En un nuevo informe, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, describe la falta de acceso a la justicia en Venezuela y, en especial, los distintos crímenes cometidos por los grupos armados irregulares para ejercer control sobre el área: mutilaciones, apaleos y disparos se cuentan entre los ejemplos.

La extracción de minerales en la región venezolana del Orinoco, uno de los principales sosténes económicos del régimen de Nicolás Maduro, es resultado de una explotación y violación sistemática de los derechos humanos de miles de trabajadores informales.

Atraídos hacia la región como última expectativa de salvación ante la debacle económica, política y social que tiene lugar bajo la dictadura, quienes llegan allí -incluidos niños de hasta 9 años- enfrentan condiciones inhumanas de un trabajo para el que no cuentan con experiencia previa, abusos constantes por parte de los grupos irregulares que controlan las minas con la aquiesencia del régimen, y la posibilidad real de sufrir mutilaciones y asesinatos como formas de castigo.

Y aún si quedara inerme su integridad física, correrían también el riesgo de contraer enfermedades como el paludismo u otras causadas por la contaminación con mercurio, usado para extraer oro de la zona.

El documento también describe el impacto que la situación ha tenido sobre las comunidades indígenas asentados en la zona, en especial el pueblo Pemón. En concreto, hace referencia a la contaminación de su hábitat y los abusos sufridos por vivir en áreas adyacentes a donde se desarrollan las explotaciones ilegales.

Estas circunstancias fueron retratadas por un crudo informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet.

El informe, que también hizo un relevamiento de la erosión de la independencia del Poder Judicial en el país caribeño, se basó en entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes.

Al comenzar con la descripción de la situación, la oficina recordó que si bien estas actividades tienen lugar desde hace varios años, se exacerbaron en 2011, cuando se finalizaron las concesiones a mineras extranjeras. Y se aceleraron aún más en 2015 con el aumento de los precios internacionales del oro.

En 2016, de hecho, Maduro anunció la creación del “Plan de Oro”, que aseguró permitiría explotar los recursos presentes en el área, algo que llevaría obtener un beneficio estimado de USD 5.000 millones por año a partir de 2019. Eso no sucedió.

Ante la falta de infraestructura -tanto física como legal- los agentes del régimen han estimulado la minería a pequeña escala, una actividad que, además de tener efectos nocivos para el medio ambiente, plantea peligros para aquellos involucrados en la extracción física del mineral en dos áreas: por los perjuicios de salud que acarrea la tarea en sí, y por el hecho de tener que someterse a las bandas criminales que las controlan.

La ACNUDH indicó que, debido a la falta de transparencia en la materia por parte del régimen, no fue capaz de determinar en que medida se ha “logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal”.

“El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas, o sobre el número de mineros inscritos en el Registro Único Minero. El Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro y otros minerales que recibe de la empresa minera estatal Minerven”, indica un párrafo ilustrativo.

En consecuencia, explicó, “gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del Arco Minero del Orinoco (AMO), está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados”.

El dictador venezolano Nicolás Maduro junto a lingotes de oro. Foto: REUTERS/Marco Bello

“Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección. La información disponible muestra que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados ‘sindicatos’”, agregó.

El documento explicó que el rol documentado de las fuerzas del régimen es recibir sobornos por parte de estos grupos y, de esa manera, permitir la continuación de sus actividades. La dictadura se vale del comercio ilegal de oro que recaba mediante estas actividades para sostener su devastada economía. En concreto, ha intercambiado oro por alimentos y gasolina que usa para mantener su sistema clientelar.

La técnica de extracción más utilizada es la minería a cielo abierto, que implica la excavación de grandes cráteres en la superficie terrestre. Antiguos mineros contaron a los funcionarios de la ONU que descienden sin ninguna protección -”a veces incluso descalzos”- para recoger rocas y subirlas en sacos a lo largo de turnos diurnos y nocturnos de alrededor de 12 horas.

Las condiciones a menudo prueban ser fatales. Entre los relatos se contaron “deslizamientos de tierra que habían seupultado vivos a mineros”.

