FRANCISCO SOTELO

Más allá de la literatura, el discurso político y el reconocimiento básico de la realidad cultural de las comunidades originarias, en Salta estas personas siguen siendo ciudadanos de cuarta categoría. Incluso para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, concentrado en consolidar una nueva forma de clientelismo territorial inventando comunidades “autopercibidas”, dirigidas por “caciques” de apellidos anglosajones, y dejando librados a su suerte a los verdaderos originarios.

Los pueblos indígenas que habitan nuestro Chaco (wichi, guaraní, chané, chorote, qom, pilagá) se dividen entre comunidades rurales que se han quedado sin tierra y sin hábitat. A pesar de que tienen organización propia, dirigida por un cacique, muchas veces la necesidad las obliga a vivir manejadas por punteros políticos. Y otras comunidades viven en la periferia urbana de las ciudades y pueblos. Para ninguna hay una presencia efectiva y constante del Estado, y mucho menos para las rurales.

Hay esfuerzos individuales de maestros, médicos y agentes sanitarios, pero no hay contención global. Hay organizaciones no gubernamentales (con Fundapaz a la cabeza) que dejan el aliento para colaborar con la calidad de vida de estas comunidades. Pero el Estado ni siquiera imagina una estrategia de desarrollo humano y plena inclusión acorde a la realidad del siglo XXI. Son los “condenados de la tierra”, tomando el título del clásico libro de Franz Fanon. Son excluidos.

Cuando aparece un caso como el Maximiliano Sánchez y su aparición en el Global Student Prize 2021, de la Unesco, es noticia. Pero es noticia por contraste. La mirada generalizada asocia la palabra “wichi” o “qom” con la tristeza, el olvido y la marginalidad. Ambas, de distintas lenguas, significan lo mismo: “persona humana”.

La exclusión se ve en estos días cuando vuelven a denunciar muertes de niños por desnutrición y deshidratación, como lo reconoce el ministro de Salud.

Desde hace 11 años, cada verano ocurre lo mismo. El calor, la sequía y la falta de agua potable se combinan con una dieta precaria y hacen desastres.

Ahora la información oficial atribuye a la COVID esas muertes infantiles en las comunidades.
“No saben cómo tratarnos”, dijo el cacique Abel Mendoza de la comunidad Santa Victoria Este II. “Nosotros necesitamos de manera urgente que se habilite el Centro de Recuperación Nutricional”.

“Necesitamos a más profesionales y que vengan facilitadores que entiendan nuestra cultura y nuestro idioma porque en nuestra cosmovisión la persona que cura, que sana, es como un maestro que hace su tarea con mucho amor. Y los políticos son peores: no deberían mandar a la Policía para obligar a las familias a realizar los controles”.

Y ahora se añaden las muertes de mujeres.

Pamela Julia Flores, una niña wichi de 12 años, fue asesinada por un femicida. No hay atenuantes: es un femicidio, aunque ocurra dentro de una comunidad étnica. Su cuerpo lo encontraron dos días después. Nadie denunció su desaparición. Y su sepelio, casi en soledad y con un féretro que es el indicador de la pobreza de su vida, agregan dolor a la tragedia. 

Aldana Quico, una joven wichi embarazada, murió en el hospital de Tartagal. La comunidad de La Puntana denuncia que no recibió un trato adecuado. “La tuvieron todo el día con el bebé muerto en su vientre, ella pidió que le hagan la cesárea y se la negaron”, dicen sus familiares. Todo en esta muerte parece indicar un total abandono, incluso en el posterior traslado del cuerpo en una camioneta de la Municipalidad de Santa Victoria Este.

Estamos ante crímenes étnico - femicidas, a pesar de que el Estado provincial firmó un convenio con ONU Mujer a través del programa de Spotlight. Y a pesar de que el Estado argentino adhirió a convenios internaciones sobre derechos humanos, derechos de la mujer y derechos indígenas que tienen rango constitucional.

“Los femicidios se enmarcan en un abandono del Estado provincial de una administración patriarcal que considera a los y a las integrantes de los pueblos originarios como ciudadanos y ciudadanas de cuarta categoría, como seres olvidados de la tierra”, expresó un comunicado de GEMA y numerosas organizaciones feministas.

La historia es extensa.

En mayo de 2010 la adolescente Evangelina Pisco, de la comunidad chorote de Tartagal, falleció extrañamente al caer en un desagüe cuando salía de un local bailable con amigos. Este hecho generó un conflicto entre la comunidad wichi y la chorote, que se planteó ante la Justicia y también en reuniones entre las comunidades. Hubo denuncias de torturas y de declaraciones forzadas y, cuando el juez quiso indagar a los testigos, estos, que hablaban en lengua castellana, prefirieron hacerlo en chorote y un cacique wichi ofició de traductor. La Justicia no contaba, en ese momento, con traductores oficiales de las lenguas nativas, a pesar de que esas personas se sienten más seguras hablando su lengua.

Una muerte no esclarecida. Una muestra más del abandono.

El sometimiento de las mujeres de los pueblos originarios y la ausencia preventiva del Estado se simboliza en el caso de Evelia Murillo.

En octubre de 2014 esta maestra rural fue asesinada por defender a una joven alumna, víctima de un ataque sexual. Ocurrió en la escuela albergue del paraje wichi El Bobadal, a 60 km al este de Tartagal.

Un vecino de la escuela quería someter sexualmente a una joven de 18 años. Cuando Evelia le exigió que se retirara, la mató de un tiro. La escuela no tenía radio ni teléfono como para llamar a la policía ni a la asistencia médica.

Son casos emblemáticos y extremos. Pero mientras la realidad de los pueblos originarios, y de los habitantes de todas las periferias no cuenten con la atención debida del Estado, muchísimas mujeres seguirán sufriendo la violencia de género, potenciada por la violencia social de la pobreza. Y muchísimos niños seguirán muriendo por causas evitables.