ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag visitó al presidente del BCRA, Miguel Pesce, y al jefe de Gabinete, Juan Manzur, para proponerles que se renueve un gasoducto que está algo en desuso, y que une su provincia con Chile, y lo mismo con un oleoducto. El dirigente del MPN estaba convencido que desde Vaca Muerta se podría reanudar la exportación de gas y petróleo al país transandino. De ese modo, con los dólares recaudados la Nación podría financiar parte del GNK. Eso mismo anunció el Presidente su par chileno, Gabriel Boric, durante la visita de ambos a la Cumbre de las Américas.
La obra del gasoducto sería en todo caso el menos cuestionable de los gastos del Estado, aunque termine siendo un enorme beneficio para las compañías privadas que lo terminarán usando. En paralelo, desde las arcas estatales siguen saliendo millones de dólares para subvencionar la explotación de los hidrocarburos de Vaca Muerta en su gran mayoría y una pequeña porción para el sostenimiento del denominado "barril criollo", según publicó Extremo Sur Patagonia.
Según los datos de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública) solamente hasta abril de este año el Estado Nacional pagó a las petroleras privadas un total de 100 millones de dólares en concepto de subsidios por Plan Gas IV - Gas.AR (Decreto 892/2020) -3.272 millones de pesos- y el Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017 -7.513 millones de pesos-.
En 2021 la suma fue muchísimo más abultada y ascendió a los 1.403 millones de dólares, repartidos entre el Apoyo a la Exploración, Desarrollo y Producción de Gas Natural (Ley 27.605) -60.190 millones de pesos- y el Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017 -73.439 millones de pesos-.
En 2020 y en plena pandemia los subsidios ascendieron a 567 millones de dólares, distribuidos entre el Plan Gas no Convencional Resolución MINEM N° 46/2017 -40.044 millones de pesos- y los Incentivos a la producción de gas natural (ex "Plan Gas") -68 millones de pesos-.
En tan solo dos años y cuatro meses el empresariado petrolero privado recibió del Estado nacional subsidios por 2.068 millones de dólares o su equivalente a 184.526 millones de pesos.
La cuenta de los subsidios no termina ahí, porque a lo largo de casi una década ascendieron a los 10.029 millones de dólares o su equivalente anual en moneda nacional; que termina sumando 220.208 millones acumulados desde 2013.
Esos mismos empresarios que se benefician con los subsidios estatales son los que en el reciente encuentro de la Asociación Empresaria Argentina fueron muy críticos acerca del déficit y el gasto público.
