Tras salir del Grupo de Lima en marzo de este año, el gobierno de Argentina retiró su apoyo a la demanda que el bloque interpuso contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), según se lee en una carta enviada por la embajada argentina en Holanda al organismo con sede en La Haya.

“El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”, afirma la carta enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.

La demanda había sido interpuesta por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

En la misiva, Argentina subrayó que su retiro es “sin perjuicio de las acciones que la Fiscalía lleva a cabo relativas a la situación de Venezuela conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma, respetando la independencia judicial”.

La carta fue enviada el 24 de marzo, el mismo día que el gobierno peronista de Alberto Fernández anunció su salida del Grupo de Lima, foro regional alineado con Estados Unidos y que denuncia los atropellos de la dictadura de Maduro en Venezuela.

El gobierno argentino, que impulsó un giro en la política exterior con respecto a Caracas, sostuvo en ese momento que la salida de ese bloque regional se debió a “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima” que había llevado a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.

En el comunicado, el gobierno argentino también denunció que las acciones del foro, liderado en las formas por Brasil y Colombia, no habían “conducido a nada” y dijo que la solución a la crisis venezolana pasa por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular”, y que permita la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.

La carta que reveló la decisión del gobierno argentino de abandonar las acción legal contra Venezuela se conoce unos días después que el presidente Alberto Fernández minimizara las violaciones de la dictadura chavista.

Pese a los múltiples informes de la ONU, de la Corte Penal Internacional, denuncias en la OEA y de la oposición venezolana, el presidente argentino dijo el pasado martes que “el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo”. Esa afirmación fue muy criticada en el país caribeño, donde no se percibe el cambio que señaló el mandatario argentino.

En medio de este contexto, Santiago Cantón, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual Jefe de la Misión Electoral de la OEA en México fue muy duro con el accionar de la administración nacional. “El retiro de Argentina en el caso contra Venezuela en la CPI significa que al gobierno no le importan ni las desapariciones, ni las torturas, ni las violaciones a mujeres comprobadas”, aseguró en Twitter.

Y continuó argumentando que “cuando la defensa de los DDHH se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones, etc” y por eso, con esta decisión, según quien fuera también secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, “el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones”.

“Es deplorable que este gobierno ponga efímeras alianzas internacionales por sobre la dignidad del ser humano”, concluyó su mensaje.