Las inversiones mineras en Perú, que sumaron US$ 60,000 millones en los últimos diez años, se muestran esquivas en el futuro cercano por los conflictos sociales en torno a varias minas y el próximo inicio de operaciones del último megaproyecto cuprífero, coinciden varios expertos.

Sin embargo, después de años de bonanza y una cartera incesante de proyectos, el presente parece ahora limitarse a las inversiones de mantenimiento.

“En la segunda parte de este año debe empezar Quellaveco a operar, luego de esto ya no tenemos proyectos”, agregó Jacob sobre la enorme mina de cobre ubicada en la región Moquegua, de la británica Anglo American, que ha significado una inversión de US$ 5.300 millones.

SIN PROYECTOS A LA VISTA
En los primeros dos meses del año, las inversiones en minería ascendieron a US$ 603 millones, un 5% más que en el mismo periodo del 2021, pero el 30% de ellas correspondieron a Quellaveco.

El también vicepresidente de Finanzas de la cuprífera Southern Copper indicó que el elemento fundamental “no es tanto la inseguridad jurídica, porque en eso hay un cierto clima de estabilidad, sino la conflictividad”.

De los 209 conflictos sociales reportados en abril pasado por la Defensoría del Pueblo, más del 63% estuvieron relacionados a quejas por daños al medioambiente debido a actividades extractivas como la minería, entre otras.

Southern tiene al proyecto Tía María suspendido desde el 2011 por conflictos con las comunidades aledañas y recientemente también paralizó su yacimiento de cobre en Cuajone por el bloqueo de un reservorio de agua.

Además, hace poco menos de un mes otra gran mina de cobre en operaciones de la firma china MMG quedó paralizada por protestas sociales en Las Bambas, región de Apurímac, en la sierra sur del país.

“Para el país, cada día que Las Bambas no opera se dejan de recibir US$ 8.5 millones de exportaciones y poco más de cinco millones de soles (US$ 1.3 millones) en impuestos por día”, afirmó Jacob.

Declaró que este clima de confrontación se tiene que manejar en paralelo, desde el Estado, para gestionar que “los conflictos no escalen a un nivel que se necesite que intervenga la Policía” y para que “los recursos que ya se han generado (por la minería) se conviertan en beneficio” para las comunidades.

FRUSTRACIÓN ALIENTA CONFLICTOS
De los aproximadamente S/ 40,000 millones (US$ 10,500 millones) que se generaron por la minería en impuestos y regalías en la última década, las regiones beneficiadas y el gobierno de turno gastaron el 60%, precisó Jacob, pero sólo una cuarta parte se destinó a salud, educación y saneamiento.

Ese nivel deficiente de gasto en las regiones productoras de metales genera “una gran frustración” y un “gran resentimiento porque la gente sabe que hay recursos, pero no ve cómo su vida mejora”, declaró José Augusto Palma, presidente del XIV Simposium Internacional del Oro, Plata y Cobre, organizado en Lima.

Sin embargo, agregó que “los reclamos no justifican la violencia” y que “lo que ha pasado en varios proyectos mineros es injustificable porque nadie tiene derecho a cometer un acto violento”.

En opinión del también vicepresidente legal y de Asuntos Corporativos de la minera aurífera Hochschild, el sector tiene que trabajar, junto al Estado, en “disminuir la conflictividad social y racionalizar los permisos que hoy se exigen a la minería”.

Subrayó que esta labor es imperativa, dado que en los próximos años va a haber “una disminución de la inversión privada porque, después de Quellaveco, no se vislumbra actualmente ningún megaproyecto de esta naturaleza”.

DEFENSA DE LA CARTA MAGNA
También desechó que sea necesario un cambio en la Constitución, como plantea parte del oficialismo, para introducir modificaciones en este sector. “Lo que hay que hacer es trabajar con las normas que se tienen para ejecutar los proyectos, para cerrar las brechas y no se necesita un cambio constitucional”, expresó.

Palma subrayó que el país tiene que encontrar la manera de aprovechar las grandes tendencias a nivel mundial que conducen a un mundo descarbonizado a partir del 2050, pues significa una mayor demanda de los metales que produce para introducir las nuevas tecnologías.

SAN MARCOS RECIBE MUCHO Y EJECUTA POCO
San Marcos es un distrito ubicado en la provincia de Huari, en el departamento de Áncash. Es el distrito más rico del Perú, ya que fue el que más dinero recibió por concepto de canon y regalías mineras en el 2021. Sin embargo, es uno de los distritos -refirió la gerente general de Comex, Jessica Luna- con peor ejecución a nivel nacional, según publicó Gestión.

Una muestra de ello -subrayó- es que el 2021, solo gastó el 36% del total de los recursos recibidos por estos conceptos.

Las brechas sociales y económicas en San Marcos son muy grandes.

