SANTIAGO MONTIVEROS

Desde el entorno del gobernador Rodolfo Suarez admiten que Portezuelo del Viento podría finalmente no concretarse. Incluso, se atreven a hablar de porcentajes: "Las posibilidades de que se construya son menores al 20%".

Todo, basándose en el riesgo jurídico y económico para Mendoza en caso de adjudicar y después recibir un fallo adverso en el Coirco, a partir del laudo pendiente de Alberto Fernández.

De esta manera, aquella "obra del siglo" que se construiría con un resarcimiento pendiente de Nación por U$S 1.023 millones podría no llevarse a cabo. Sin embargo, como el dinero continúa depositándose y la cuenta bancaria de destino ya acumula U$S 320 millones habría que buscarle otra finalidad a estos recursos millonarios.

Que Mendoza cuente con más de U$S 1.000 millones que envía Nación a modo de resarcimiento sin un fin específico, no es nuevo y automáticamente surge un antecedente del que no se tienen buenos recuerdos: la indemnización que recibió la provincia en 1992 por las regalías petroleras mal liquidadas en la década anterior.

De hecho, esos U$S 600 millones que depositó Nación a Mendoza a fines de 1992 hoy en día representarían casi la misma cantidad de dinero que el previsto para Portezuelo del Viento; contemplando la inflación anual en Estados Unidos, aquel monto que recibió el gobierno de Rodolfo Gabrielli hoy ascendería a más de U$S 1.100 millones.

Parte de los fondos que recibió Mendoza a fines de 1992 fueron destinados a gastos corrientes y amortización de deuda contraída, quedando disponibles aproximadamente 400 millones de pesos-dólares de aquel entonces que se utilizaron para conformar, en 1993, el Fondo Para la Transformación y el Crecimiento (FTyC). Es decir, nunca se previó destinarlos, por ejemplo, a una obra de infraestructura específica.

¿QUÉ PLANTEÓ GABRIELLI CON EL FTyC?

Usar las regalías mal liquidadas que envió Nación para "financiar los proyectos de inversión privada y promover el desarrollo de los sectores económicos de Mendoza, poniendo a disposición de los distintos sectores de la provincia líneas de crédito para satisfacer la demanda de asistencia financiera local".

Sin embargo, desde sus inicios, casi la totalidad de los recursos se destinó al sector agrícola. Así lo remarca un informe del CEM elaborado en el año 2005. "Desde su creación, el Fondo para la Transformación y el Crecimiento  ha tenido un muy claro sesgo hacia las actividades agrícolas", se publicó, antes de justificar dicha apreciación.

"Si se suma malla antigranizo, implantación de viñedos y agricultura, el porcentaje de participación alcanza casi el 85%. Es decir que el FTyC ha tenido un muy claro sesgo", y agregaron: "No ha cumplido con el objetivo legal de asistir financieramente al sector privado para contribuir al cambio del perfil productivo de la Provincia". 

De ese informe del CEM (Consejo Empresario Mendocino) surge además que "el FTyC sistemáticamente tuvo capital de trabajo a disposición que no destinó a financiar inversiones mendocinas. Hizo plazos fijos en bancos nacionales privados y públicos: el FTC colaboró a fondear la política crediticia de otras instituciones. No faltó dinero, simplemente faltó una estrategia".

Pero no sólo allí se malgastó-dilapidó-perdió la millonaria indemnización que recibió Mendoza en los '90. También hay que mencionar la caída de los bancos provinciales, durante la gobernación de Arturo Lafalla, hoy en día ferviente opositor a la concreción de Portezuelo del Viento; así lo ha manifestado desde su Grupo Olascoaga.

Con la caída de los bancos Mendoza y de Previsión Social, también se perdió lo que quedaba de las regalías cobradas en 1992. En esta entidades estaban depositados los bonos e incluso dinero del FTyC. Entonces, pasaron a ser recursos que un organismo oficial debía reclamarle al propio Estado, lo que finalmente no se concretó. Así se perdieron otros 80 millones de pesos-dólares.

Si coinciden Suarez y Fernández, Mendoza podría hacer cualquier cosa con los U$S 1.023 millones de Portezuelo

Mucho se ha dicho y repetido que las sucesivas cuotas trimestrales que deposita Nación a Mendoza y que deben totalizar U$S 1.023 millones en octubre de 2024, sólo podrán destinarse a la construcción de Portezuelo del Viento u otro proyecto hídrico de generación de energía. Sin embargo, rápidamente esto se podría modificar.

En primer lugar, el acuerdo que firmaron el 29 de agosto de 2006 Julio Cobos y Julio De Vido (este último en representación del Gobierno de Néstor Kirchner) previó un monto, un plan de pago y un destino diferentes al vigente: U$S 1.005 millones a pagar entre 2007 y 2013 para "la obra presa central Portezuelo del Viento".

Ante la falta de cumplimiento, en 2019 Alfredo Cornejo firmó un nuevo convenio con el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Allí se actualizó el monto a U$S 1.023 millones, a pagar entre finales de ese año y 2024, y se modificó el destino del dinero: se dejó como objetivo Portezuelo del Viento, pero se agregó "y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial".

De todos modos, Portezuelo del Viento mantiene ventaja sobre el resto por el avance de los estudios y del proyecto en sí y, además, podrá generar más energía que cualquier otro dique, lo que se traduce en un mayor flujo de dinero que obtendría Mendoza.

Hoy en día el resarcimiento que debe pagar Nación como compensación por las pérdidas económicas que generó en Mendoza la continuidad de la promoción industrial, podría utilizarse para construir cualquier proyecto de generación de energía; en otras palabras, Portezuelo del Viento u otra represa. Y si la Provincia decide utilizarlo para otro fin, Nación tendría un argumento sólido para suspender los sucesivos pagos.

Sin embargo, si Rodolfo Suarez y Alberto Fernández se ponen de acuerdo, rápidamente los U$S 1.023 millones podrían usarse para financiar otros proyectos que nada tengan que ver con la generación de energía.

Especialistas consultados por Memo, incluso algunos juristas y dirigentes que tuvieron roles centrales en cargos ejecutivos en los últimos años, coincidieron en que fácilmente se podría firmar una adenda o un nuevo convenio entre Mendoza y Nación -tal como hizo Cornejo en 2019- y modificar el destino de los fondos millonarios.

Si ocurriera esto, para evitar que se repita lo que sucedió en los '90 con las regalías mal liquidadas, indudablemente surgirá la necesidad de un debate amplio, serio y con la participación de profesionales en el que se defina, de manera inteligente, un destino apropiado para otros U$S 1.000 millones que, ojalá, esta vez marquen un antes y un después para Mendoza.