La comisión de Medio Ambiente revisó y votó el articulado de varias iniciativas relacionadas con el funcionamiento de la industria minera en Chile, entre otras la nacionalización de las empresas de cobre, litio y oro (ver documento anexo)

Una de las propuestas aprobadas fue una que establece el dominio público minero y otra que apunta a la nacionalización de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro, aunque se rechazan las letras L,H y J de su articulado, relacionados con la composición de los directorios de las empresas, sobre el uso de tecnologías limpias y la distribución de los excedentes generados por la minería.

Según dicha Iniciativa Popular de Norma (IPN), que contó con la firma de 17.341 ciudadanos, Chile tiene "muchas necesidades sociales que no pueden ser satisfechas con el pretexto de que no existen recursos necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y la del litio y del oro, genera recursos más que necesarios también para satisfacer todas esas necesidades".

"Pero, como las empresas mineras, por lo general extranjeras, no pagan los tributos necesarios, esos recursos no lo reciben el país y por ello es necesario nacionalizar todas esas grandes empresas mineras", señala el texto. "La situación ideal es precisamente que todas las grandes empresas mineras están en manos del Estado, porque así vamos a recibir los recursos necesarios para resolver las necesidades sociales", añade.

Quienes resulten expropiados, agregue la propuesta, podrá reclamar la legalidad del acto y tendrá derecho a indemnización, la que se fijará "de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho" por tribunales de justicia.

Junto con esto, la comisión de Medio Ambiente revisó una propuesta que busca la "renacionalización del cobre y otros bienes públicos estratégicos". Aprobó el artículo 1 inciso 1 que establece que el "estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de todos los bienes públicos que sean establecidos por ley, en particular, de las aguas y las minas".

Eso sí, rechazó el artículo 1 inciso 2 que apuntaba que "la exploración, la explotación o el beneficio de los recursos naturales o bienes tales como la gran minería de cobre, los hidrocarburos, el litio y todos aquellos definidos por ley, solo podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas en las que tenga una participación como controlador".

Estatuto constitucional y fomento a la pequeña minería
También se discutió -y se votó su contenido por separado- una propuesta que establece el "estatuto de la minería", aprobándose solamente el artículo 2 que dice que la gran minería deba "en aquellos lugares en los cuales tenga concesión a gran escala y no desarrollando explotación de los yacimientos, establecer los convenios necesarios con la pequeña minería y pirquineros para el desarrollo de estos, con las correspondientes obligaciones y responsabilidades para los explotadores que se establecen en la ley”.

En cambio se rechazan artículos como el 1, que contemplaba que "el Estado es titular del dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible sobre todas las minas y yacimientos ubicados en territorio chileno (...), no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas", o el artículo 5 que establecía que "la exploración, explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que, el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo".

A su vez, se encontró en general la iniciativa que propone un "estatuto constitucional de la minería" , la que señala que "las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos, las tierras raras, cualquiera que Sea su composición, existente en cualquier parte del territorio del Estado, son Bienes Fiscales, de interés intergeneracional, y el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos estos, no obstante la propiedad sobre los terrenos superficiales. Estado ejercerá su propiedad sobre estos bienes en toda su extensión: uso, goce y disposición".

"El Estado podrá explotar por sí mismo de forma exclusiva las sustancias descritas, con aprobación previa de los proyectos mineros respectivos", agrega.

Otra iniciativa que viene en general la comisión fue la que establece un "fomento productivo para la pequeña minería" . Puntualmente, su articulado indica que "el Estado generará contratos directos acotados a la pequeña, mediana minería y pirquineros para el fomento productivo y acceso al uso de tecnologías".

"Dichos contratos directos contemplarán mecanismos adecuados para la garantía de la salud de los trabajadores mineros mediante la atención oportuna y por medio del fomento de la seguridad laboral para la prevención de enfermedades crónicas como la silicosis, el cáncer y otras. El Estado fomentará el rescate de la sabiduría ancestral en torno a dichos procesos productivos. El Estado deberá considerar el subsidio estatal para el fomento de las tecnologías limpias que contribuirá en el cuidado del ecosistema y el cuidado de los trabajadores que operan en las minas", añade.

Molestia en la industria minera
En cambio, una propuesta que se rechazó en su totalidad fue la Iniciativa Popular de Norma impulsada por la red Compromiso Minero y que contó con más de 24.000 apoyos, la cual buscaba "una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático".

Su rechazo rechazó la molestia de la industria. "Lamentamos profundamente que esta iniciativa que abogaba por una minería sustentable, comprometida con una mejor distribución de lo que genera la minería en los territorios, el medio ambiente y la conciencia de los desafíos y deberes que implica el cambio climático, haya sido rechazada", comentó Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla.

Mientras que María Isabel González manifestó que "al negar toda posibilidad de que la iniciativa avance en el proceso constituyente, sin siquiera llegar al Pleno o someterse al conocimiento y deliberación del total de los constituyentes, no se está tomando en cuenta a una parte importante de la población -más de 24 mil chilenos y chilenas que firmaron la iniciativa- y tampoco a las instituciones que la respaldaron. minería sustentable”.

A su vez, Fernando Cortez , gerente general de la Asociación de Industriales de Antofagasta, apeló "a la voluntad de los constituyentes y les pedimos que escuchen a las chilenas y chilenos, sobre todo a las voces de las regiones mineras de nuestro país. Es primordial para asegurar el desarrollo sustentable de nuestra zona que se incorporen algunas de las propuestas de nuestro IPN mediante indicaciones para que sean consideradas en el Pleno de la Convención".