ALEJANDRO EINSTOSS *

El corazón del cumplimiento de los compromisos fiscales en el acuerdo con el FMI está en la reducción de los subsidios económicos, y en particular los energéticos.

Esto queda claro en la IV revisión del cumplimiento de metas, que le dedica un apartado específico a los compromisos de eliminación de los subsidios a los usuarios residenciales de altos ingresos (nivel 1) y a comerciales. Estos compromisos se cumplieron con los aumentos publicados y vigentes desde el 1° de mayo para la luz.

Estos aumentos en los precios de la energía se suman a la recomposición de los márgenes de distribución de las empresas Edenor y Edesur, y que se reflejarán en aumentos tarifas del 500% en el próximo invierno, respecto a 2022.

¿Resulta esta corrección un problema?

En principio no ya que el piso de ingresos de este segmento es de $670.000 pesos y las nuevas facturas eléctricas representarían 2% del ingreso, un nivel en línea con la canasta de consumo del Indec.

Sin embargo, los problemas podrían aparecer si existen fallas en el padrón de usuarios sobre el que se aplicaran los aumentos. Recordemos que el RASE (registro de aplicación de subsidios energéticos) se confeccionó en base a presentaciones espontaneas, es decir aquellos que no solicitaron subsidios fueron considerados de altos ingresos (N1). Estamos hablando de un universo aproximado a los 4,5 millones de familias (30% del total), mientras que el 40% corresponde a familias de ingresos bajos (nivel 2) y el 30% corresponden a ingresos medios N3).

Resulta muy probable que existan numerosos errores de exclusión, es decir familias que necesitan subsidios pero que por algún motivo no se inscribieron en el RASE. En definitiva, la prueba ácida será al momento de recibir las facturas.

La aceleración de la inflación complica la corrección de las tarifas. En el corto plazo los aumentos de mayo le ponen un piso muy alto a la inflación de este mes y acelera la inercia de los últimos meses, pero al mismo tiempo el anuncio de “no más aumentos para lo que resta del año”, hace que casi la totalidad de estos aumentos se habrán licuado para finales del año.

Al mismo tiempo la alta nominalidad de la economía exige correcciones tarifarias de enorme magnitud para eliminar subsidios en N1, pero como no se ajustan los niveles 2 y 3 (ingresos bajos y medios), la distorsión que se genera también es enorme y genera diferencias tarifarias de hasta 7 veces entre los usuarios N1 y el resto de los niveles, una diferencia que será muy difícil de corregir.

Lamentablemente el Gobierno llega tarde y mal a la inevitable corrección de tarifas, que vale recordar que se trata de un problema autogenerado por la actual administración que congelo irresponsablemente las tarifas al inicio de la gestión.

Paradójicamente fueron las discrepancias dentro la coalición de gobierno las que impidieron aun las correcciones parciales de tarifas, basta recordar como un secretario de Estado bloqueo por lo menos en tres oportunidades los intentos de un ministro de Economía de aumentar los precios energéticos.

Hoy, en un contexto de muy alta inflación, sin reservas y en medio de una negociación contra reloj con el Fondo, el Gobierno ya no duda en aumentar las tarifas lo que sea necesario, y aplica aumentos de hasta 500% que se recibirán en las facturas de los meses de julio/agosto. Es decir, las facturas llegarán en pleno calendario electoral y muy cerca de las elecciones primarias.

Toda una paradoja de final de ciclo para un gobierno que tuvo al congelamiento tarifario y al facilismo como pilar de su política energética y tarifaria en particular.

* Coordinador de la Comisión de Energía – Fundación Alem