PAULA SZENKMAN * Y ALEJANDRO EINSTOSS **

La Argentina puede ser un jugador global de la transición energética. Cuenta con vastos recursos en su territorio -hidrocarburos convencionales y no convencionales y de fuentes renovables-, y una historia de liderazgo en capacidades del sector. Sin embargo, la historia reciente muestra que no ha podido garantizar el abastecimiento de energía de forma abundante, a precios competitivos, y que los incentivos que moldean las decisiones de inversión del sector responden más a problemas de orden macroeconómicos y distributivos, y no a prioridades de desarrollo del sector.

Argentina cuenta con uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo en Vaca Muerta y un nutrido clúster empresarial de industrialización de hidrocarburos, incluyendo desarrollos para el transporte, como es la industria del gas natural comprimido (GNC). El desarrollo de los recursos podría, además, jugar un rol mucho más preponderante en la transición energética de otros países como sustituto de combustibles de mayores emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década. En este sentido, es crucial el avance en la demorada puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner -que conecta Tatayén en Neuquén con Saliquelló en la Provincia de Buenos Aires integrándose a la extensa red de gasoductos nacional que abastece al país-. Esta obra de gran relevancia facilitará evacuar una mayor cantidad de gas natural producido en la cuenca neuquina, mejorar el abastecimiento del país, y sustituir importaciones de gas natural licuado (GNL) permitiendo ahorrar divisas.

Además, el Acuerdo de París y los compromisos asumidos sobre el cambio climático abren oportunidades y desafíos de la transición energética. En los próximos años se espera que se consoliden nuevas tecnologías, críticas para acelerar la transición, como el auto eléctrico, la batería de litio, la generación renovable, las bombas de calor, el hidrógeno, artefactos eléctricos más eficientes o la captura o remoción de carbono.

A su vez, el ritmo de adopción depende de la disponibilidad de financiamiento, la transferencia de tecnología, el cambio de hábitos y la introducción de incentivos (que pueden afectar las reglas del comercio mundial como muestra la introducción de un impuesto de igualación de emisiones en frontera por parte de Europa). En esta línea, existe un marco normativo para ampliar la participación de las energías renovables en nuestra matriz y se encuentran en debate otros, como el régimen para el sector automotriz o de hidrógeno. Sin embargo, los proyectos de inversión deben sortear importantes barreras para terminar de concretarse, como la falta de infraestructura, de financiamiento, de objetivos consensuados en el marco de un plan estratégico y que se sostengan en políticas de largo plazo.

La transición energética es un fenómeno global e irreversible, y Argentina adhiere al esfuerzo global en la lucha contra el cambio climático y a través del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 2030 se propone alcanzar la neutralidad de emisiones GEI al 2050. Además, ya ha planteado metas de un 30% de su matriz energética en renovables para 2030. En ese contexto, la transición implicará un proceso de electrificación y un proceso paralelo de descarbonización profunda que modificará en el futuro próximo los procesos productivos, los modos de transporte y la forma que se genera y consume la energía.

En este proceso dos tendencias son esperables: la caída tendencial del costo marginal de generación de energía y la centralidad que tomará la expansión y el mantenimiento de la infraestructura de transporte y distribución (y por ende, su financiamiento). La primera tendencia va de la mano del desarrollo y expansión tecnológica en la generación renovable, el aumento de la productividad, la captación de carbono y el desarrollo de los prosumidores. La segunda -y quizá la más compleja- se relaciona a la gestión y regulación de monopolios naturales.

El desafío regulatorio pasará por la coordinación de incentivos que permitan del desarrollo de infraestructura necesaria para la expansión del consumo -por ejemplo, por la incorporación del automóvil eléctrico-. Un desafío implícito: lograr los recursos financieros necesarios para el mantenimiento de redes. Eso tendrá implicancias en las estructuras tarifarias, reasignando las proporciones de cargo fijo destinadas a la expansión de redes, entre otros. A su vez, la operación y el mantenimiento de redes será crucial en el proceso de transición y por ende su regulación estará en el centro de la agenda pública. Frente a estos desafíos, actualmente, el país cuenta con dos entes reguladores nacionales de distinto alcance y competencias regionales y 23 entes reguladores y marcos normativos provinciales. Esto supone desafíos de articulación, criterios comunes, información compartida, entre otros, para encargar los esfuerzos necesarios.

Está claro que es necesaria una macroeconomía ordenada, estable, que otorgue el marco necesario de señales y previsibilidad para planificar, invertir y operar. Pero potenciar nuestra matriz energética requiere de un Plan Energético que promueva una agenda de políticas consistente, con objetivos y lineamientos claros que impulsen el aumento de la oferta energética y la inversión necesaria para la transición hacia una mayor participación de renovables es esencial.

El reordenamiento del sistema de precios (que incluya la externalidad ambiental del consumo de hidrocarburos), tarifas y subsidios, es un primer paso esencial en dirección a una normalización de las señales a productores y consumidores.

También es decisivo identificar una trayectoria razonable para el despliegue de Vaca Muerta en lo inmediato, acompañando los tiempos de la transición hacia otras fuentes más limpias; impulsando marcos de políticas que promuevan una mayor oferta de energías renovables, e instrumentos que fomenten la eficiencia energética. Por eso, es crucial preparar la infraestructura, su sostenibilidad y diseñar los mecanismos institucionales y regulatorios para la red eléctrica que será necesaria.

*Directora del Programa de Desarrollo Económico en CIPPEC, lienciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), candidata a Magister en Economía por la Universidad de San Andrés y posee un Posgrado en Agronegocios de la UBA

** Licenciado en Economía y profesor de grado y posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Especialista y consultor en energía y servicios públicos. Miembro del Instituto Argentino de la Energía Gral Mosconi. Coordinador e investigador de proyectos para el desarrollo UBA-CONICET