Cámaras empresarias de Mendoza pidieron suspender la licitación de la obra más grande del país. Aseguran que está presupuestada a un valor mayor al real y que es ineficiente
PABLO ICARDI
De la promesa, al tedio de la espera y los problemas. La construcción de Portezuelo del Viento, en el Río Grande, es el proyecto de infraestructura más importante de Argentina en los últimos tiempos pero los problemas internos y externos demoran y ponen en duda su concreción, aún cuando la licitación está avanzada.
Los costos y algunas dudas sobre la eficiencia ahondan esos problemas. Ahora, un grupo de cámaras empresarias pidió suspender la licitación para poner en debate la conveniencia de la realización de Portezuelo. Los empresarios aseguran que la represa corre riesgo de no ser eficiente por el volumen de agua decreciente del río, que la ecuación económica es negativa y que recién 40 años después podría recuperarse la inversión.
Incluso consideran que durante años todo el dinero disponible para obras públicas será destinado exclusivamente a Portezuelo, evitando la diversificación y que esa inversión terminará beneficiando más a las provincias vecinas.
Pero el punto más duro es que aseguran que el presupuesto presentado por el único oferente está por encima del valor real de la obra. Es decir que la UTE Malal Hue presentó un precio más elevado al real debido a la falta de competencia. En ese tema el propio Gobierno está en un laberinto: la empresa presentó valores muy por encima del presupuesto oficial e incluso superando ampliamente el dinero disponible para hacer Portezuelo del Viento. Por eso solicitaron una mejora de oferta a lo que la UTE aún no responde.
"Esta diferencia, existiendo un solo oferente, hace altamente inconveniente la adjudicación al mismo; entendemos que el valor presupuestado está por encima del valor real de la obra, producto de que las condiciones y requisitos del pliego restringieron la participación de más oferentes, no habiéndose producido la condición de sana competencia que una obra de estas características exige", dicen los empresarios.
"Se solicita al Gobierno de la Provincia implementar un amplio debate e intertanto se suspenda el proceso de licitación, utilizando los fondos recibidos para el financiamiento de las obras del trasvase al Atuel, de saneamiento y conducción de canales en todos los oasis, con especial ponderación del oasis Sur de la Provincia", piden los empresarios. La nota fue enviada al gobernador Rodolfo Suarez y en la lista de adhesiones, que es amplia, se nota también una grieta: hay cámaras empresarias que están a favor de la realización de la obra, en general conducidas por representantes de las empresas que están en la UTE, y cada vez hay más que se oponen.
Entre quienes piden la suspensión están la Federación Económica de Mendoza, Coninagro, la Federación Agraria, ACOVI, ADERPE, la Cámara de Empresarios de la Construcción Independientes, Bodegas de Argentina, la Cámara de Servicios Petroleros, la Cámara de Servicios Mineros y muchas de las cámaras de comercio de los departamentos.
La obra ha tenido tantos giros que hizo, por ejemplo, que ahora Rodolfo Suarez y Alberto Fernández sean "socios". Es que ambos son parte de la gestión de IMPSA, la empresa metalúrgica que los estados nacional y provincial rescataron y ahora conducen.
Esperando a Portezuelo
Portezuelo del Viento consiste en la construcción de una enorme represa para regular el Río Grande e implica, además de construir el dique, mudar dos rutas, un pueblo y montar un sistema hidroeléctrico para generar y transportar energía. La obra se paga con el resarcimiento que recibe Mendoza por los perjuicios de la Promoción Industrial. La Nación pone los recursos y la Provincia los destina a Portezuelo. En total hay disponibles 1.023 millones de dólares.
La obra fue presupuestada por la provincia en 884 millones de esa moneda, pero el único oferente puso un precio muy por encima: 1053 millones de dólares más IVA. Justamente una de las polémicas del proceso es que por la forma en que se licitó se desalentó la competencia. Y solo se presentó y oferente.
La UTE está encabezada por la china Sinohydro, seguida por la empresa IMPSA (líder "espiritual" del consorcio), y las constructoras CEOSA y Obras Andinas. En el medio IMPSA estuvo a punto de desaparecer y ahora es gestionada por el Estado.
La nota de las cámaras empresarias blanquea una realidad que hace tiempo circula incluso en el oficialismo: si conviene o no realizar Portezuelo del Viento. Esa duda surge por los problemas políticos que rodean al tema (por la oposición del COIRCO), pero también por el contexto interno.
Más teniendo en cuenta que difícilmente Mendoza vuelva a tener en el corto plazo disponibles más de 1000 millones de dólares. La trabazón política y de gestión que tiene la obra atenta contra la urgencia, aseguran, que tiene la provincia. Por eso hay quienes impulsan que se usen esos recursos para otras obras diversas.
