JAVIER PIEDRA FIERRO*

En un contexto de crisis climática y apremios de la economía doméstica, es necesario cuestionar las tarifas eléctricas que a juicio del autor de esta columna para CIPER constituyen un impuesto de consumo sin resultados positivos comprobados hasta ahora: «En palabras simples, cada invierno consumimos más. Y si la política pública busca desincentivar el consumo eléctrico en invierno, lo que se logra es exactamente lo contrario.»  

Hay noticias que se repiten todos los años: no sólo las de accidentes automovilísticos en Fiestas Patrias o largas filas de compra en Navidad, sino, también, los reclamos ciudadanos que cada invierno surgen por el alza en las cuentas de electricidad. En el sector residencial, esto se debe a la aplicación del llamado «límite de invierno», norma que en la práctica comenzó en abril, pero se hace evidente en los meses de invierno, cuando el consumo de energía eléctrica crece considerablemente en los hogares.

En términos básicos, el «límite de invierno» ―que existe en Chile desde 1983, con la puesta en vigencia de la Ley General de Servicios Eléctricos― cobra una tarifa más alta por un mayor consumo eléctrico, con el objetivo de regular el consumo de electricidad en los meses de invierno; de abril a septiembre. El cálculo del límite de invierno, que no se actualiza hace trece años, es el mayor valor entre el promedio de consumo del periodo de verano (octubre del año previo a marzo del año en curso), incrementado en 20% y 350 kWh. Además, el cobro del «límite de invierno» se activa una vez sobrepasados los 430 kWh/mes.

Autoridades y expertos se deshacen en explicaciones sobre los reclamos por el gasto monetario que tal «límite de invierno» genera, mas lo lógico, bajo mi parecer, es cuestionar si acaso esta medida de supuesto beneficio para la sociedad en su conjunto es de verdad eficiente. O, al menos, si acaso cumple su objetivo.

¿Cuánta energía se ha dejado de consumir por el «límite de invierno»? ¿Alguien sabe cuántas personas se dejan de calefaccionar por culpa de éste (o de frentón se empobrecen por esta medida)?

En definitiva, ¿existe algún indicador de política pública que nos diga si es esta una buena o mala medida?

En materia de crisis climática, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha generado en su «Tercera parte del Sexto Informe de Evaluación» recomendaciones a los distintos Estados y a la sociedad en su conjunto. Con fuerza se impulsa la tesis de aumentar la electrificación de la demanda de energía, sí o sí a la par de un impulso importante en energías renovables, pues se apunta a que en 2050 casi toda la electricidad se suministrará a partir de fuentes de carbono cero o bajas. De esta manera, el informe plantea que la «electrificación combinada con energía baja en GEI y los cambios al transporte público pueden mejorar la salud, el empleo y pueden generar seguridad energética y generar equidad» (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022).

Si nos vamos al uso de energía de las viviendas en Chile, según el «Informe final de usos de la energía de los hogares Chile 2018» tenemos que el mayor consumo de energía es energía térmica: 53%, en calefacción/climatización; 20%, en agua caliente sanitaria; y un 5%, cocina. El otro 22% es energía eléctrica. Se trata de porcentajes que naturalmente cambian según nuestra geografía, («el agua caliente sanitaria y en particular calefacción/climatización, son los usos que mayor variabilidad presentan asociado a los diferentes requerimientos climáticos del territorio nacional», In-Data, CDT, 2019). De esta manera, la propuesta del IPCC para nuestro caso significaría transitar a sistemas eléctricos de calefacción, para calentar el agua de la ducha y para cocinar. Además, plantea que la «electrificación y energía renovable pueden generar beneficios colaterales para la salud a partir de un aire más limpio» (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022), cuestión bien vinculada a nuestra realidad de ciudades en el sur con graves problemas de contaminación atmosférica provocada por el uso y abuso de leña (muchas veces, húmeda).

