FRANCISCA ESCALONA

Febrero comenzó con una noticia preocupante para la minería chilena. Y es que el primer día del mes la comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional aprobó en general el artículo transitorio que establece la nacionalización inmediata de los bienes naturales de Chile en la propuesta que elaboran de Carta Fundamental.

Esto, además incorpora el dominio del Estado de las empresas de explotación y su exploración.

Fue precisamente esta última materia la que preocupó al presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, quien envió una carta a El Mercurio donde cuestionaba la capacidad del Estado para hacerse cargo del proceso de exploración.

“¿Podrá el Estado destinar millones de dólares anuales a una actividad tan incierta como la exploración, que es fundamental para la sustentabilidad de la minería, teniendo requerimientos concretos en materia de educación, salud y pensiones?”, cuestionó el abogado.

En conversación con El Líbero, los economistas Rafael Aldunate, Cecilia Cifuentes y Tomás Flores coinciden en que una decisión como esta “significa paralizar el desarrollo del sector minero”.

Al mismo tiempo, advierten que con el Ministerio de Hacienda a cargo de la minería chilena, se produciría una “paradoja” donde el Estado deberá decidir si avanzar en ayudas sociales o en explorar eventuales yacimientos mineros.

Para la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros en ESE Business School Chile, Cecilia Cifuentes, son precisamente los mismos convencionales que levantan este tipo de propuestas, los que además buscan que con el proceso constituyente se apruebe un gran número de derechos sociales financiados por el Estado.

“Entonces qué es lo que vamos a hacer ¿destinar los recursos a la exploración y explotación minera o financiar derechos sociales? No hay recursos para hacerlo todo. Así que efectivamente lo que significa en la práctica nacionalizar los recursos es paralizar el desarrollo minero en el país y, por lo tanto, generarle un impacto muy negativo al desarrollo económico, que es lo que el día de mañana va a permitir financiar los derechos sociales, la educación, la salud”, expone.

Para el economista y miembro del Consejo de Expertos del Cobre, Rafael Aldunate, la actividad exploratoria es riesgosa y de alto costo, afirma que la mayoría de las veces se sondea terrenos con una alta inversión, pero sin encontrar yacimientos. Por esto, dice, es “lógico que el Ministerio de Hacienda prefiera la rentabilidad social”.

Al mismo tiempo, añade que en las ocasiones en que el Estado ha tenido que capitalizar Codelco para que la minera estatal alcance su nivel de producción, “le ha costado enormemente a los tres últimos gobiernos que Hacienda tenga los recursos disponibles para eso, imagínate mucho más en exploración cuando tienen el riesgo de que no encuentren nada”.

RENTABILIDAD SOCIAL VERSUS EXPLORACIÓN MINERA: UN CLARO GANADOR
El economista del Instituto Libertad, Tomás Flores, ejemplifica: “Pensemos en la rentabilidad social de que un niño egresado del Sename pueda estudiar Medicina como conocimos ahora el caso. La pregunta es cuántos niños como él no pudieron alcanzar esa realidad. Entonces, cuando pones los dos proyectos uno al lado del otro, todos sabemos cuál es el que va a ganar”.

En esta línea, explica Cifuentes es “lógico” que el Estado decida financiar proyectos de rentabilidad social por sobre la exploración minera, “porque tiene mucho más que ver con el rol del Estado, porque uno pensaría que en la actividad productiva hay interés de privados en hacerla. En cambio, el interés que puedan tener privados en financiar el Sename es claramente mucho menor. Ahí sería caridad o filantropía, entonces obviamente que el Estado tiene que priorizar su rol social sobre su rol productivo y no hay recursos para ambas cosas“.

En todo caso, explica Flores lo que expone Villarino es algo que ya ha quedado en evidencia con Codelco, empresa con la que existe “un drama habitual” al ser su dueña el Estado y representado por el Ministerio de Hacienda.

“Tratan de sacar la mayor cantidad dinero posible de las utilidades generadas por Codelco, porque con ello financia el gasto fiscal, mientras que, por otro lado, Codelco se queja todos los años de que le están sacando todas las utilidades y no le dejan dinero para poder financiar sus proyectos de inversión”, sostiene.

En consecuencia, la compañía estatal queda sin suficientes recursos para proyectos de inversión nuevos y tampoco para hacerse cargo de la exploración, por lo que “empieza a pasar que con el tiempo la capacidad productiva de la compañía se ve afectada”.