"El llenado de la represa demandará mucho más tiempo de lo planteado en las simulaciones del proyecto, a la par de impedir cualquier proyecto de trasvase. Como ejemplo de lo que planteamos, en la temporada 2016/2017 si la presa hubiera estado construida no hubiera podido acumular un solo m3, por cuanto la cantidad de agua a liberar para el riego aguas abajo, según acta del COIRCO del año 2016, fue mayor que lo que efectivamente el río erogó en ese lapso", explican. Según los propios empresarios, la represa tiene ecuación económica negativa.
"Aún con el precio del presupuesto oficial determinado para la obra, la producción de energía eléctrica no cubre los costos de construcción sino después de más de 40 años. Esto se agrava significativamente con el precio propuesto por el único oferente", aseguran.
Desde el Gobierno explicaron que ya están al tanto de los reclamos. Mientras, esperan que entre hoy y mañana la UTE responda el pedido de mejora de oferta que se realizó. Es que, como se dijo, el precio de las 6 alternativas que presentó Malal Hue están por encima del presupuesto oficial de la obra. El plazo original venció a mediados de junio, pero pidieron una prórroga que vence hoy 30/6.
Los 7 puntos de discordia
+ La disminución del caudal de río Grande. En los últimos diez años pasó de un módulo de 3.300 hm3 a 1.300 hm3. El IANIGLIA, el CONICET y la Universidad de Chile creen que esta disminución se acentuará en lo que queda del siglo. El llenado de la represa demandará mucho más tiempo de lo planteado en las simulaciones del proyecto, a la par de impedir cualquier proyecto de trasvase. Como ejemplo de lo que planteamos, en la temporada 2016/2017 si la presa hubiera estado construida no hubiera podido acumular un solo m3, por cuanto la cantidad de agua a liberar para el riego aguas abajo, según acta del COIRCO del año 2.016, fue mayor que lo que efectivamente el río erogó en ese lapso.
+ No hay trasvase al Río Atuel. El caudal actual y la tendencia del mismo en el Río Grande sumado al costo de la obra, hacen imposible el trasvase en el proyecto licitado; con el actual proyecto no se riega una sola hectárea de Mendoza, y en cambio sí se mejora y amplía la superficie bajo riego de las otras provincias. En el Acta del COIRCO Nº 857 de fecha 19/03/2019 queda claro que el proyecto que se está evaluando es sin el trasvase al Atuel.
+ Ecuación de rentabilidad económica negativa. Aún con el precio del presupuesto oficial determinado para la obra, la producción de energía eléctrica no cubre los costos de construcción sino después de más de 40 años. Esto se agrava significativamente con el precio propuesto por el único oferente.
+ Precio del único oferente. El precio propuesto, sumado a los gastos de inspección y otros que requieren la ejecución de la obra, superan ampliamente el presupuesto oficial y excede los 1.023 millones de dólares que la Provincia tiene para costear la obra, producto del acuerdo/resarcimiento acordado con la Nación en el juicio por la promoción industrial de las provincias vecinas iniciado en 1.998/9. Esta diferencia, existiendo un solo oferente, hace altamente inconveniente la adjudicación al mismo; entendemos que el valor presupuestado está por encima del valor real de la obra, producto de que las condiciones y requisitos del pliego restringieron la participación de más oferentes, no habiéndose producido la condición de sana competencia que una obra de estas características exige.
+ Impacto en la obra pública provincial. La diferencia entre los fondos disponibles para la ejecución de Portezuelo del Viento según el acuerdo firmado con la Nación, y el precio ofertado para su ejecución (más gastos asociados), determinará que la mayor parte de los fondos provinciales disponibles para obra pública durante los próximos años se destinen a esta obra; en detrimento de tantos proyectos que requieren inmediata ejecución en la Provincia: obras de infraestructura (en especial las de AYSAM, prestadores de servicios sanitarios de toda la Provincia, y el Departamento General de Irrigación: reparar cañerías, impermeabilizar cauces, entubar tramos, incorporar medidores, instalar tecnología de riego, reactivar desagües, recuperar agua subterránea, etc.); ejecución, reparaciones y mantenimiento de escuelas; programas de infraestructura municipal (PIM); obras de mejoramiento y mantenimiento de hospitales; etc. También, y como ventaja adicional a la obra Portezuelo del Viento, éstas serían realizadas en su totalidad con mano de obra e insumos locales, sin participación de empresas extranjeras. La mayoría las PYMES del comercio, la industria y la construcción no han podido cotizar con el único oferente de la obra.
+ Uso del único recurso hídrico no aprovechado en Mendoza: es imprescindible invertir en el trasvase del río Grande al Atuel y concretarlo, sin comprometer a la Provincia a ponerlo en riesgo. De este modo se podrán preservar los oasis del sur provincial, obras que se podrán ejecutar con parte de los fondos comprometidos por la Nación.
+ Beneficio a las otras provincias que integran el COIRCO sin invertir nada en la obra. La regulación del cauce del Río Grande que implica esta obra beneficia principalmente a las provincias aguas abajo de Mendoza. Entendemos que, en todo caso, es el COIRCO quien debería hacerse cargo de licitar, construir y financiar la obra; correspondiéndole a Mendoza la parte proporcional de la ejecución de esa obra.