España sólo fue capaz de producir en plena crisis energética un 0,34% del gas que consume a lo largo de un año. Esta cifra sitúa al país en una situación de gran dependencia exterior justo cuando el coste de este hidrocarburo se ha disparado a niveles históricamente altos por la guerra en Ucrania y los cuellos de botella en el mercado energético por la mayor demanda asiática.

En total, España compra gas a 16 países diferentes del mundo para complementar la cantidad que extrae del yacimiento de Viura, a escasos 12 kilómetros de Logroño. El principal proveedor ha sido históricamente Argelia, aunque el cierre del gasoducto del Magreb que atravesaba Marruecos y desembocaba en Tarifa ha supuesto un relevo en esta posición.

Ahora es Estados Unidos, mediante barcos cargados con Gas Natural Licuado, el que está inundando las costas españolas con gas procedente del 'fracking', una actividad que está prohibida en España por restricciones medioambientales.

El problema es que el gas que llega por barco se está pagando a un precio muy superior al del gasoducto argelino Medgaz, el único que por ahora se mantiene operativo. "

El aprovisionamiento por GNL se muestra más caro que el gas importado por gasoducto durante todo el año salvo en el mes de marzo, con diferencias por encima de los 30 euros por megavatio hora a final de año", advierte la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en su último informe de supervisión de los mercados mayoristas de energía.

Este documento ilustra muy bien cómo hasta el pasado mes de julio el precio del gas era similar sin importar su procedencia, pero a partir de ahí el coste de importar GNL por barco se multiplica por cuatro y alcanza el nivel de 63 euros por megavatio hora el pasado mes de diciembre (último dato disponible).

El coste del gasoducto también se duplicó en el segundo semestre del año -incluyendo la entrada de gas argelino y la importación desde Francia-, pero aún así no superó los 33 euros. Fuentes del sector explican que el aumento se debe principalmente al encarecimiento de las coberturas financieras y a la forma de realizar éstas, ya que en el caso de Argelia aún no se han aplicado subidas (aunque el Ejecutivo argelino ya ha avisado de que congelará todas las tarifas a sus clientes salvo las de España).

El cambio del tubo por barco tuvo un impacto claro en el esfuerzo que tuvo que realizar España para aprovisionarse de gas. "El coste de las importaciones de gas según la referencia de aduanas en España aumentó un 337%, al pasar de 13 €/MWh en el mes de diciembre de 2021 a 58 €/MWh en diciembre de 2020", detalla el informe.

Europa está sufriendo con especial virulencia la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania. La región anda inmersa en un proceso de transición ecológica hacia las energías limpias, pero el conflicto ha mostrado su todavía gran dependencia a los hidrocarburos de otras partes del mundo y, especialmente, al gas ruso. Y lo está pagando caro.

"Aunque el precio del gas también se incrementa en Estados Unidos, cierra el año a 11 €/MWh, esto es, diez veces menos que el precio en Asia o en Europa".

El país que dirige Joe Biden es uno de los grandes beneficiados en el plano energético gracias a su capacidad para producir y exportar gas y petróleo. Sólo unas semanas después de iniciarse el conflicto, Estados Unidos anunció un plan de suministro de gas a Europa para facilitar que esta región se alejara de Rusia.

El gigante norteamericano disparó el año pasado un 50% su producción de gas y se situó como tercer gran productor mundial utilizando la fracturación hidráulica, que permite un acceso a los hidrocarburos más rápido y barato.

INTERVENCIÓN EN FRONTERA
En todo caso, el precio del gas en frontera está por debajo del que se cotiza en el Mercado Ibérico del Gas, utilizado como referencia para marcar el precio de este combustible usado para generación eléctrica. Por eso hay grupos como Iberdrola que plantean al gobierno intervenir directamente sobre el precio del gas y evitar alterar el mercado eléctrico.

Esta opción podría conllevar un ahorro de 3.500 millones de euros al año, según un estudio de la consultora Arthur D. Little, e implicaría que el Ejecutivo obligara a las empresas que traen el gas a España a vender a los ciclos combinados a un precio de importación más un margen logístico y comercial que asegurara su rentabilidad razonable.

Sería otro tipo de intervención distinta a la que actualmente plantea la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que pasa por limitar el coste del gas utilizado por los ciclos al generar la electricidad. El riesgo de la alternativa sería, en todo caso, que los importadores de gas prefirieran llevarse este hidrocarburo a otro lado aprovechando la gran demanda actual del mercado.