No obstante, la mayor fuente de peligro físico para los mineros son los sindicatos. El informe documenta numerosas formas de castigos corporales, incluídas las mutilaciones, las palizas y otras formas de violencia.

Lo ilustra con ejemplos: “Quienes no acatan las reglas impuestas por estas bandas y grupos son objeto de castigos corporales. Un minero fue golpeado en público por robar un cilindro de gas; a un joven le dispararon en ambas manos por robar un gramo de oro; una mujer fue apaleada por robar un teléfono a un miembro del sindicato, y a un minero le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro”.

Para actos de “mayor magnitud”, los asesinatos no están descartados. “Por ejemplo, el ACNUDH recibió información sobre dos hombres adolescentes que fueron ejecutados tras ser acusados de ser agentes infiltrados de otro “sindicato”. O robar oro”. Los cadáveres, indicaron, son frecuentemente arrojados a pozos abandonados que sirven como fosas clandestinas.

Predeciblemente, la vasta mayoría del oro extraído no queda en las manos de quienes realizan la tarea. “En general, para poder trabajar en las minas se les exige que paguen entre el 10 y el 20 por ciento del mineral extraído a los grupos criminales o elementos armados, y alrededor del 15 al 30 por ciento al propietario del molino donde se trituran las rocas para la extracción de oro”, describe el documento.

Lingotes de oro extraídos de manera ilegal de Venezuela fueron secuestrados en un operativo en Brasil en 2019. Foto: AP

Además, los mineros deben pagar altos precios por la comida y el agua a los vendedores de la zona, que a su vez pagan una tarifa a los grupos armados que controlan la zona, cerrando de esa manera el círculo de explotación.

Los vendedores no son las únicas personas que forman parte de las comunidades explotadas formadas alrededor de estas actividades ilegales y movidas por la desesperación. “También se regitró un fuerte aumento desde 2016 de la prostitución, la explotación sexual y la trata en las zonas mineras, incluso “de niñas adolecentes”, expresa el documento.

Las condiciones de alojamiento revisten el mismo nivel de precariedad. La mayoría acampan en los márgenes de las zonas mineras, donde “improvisan refugios con lonas de plástico y tablas de madera”. “No disponen de servicios de agua ni de instalaciones sanitarias, y no están conectados a la red eléctrica”.

Todas esas circunstancias llevaron a un aumento de las enfermedades, sobre todo el paludismo. Pero también se registraron afecciones tratables como la diarrea y las enfermedades de las vías respiratorias, e indicaron que aquellas prevenibles por vacunación, como el sarampión, están proliferando en las poblaciones indígenas, a menudo con desenlaces fatales.

También se documentaron afecciones relacionadas al uso generalizado de mercurio para la actividad, especialmente en mujeres, mayormente abocadas a tareas que implican el contacto con el agua. El mercurio ha sido prohibido método de obtención o tratamiento de minerales.

Y los efectos no se manifiestan solo en los mineros, sino también en las comunidades indígenas que viven en las partes bajas de los ríos del Arco Minero. Otras consecuencias para estas comunidades son los elevados niveles de violencia y el impacto ambiental de la actividad. Ello, aseguró la ONU, “incide fuertemente en su derecho a la autodeterminación”.

“Por ejemplo, el 22 de noviembre de 2019, miembros de una banda criminal atacaron con armas de fuego la comunidad de Ikabaru, aledaña a una zona minera situada en el territorio indígena Pemón en el estado de Bolívar. Ese ataque provocó la muerte de ocho personas, entre ellas un indígena pemón, un adolescente y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Los pueblos indígenas también han denunciado abusos contra los derechos humanos”, remarca otro párrafo ilustrativo.

La situación, combinada con ha llevado a que los indígenas se vean obligados a explotar sus tierras tradicionales para sobrevivir, cuando anteriormente lo hacían a través de una combinación de actividades de caza, pesca, agricultura, turismo, comercio de productos artesanales y minería artesanal tradicional. “La incapacidad para proseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural coarta su derecho a la autodeterminación”, concluyó la organización, que para finalizar el documento emitió una serie de recomendaciones destinadas a mitigar o sanear las distintas violaciones a derechos humanos que tienen lugar en la zona.