Esto, enfatiza Flores, es “resuelto” con el sistema mixto que existe actualmente donde coexista la estatal con empresas extranjeras que pueden avanzar en esta materia. “Antes de que existieran las concesiones en las carreteras, por ejemplo, cerca del 80% del presupuesto del MOP se usaba para la mantención de la ruta 5 sur y norte, quedaba solo un 20% para otras obras. Hoy día, con el sistema de concesiones, el MOP no gasta ni un centavo en mantención y construcción de las autopistas más importantes, todo su presupuesto lo destina a proyectos de alta demanda social”, ejemplifica.

“LA VIABILIDAD PRÁCTICA DE QUE SEA EL ESTADO EL QUE EXPLORE Y EXPLOTE RECURSOS MINEROS EN CHILE ES CERCANA A CERO”
La Comisión de Medio Ambiente está compuesta por 19 convencionales constituyentes que en la instancia abordaron tres polémicas iniciativas: la nacionalización del cobre, el rol del Estado en la minería y la convivencia de esta actividad con el respeto por el medio ambiente.

Tras la discusión en general, los miembros del encuentro tuvieron hasta el 8 de febrero para presentar indicaciones, para su posterior votación en particular. Posteriormente, las normas aprobadas serán presentadas en el pleno para que sean sometidas a votación por 2/3.

Villarino advierte, en la misiva enviada a El Mercurio, la inconstitucionalidad del proyecto, ya que según describe el proyecto de la nueva constitución “debe respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”, sin embargo, “la norma que comentamos infringe dos de las cuatro restricciones”.

Para Cifuentes, efectivamente existen aspectos jurídicos complejos, como el financiamiento de las expropiaciones, “finalmente nacionalizar esas empresas significa, en la práctica, paralizar el desarrollo del sector minero porque el Estado no tiene los recursos para explorar y para después explotar la minería”.

La directora del Centro de Estudios Financieros en ESE Business School Chile plantea que “tampoco es factible pensar en empresas estatales que se financien cien por ciento con deuda. De hecho, a Codelco el Estado le ha tenido que hacer capitalizaciones para poder conseguir que se logre financiar la diferencia con deuda, si no no hay financistas disponibles para comprar los bonos de una empresa que es cien por ciento deuda porque es demasiado el riesgo. En ese sentido, la viabilidad práctica de que sea el Estado el que explore y explote recursos mineros en Chile es cercana a cero”.

Al mismo tiempo, describe, la exploración es un actividad “tremendamente riesgosa” porque se comprometen recursos significativos y puede que la exploración fracase. “Hay privados dispuestos a correr esos riesgos, pero que los corra el Estado con los recursos de todos los chilenos es mucho más complejo porque cómo se explica después ‘mire gastamos 5.000 millones de dólares, pero nos fue mal y no encontramos nada’. Entonces es una inversión que además es riesgosa y lo que se busca con el gasto social del Estado es que no sea un gasto que finalmente vaya a nada o sea a fondo perdido y la exploración minera es una actividad de alto riesgo”, enfatiza.

CAPITAL, CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
Para el experto en minería, Rafael Aldunate, para el desarrollo de proyectos mineros se requieren tres elementos clave: capital, conocimiento y gestión. Del primero subraya que “Chile no lo tiene como país o como Estado”.

En cuanto al ‘know how’ señala que el Estado no lo tiene para el litio y ni el cobre, “lo tiene Codelco porque lo heredo de las minas que expropió que no partieron de cero”. Sobre la gestión, apunta, que requiere de la inversión extranjera para mantener el desarrollo que tiene actualmente.

Sin embargo, advierte que son precisamente propuestas como las presentadas en febrero en la Convención Constitucional las que podrían jugar en contra de otro bien preciado para la minería: la estabilidad. Dice que este último factor es requerido porque se trata de proyectos de “largo aliento” que requieren ser desarrollados durante años, considerando exigencias y regulaciones ambientales a largo plazo.

Según Aldunate, son las empresas extranjeras con mayor capital, conocimiento y capacidad de gestión las que podrían enfrentar dichos procesos, mientras que para el Estado la tarea es más compleja. “La estabilidad es imprescindible y además cuesta mucho lograrla. Lo mismo que en lo personal, la confianza cuesta desarrollarla, y con el proceso Constituyente, el riesgo de especular, de crear aprehensiones; la confianza que se ha construido durante años, se puede perder en días”, acota.

“El mundo cree que explotar el cobre y los productos mineros es sacar la mina, empujarla a los barcos y así de fácil, como si fuera muy fácil extraerlo, pero es muy difícil”, concluye.