La perspectiva durante 2020 y 2021 continuaría si se mantiene la actual Constitución
A junio de este 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) registró una cifra negativa de 189,9 millones de dólares, la peor de los últimos siete años, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB). Expertos atribuyen la caída a la falta de seguridad jurídica, reglas claras, sistema tributario y las restricciones que se mantienen en la Constitución Política del Estado.
De acuerdo con el reporte oficial del ente emisor, los -189,9 millones de dólares obtenidos durante el primer semestre de este 2020 es la más baja comparado con el mayor nivel que se obtuvo en 2013 con 1.749,6 millones de dólares, luego bajó a 656,6 millones en 2014, a partir de esa fecha las caídas fueron continuas, hasta cerrar 2019 con una cifra negativa de 237,4 millones de dólares (ver gráfica).
El economista Alejandro Arana señaló que el reciente informe entregado por el BCB sobre la IED neta, que muestra la cifra negativa de 189,9 millones de dólares, si bien es una mala señal, sigue con la tendencia de los últimos siete años.
Esto significa que desde el 2013 las IED netas han seguido una tendencia a la baja, con la sola excepción del 2017, de hecho, ya en 2019 éstas terminaron con un saldo negativo de 237 millones de dólares.
En su análisis, enfatiza que los sectores que se han visto fuertemente afectados son el minero, hidrocarburos y la industria manufacturera. Aunque sin duda la crisis económica, producto de la pandemia por Covid-19, agudizó los problemas.
Tomando en cuenta que el sector minero y de hidrocarburos ya venían sufriendo una considerable baja en la inversión extranjera, producto de los bajos precios internacionales del gas y los principales minerales de exportación que realiza el país.
“El hecho de que durante casi 15 años el gobierno de turno haya priorizado el crecimiento del mercado interno y mostrado poca apertura al comercio exterior, inhibió la llegada de más capitales. Si a eso sumamos la inestabilidad política que vivió el país durante 2019 y la extrema falta de seguridad jurídica, reglas claras y estables a lo largo del tiempo, que les permitan a los inversionistas un mínimo de certeza sobre el destino de sus recursos y la posibilidad de sacarlos del país cuando ellos así lo requieran, se puede entender por qué estamos en la situación actual”, consideró el experto.
Ante este panorama, sugirió que lo primero que debe hacer el nuevo gobierno, si quiere terminar con la escasez de inversiones foráneas, es generar seguridad jurídica de largo plazo y para eso se necesita acuerdos que incluyan al Poder Legislativo.
Entretanto, el economista Germán Molina precisó que la inversión extranjera directa bruta (IEDB) está conformada por la inversión extranjera directa, más la desinversión en Bolivia, que desde el 2014 fue disminuyendo de manera continua hasta junio 2020.
“El 2013 alcanzó 1.750 millones de dólares y el 2014 fue 657 millones, lo que significó una caída de más de 1.000 millones de dólares debido al clima no amigable y falta de incentivos tributarios y particularmente por la Constitución Política del Estado, que establece restricciones a la inversión en los sectores hidrocarburos y minería, que es de interés de inversionistas internacionales”, afirma.
En su criterio, esta declinación de la IED en el país empeoró en los siguientes años porque la desinversión, es decir la salida de capitales, aumentó desde el 2014 hasta junio 2020.
Precisó que particularmente a junio de este año la inversión extranjera directa neta alcanzó 190 millones dólares y la desinversión 271 millones de dólares, es decir la diferencia de 81 millones de dólares significa que la salida de divisas del país fue mayor al ingreso por concepto de IED
Según Molina, todos los sectores económicos fueron afectados, pero con mayor impacto el minero, el de transporte e intermediación financiera.
“La perspectiva durante 2020 y 2021 continuaría si se mantiene la actual Constitución, que establece restricciones en los sectores de hidrocarburos, minería y otros de exclusividad para su explotación por parte del Estado”, advirtió.
Además que otra de las limitaciones son la ausencia de institucionalidad, sistema tributario adverso, sistema de justicia débil de protección de la propiedad y legislación laboral de protección y beneficio a los trabajadores, que encarecen los costos de producción.
“Todos estos aspectos señalados contribuyeron a la desinversión en nuestro país y, por supuesto, también un contexto externo adverso por la crisis económica, acentuada por la pandemia del coronavirus”, concluyó Molina.
Rolando Morales Economista
No me extraña los resultados que se reportan los datos del Banco Central de Bolivia, por las razones siguientes: desde el 2014 existe una tendencia a la disminución de la actividad económica mundial, en particular de la República Popular de China, que se lleva a menores inversiones locales y extranjeras.
Además, la disminución de la demanda China contribuye a tener pronósticos poco optimistas sobre el comportamiento de la economía boliviana, que es un aspecto que los inversores toman en cuenta a la hora de asumir una decisión para invertir.
Otra de las causas es que ha disminuido mucho la inversión en hidrocarburos, debido a la modificación de los contratos de venta de gas natural a Brasil y a Argentina y a la incertidumbre sobre las reservas.
Lo que influye también es la inestabilidad política en Bolivia que se registró entre 2019-2020, hecho que se toma en cuenta en las decisiones de inversión.
Otro factor que incide es la incertidumbre sobre el tipo de cambio. Y los cambios sucesivos en el Ministerio de Economía generan dudas sobre lo que puede ocurrir en el futuro.