“Alrededor de 3,000 hogares no tiene acceso a la red de desagüe, el 99% de las pistas están sin pavimentar, se requiere construir 10 colegios para cerrar la brecha de infraestructura educativa, el 15% de niños padece desnutrición crónica y el 82% de la superficie agrícola no cuenta con sistema de riego (8,231 hectáreas)”, mencionó.

Lo que reflejan las cifras y la realidad es que en San Marcos -sostiene Luna- no existe un problema de recursos, sino de absoluta incapacidad que ha impedido que todo ese dinero recibido por la actividad minera durante años sea invertido eficazmente en obras y mejores servicios públicos para la población.

Solo en el 2021, de acuerdo a datos de Comex, se dejaron de invertir S/ 466 millones, con lo que se pudo haber construido 7 centros de salud o utilizar menos de la mitad de estos recursos no gastados (S/ 173 millones) en cerrar la brecha de acceso a agua, saneamiento y electricidad del distrito.

Para abril del 2022, se tenía 24 proyectos paralizados que suman una inversión de S/ 191 millones. “En la gestión actual, entre el 2019 y el 2021, el distrito recibió S/ 248 millones para proyectos de transporte urbano, pero solo ejecutó el 20%, a pesar de que casi el 100% de las pistas de San Marcos están sin pavimentar”, sostiene la experta.

Lo que pasa en el distrito de San Marcos se repite en todo el Perú y, sobre todo explicó la gerenta de Comex, en las regiones mineras donde los distritos reciben mucho dinero por canon y regalías, pero la incapacidad de las autoridades, sumada a la corrupción, hace que estos no se traduzcan en una mejor calidad de vida para la población ni en mayores oportunidades para el desarrollo económico de la región.

Un punto a destacar -agregó- es que estas autoridades, además, azuzan a la población para bloquear la mina y protestar exigiendo más recursos, con lo que terminan jugando con las esperanzas de lo más pobres, que al final son abandonados una vez más por el Estado.

“Lo peor de todo es que luego postulan a otras alcaldías y siguen engañando a la población. Y no pasa nada”, sostuvo.

Ante ello, consideró que se requiere un cambio.

“Es necesario repensar el proceso de descentralización para que el uso de recursos sea más eficiente, castigar a los funcionarios corruptos inhabilitándolos para ejercer cargos públicos, establecer oficinas de gestión de proyectos que acompañen la gestión de las inversiones y reforzar mecanismos como obras por impuestos, capacitar y ofrecer asistencia técnica a funcionarios en regiones, así como sancionar a las autoridades que no cumplan con ejecutar el canon comunal en las zonas de influencia minera”, precisó.

“No permitamos que casos como el de San Marcos sean lo normal en nuestro país”, puntualizó.

LOS BENEFICIADOS
El 57% de la población en regiones del centro del Perú (Lima provincias, Junín y Pasco) se beneficia de la minería, según el estudio Impacto económico y social de la minería en el Perú Central-Perspectiva histórica y visión hacía el futuro.

Dicho estudio, que fue presentado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD), detalló que son 1.4 millones los que se benefician de la actividad minera a través de empleo directo e indirecto (367,000 personas) y familiares de los trabajadores (1′101,000).

De igual manera, el análisis resaltó el alto alcance que tiene la industria. En el caso de Pasco, el 90% de la población se beneficia del empleo que genera la actividad. En Junín, el impacto llega al 53% de la ciudadanía, mientras en Lima, donde se considera a las provincias de Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, el beneficio es para el 54% del pueblo.

Reducción de la pobreza
El estudio también destacó que la minería ha contribuido a reducir la pobreza en 18 puntos porcentuales en las regiones que abarca el análisis, pasando del 52% en el 2001 a 34% en el 2020.

“Ello ha sido impulsado por aspectos adicionales a la generación de empleo como la inversión minera, que superó los US$ 13,600 millones en los últimos 20 años: más US$ 3,100 millones en Lima Provincias, más de US$ 2,700 millones en.

Agregó que a ello se suman los aportes por canon y regalías que en los últimos 20 años han representado para estas regiones un acumulado que supera los S/ 6,400 millones. De ello, más S/ 1,600 millones fueron para Junín, S/ 2,700 millones para Pasco y S/ 2,100 millones en Lima Provincias.

“Cifras de esta magnitud acumuladas por estas regiones equivalen a la construcción de 45 hospitales o a la instalación de 2,540 plantas de oxígeno”, sostuvo el economista Rudy Laguna, director del CCD.

Miguel Cardozo, resaltó la necesidad de fomentar el desarrollo de una minería moderna y responsable en las regiones del centro del país para que esta continúe siendo determinante para el bienestar de la población.

Desde esa perspectiva, recordó que estas regiones cuentan con una cartera de inversión que suma un valor total de US$ 2,341 millones. Se trata de los proyectos Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones), Ariana (US$ 140 millones) y Shalipayco (US$ 91 millones) en Junín; Planta de Cobre Río Seco (US$ 410 millones) en Lima; y el proyecto Yumpag (US$ 81 millones) en Pasco.