FERMÍN KOOP

América Latina tiene casi todo lo que necesita para llevar adelante una transición a energías renovables: metas ambiciosas, un enorme potencial solar y eólico e industrias locales en creciente desarrollo. Sin embargo, el financiamiento para la transición es todavía insuficiente, con numerosas barreras a superar para revertirlo. 

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) estima que los países emergentes, una categoría en la que entra gran parte de la región, necesitarán un billón de dólares por año de ahora a 2050 para financiar su transición energética, comparado con los US$ 150.000 millones disponibles en promedio en 2020. 

Lograr esa meta requerirá un rol destacado del sector privado, que deberá canalizar más del 70% de las inversiones, junto con las las instituciones de financiamiento, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), de acuerdo a IEA, que espera un papel más limitado del sector público en las inversiones energéticas. 

Junto con el CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (IADB), el Banco de Exportación e Importación de China y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) han sido los principales actores del financiamiento energético en América Latina en las últimas dos décadas. 

Sin embargo, los fondos no sólo han sido insuficientes sino que también se han concentrado en combustibles fósiles por sobre renovables, de acuerdo a cifras del Observatorio Económico Latinoamericano. Es por ello que el incremento del financiamiento también debe venir acompañado de un redireccionamiento, coinciden especialistas. 

“Es un problema político y no económico”, sostuvo Leonardo Stanley, investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) de Argentina. “Al mirar los costos es más racional invertir en renovables que en fósiles. Pero la decisión de a qué sectores va el dinero es política a partir del lobby de las empresas petroleras”. 

LA TRANSICIÓN EN AMÉRICA LATINA
El sector energético de América Latina es responsable de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, y alrededor del 25% de estos provienen de la generación de electricidad con combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. El transporte también representa una parte significativa de estas emisiones relacionadas con la energía.

Gobiernos de la región se han comprometido a reducir esas emisiones en el marco del Acuerdo de París de cambio climático. De hecho, 15 países ya han adherido a la meta de alcanzar 70% de participación de energías renovables en su matrices energéticas para el 2030 en el marco de la iniciativa regional RELAC. 

Ello responde a las numerosas ventajas de América Latina para acelerar su transición energética. La región cuenta con reservas de minerales estratégicos, como el litio, necesarios para producir baterías y equipamiento para las energías renovables, además de un potencial destacado en energía solar y eólica e hidrógeno verde. 

Sin embargo, lograrlo será muy difícil sin un incremento en el financiamiento, tal como han resaltado presidentes de América Latina en la reciente cumbre COP26 de cambio climático. El argumento es que la región es responsable sólo del 8% de las emisiones a nivel global y por ello debería recibir un mayor apoyo en su camino a las renovables.

Rebecca Ray, investigadora del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, sostiene que China puede cumplir un papel creciente en la transición energética de América Latina luego de la pandemia, en línea con las inversiones ya registradas en energía solar y eólica, movilidad eléctrica y producción de litio.

Más del 15% de los más de US$58 mil millones que China invirtió en el sector energético de América Latina entre 2000 y 2020 se destinaron a energías renovables, según datos de la Universidad de Boston. Argentina, Brasil, Bolivia y Chile han sido los principales receptores de ese financiamiento.

“Si los gobiernos buscan ampliar el sector de renovables, van a encontrar un socio en China. Pero son ellos los que tienen que impulsar los proyectos y enmarcar la relación con China de esa forma,” sostiene Ray. “Los inversores chinos no van a venir a convencer a los gobiernos para que impulsen las renovables”. 

Mientras tanto, la inversión en combustibles fósiles continúa, con la decisión de gran parte de los gobiernos de utilizar al gas natural como un combustible de transición del petróleo y el carbón. Ello significa fondos públicos y privados direccionados a proyectos de infraestructura del gas que podrían ser utilizados para las renovables.

“Para los países de la región que tienen muchos ingresos y empleos vinculados a los combustibles fósiles, hablar de transición es dificultoso”, sostuvo Jeremy Martin, vicepresidente de Energía y Sustentabilidad en el Instituto de de las Américas, un think-tank de Estados Unidos. “Los fósiles son dinero fácil, a diferencia de ir a las renovables”. 

LAS BARRERAS EN LA TRANSICIÓN
Además de un compromiso de los gobiernos para impulsar una transición energética, movilizar el financiamiento en América Latina requerirá superar una serie de obstáculos, coinciden especialistas. El primero y más importante es el costo de capital, superior al de los países desarrollados y al de otras regiones emergentes.

Esto responde a varios factores, como la volatilidad de la economía, los riesgos constantes de una devaluación, sistemas financieros poco desarrollados e inestabilidad política, de acuerdo a un artículo de Mauricio Cárdenas, ex ministro de Finanzas de Colombia, y Luisa Palacios, investigadora de la Universidad de Columbia. 

Tal es el caso de Argentina, con más de 90 proyectos de energías renovables que habían sido asignados hoy con futuro incierto luego de la crisis económica del país, o el de México, con inversores en energía desconcertados ante el reciente intento del presidente Manuel Lopez Obrador de reformar completamente el sector energético. 

“Lidiar con estas limitaciones es particularmente importante porque financiar la transición energética no es como financiar los combustibles fósiles,” sostienen Cárdenas y Palacios en el artículo. “En las industrias extractivas, las empresas estatales o multinacionales invierten porque los ingresos superan los mayores riesgos económicos y políticos”.

La transición es también un desafío fiscal para los gobiernos de la región, cuyas economías dependen en gran medida de la exportación de combustibles fósiles. A diferencia de las renovables, que todavía no son grandes fuentes de ingresos fiscales y requieren de apoyo gubernamental como subsidios para su desarrollo.

Revertirlo requerirá reformas amplias de los sistemas fiscales de la región, redireccionando los actuales subsidios a los combustibles fósiles a la energías limpias, sostiene Stanley en un análisis para la Fundación Carolina. Los gobiernos incluso deberían considerar bloquear el financiamiento del sector público y privado a los fósiles, agrega. 

Para Carlos de León, economista mexicano especializado en el sector energético, es muy difícil que países que dependen de los ingresos petroleros, como México y Brasil, tengan incentivos para invertir en energías renovables. La electromovilidad es una de las pocas excepciones, sostiene, con políticas para mayores vehículos eléctricos. 

“La transición no es un problema aislado de un país, está en toda América Latina”, afirma de León. “Se necesita mucho más capital y el reto es de dónde se va a sacar. Si la región se va a alinear más con China como aliado en su transición o si se van a crear nuevos fondos de inversión. Por ahora, todo se queda en promesas”.