Por sentido común, sabemos que quien tenga un calefactor eléctrico disparará en invierno su consumo de electricidad. Pero el considerable gasto económico de tal incremento, en realidad castiga al usuario, haciéndole pagar hasta un 25% más en los meses de invierno por el uso de calefacción eléctrica. El llamado límite de invierno es por eso no tanto un estándar sino un castigo; un aparente incentivo para consumir menos, que en verdad te está diciendo: si te calefaccionas con electricidad tienes que pagar aún más. Exactamente lo contrario a las recomendaciones del IPCC.

Según datos de la Comisión Nacional de Energía y el análisis de la Fundación Energía para Todos en su informe «Análisis básico; Consumo eléctrico clientes residenciales en Chile», entre los años 2015 y 2018 el consumo eléctrico promedio de los clientes residenciales a nivel nacional prácticamente no varió. Esto quiere decir que el aumento de clientes fue proporcional al aumento de energía eléctrica total consumida. Pero hablar de promedios en Chile es muy complejo, debido a nuestra diversidad de climas: el consumo de energía eléctrica promedio del citado período en las regiones del norte decrece con el paso de los años, en las del sur aumenta, y en las regiones Metropolitana y de Valparaíso se mantiene. Pero si analizamos particularmente los meses de invierno (junio, julio, agosto y septiembre), que son los de mayor consumo en el año, nos damos cuenta de que cada año se consume más que el año previo.

En palabras simples, cada invierno consumimos más. Si la política pública busca desincentivar el consumo en invierno, lo que se logra es exactamente lo contrario.

Fuente: elaboración propia con base en el informe «Análisis básico; Consumo eléctrico clientes residenciales en Chile» (Fundación Energía para Todos, 2022). Bloque invierno: junio, julio, agosto y septiembre.

Es verdad si alguien nos dice que el promedio de consumo eléctrico es mucho menor que el límite de invierno, pero se trataría de una observación ridícula, pues el promedio de los hogares en Chile no utiliza sistemas eléctricos de calefacción (según la CASEN 2017, sólo el 8% en el total del país, y un 13% en la RM).

Fuente: elaboración propia con base en el informe «Análisis básico; Consumo eléctrico clientes residenciales en Chile» (Fundación Energía para Todos, 2022).

Acá va un último pelo en la sopa: según la información del Servicio de Aduanas y el análisis realizado por la Fundación Energía Para Todos, la venta de equipos de aire acondicionado de uso residencial o comercial pequeño (menores de 18.000 BTU/h) tuvo en 2021 un aumento explosivo de un 89,3% respecto del año previo (llegando a importarse más de 465.000 unidades). Esto supone un aumento considerable en la cantidad de personas que transitan de un sistema de climatización a gas, parafina o leña, a uno eléctrico (o, simplemente, pasaron de no tener un sistema de climatización a tenerlo). 

Fuente: Análisis importaciones de sistemas de climatización eléctricos en Chile de uso residencial para los años 2018-2021 (Fundación Energía para Todos, 2022).

Lo bueno de todo esto, es que el castigo a la calefacción eléctrica que tenemos en Chile, es algo que se puede cambiar tan solo con voluntad política. Así lo demostró el gobierno de Sebastián Piñera cuando el Ministerio de Energía eliminó vía decreto dicho cobro en los meses de agosto y septiembre 2020 más abril, mayo, agosto y septiembre 2021. El entonces ministro Jobet explicó que era «para cuidar el bolsillo de los chilenos». De la misma forma, y tomando en cuenta las recomendaciones del IPCC, además de la realidad económica actual de las familias en Chile, sugiero dar un paso adelante y eliminar definitivamente este verdadero impuesto a la calefacción eléctrica, sin esperar a que, cuando comiencen a llegar las cuentas de electricidad excesivas, volvamos a ver la misma noticia de todos los años.  

*Ingeniero Civil Mecánico de la Universidad de Concepción