FRANCISCO SOTELO * 

"Todos los días pienso si la Capital no debería estar en un lugar distinto y venirse al norte". La frase, como se sabe, la pronunció el presidente de la Nación Alberto Fernández, durante una reunión del "gabinete federal" realizada el martes 14 en la localidad de Monteros, Tucumán. En esa ocasión habló, también, de una "Argentina Central" y las "Argentinas Periféricas" y añadió: "No es posible que un chico que vive en el norte puede encontrar mejor suerte en los suburbios de ciudades como Córdoba, Buenos Aires o Rosario".

Fernández es el presidente de un país donde el centralismo es tan profundo que el poder está en manos de un Poder Ejecutivo Nacional (en situaciones normales, de un presidente) que logra alinear detrás suyo al Congreso, que nominalmente representa a las provincias y al pueblo de la Nación, a los gobernadores (incluso en contra de los intereses de las propias provincias) y a los intendentes.

Ese centralismo incluye otros componentes

El llamado "federalismo fiscal", que es justamente la concentración de la recaudación nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (y en la presidencia de la Nación); la distribución por un sistema de Coparticipación (que no está legislado) pero que soporta la eterna "emergencia económica") pensada en beneficio del poder central, y con la discrecionalidad que permite la elaboración del presupuesto: la subestimación de la inflación que se hizo para 2021 y se hace ahora para 2022, da lugar a que las provincias se vean obligadas a aceptar un reparto arbitrario y a cambio de favores.

El "federalismo" es un término "políticamente correcto" pero que no condice ni con el sistema recaudatorio, el presupuesto ni con la conformación del Gabinete.

El discurso y la realidad

La interpretación de los verdaderos intereses del actual gobierno (y de los anteriores) queda expresada en la prioridad que exhibe al tratar de asegurarse el voto del Conurbano bonaerense y por unificar, bajo la órbita del gobierno nacional la zona denominada Área Metropolitana de Buenos Aires. El AMBA, desde Campana hasta La Plata, con la ciudad capital y todo el conurbano, cubre una superficie de 13.285 km2 donde vive casi el 40% de los habitantes de la Argentina.

El conurbano no es un mito: el 14 de noviembre, los esfuerzos y los recursos del Estado desviados en esa dirección demostraron el peso de su electorado, que incluye no menos de cinco millones de pobres y que es el escenario central de los "trabajadores de la economía popular", es decir, desocupados que revistan en las organizaciones sostenidas por el Estado a través de los intendentes o por otras vertientes de la estructura clientelar.

Según el historiador especializado en el tema, Jorge Ossona, "el conurbano es lo más parecido a un cementerio de países que ya no existen. Lo que sí existe es este gran conglomerado caótico y a la deriva en donde se concentra el 40% de la pobreza administrada por un Estado bifronte con una cara legal, convencional, regida por el Estado de Derecho, y otra venal, nocturna, donde la ilegalidad constituye sus propios códigos".

En 1986, el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, había presentado un proyecto de ley en el Congreso Nacional para trasladar la capital del país a Viedma, Río Negro.

No es cierto que allí se viva mejor ni que haya más trabajo. Sí es cierto que, a lo largo de la historia, ya sea durante el predominio de la economía agroexportadora como en los tiempos de la "industrialización por sustitución de importaciones", todo el sistema productivo alentó la migración hacia esa zona.

La retórica federalista no sirve de nada. El presidente nunca pensó en trasladar la capital hacia ninguna parte, simplemente, porque de ser así, hoy no se lo estaría preguntando. Ya tendría una respuesta.

La seducción del centro

Un artículo publicado en El Tribuno por el especialista en Derecho Internacional Gustavo Barbarán señala que "cinco distritos definen tranquilamente una elección presidencial: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe representan dos tercios de la población radicada en apenas 27% del territorio nacional. Suman 142 de los 257 diputados del Congreso Nacional (55%), el 76% del PBG nacional, 77% del empleo privado, 76% de las empresas privadas, 76% de las exportaciones y el 83% de los depósitos privados".

En 1987 se aprobó la ley 23.512 que aprobaba el intento de Raúl Alfonsín para terminar con el centralismo y la dependencia del país de Buenos Aires. La norma está vigente pero nunca se hizo efectiva.

Esto no cambiaría modificando la sede de la presidencia sino pensando un país razonable. El Norte Grande, que incluye a las diez provincias del NOA y el NEA, no necesita que la sede del Poder Ejecutivo se instale en algún punto de sus 900.000 kilómetros cuadrados, en los que viven cerca de diez millones de personas.

Lo que hace falta es un concepto distinto de generación y distribución de ingresos, y sobre todo, políticas productivas claras.

Hacia el final de su segundo mandato, Cristina Kirchner apoyó la iniciativa del entonces diputado Julián Domínguez para trasladar la capital al norte del país. Podría ser que Alberto retoma esa idea.

Los ferrocarriles no pueden quedar sometidos a los intereses de las empresas de transporte y el Sindicato de Camioneros, como hasta ahora. La hidrovía no puede limitarse a funcionar como un espacio de control político y rédito económico (opaco) de la "militancia" sino que debe responder a los intereses regionales. La preservación del ambiente no puede quedar a cargo de un ministerio nacional, en primer lugar, porque los recursos naturales son de jurisdicción provincial, pero porque el "sistema productivo posible" en el Norte Grande debe compatibilizar el potencial agroganadero y forestal y las reservas mineras, con las necesidades de los pobladores de todo ese territorio y con los compromisos adquiridos por la Nación para reducir las emisiones de carbono.

Es decir, no hace falta un gabinete autopercibido "federal", sino una voluntad política que asuma la realidad y conciba una construcción superadora. Es decir, que aborde el concepto de "federalismo" como algo más que un "sticker".

Pensar un país en serio

Marcelo Leiras / SOCIÓLOGO

Afirma que la Argentina es una federación política y administrativamente descentralizada con alta concentración geográfica de los recursos productivos y amplias desigualdades interprovinciales; y la segunda, que los gobiernos provinciales argentinos son, en general, débiles y dependientes desde el punto de vista financiero, pero fuertes y autónomos desde el punto de vista político.
Leiras, M. Las contradicciones aparentes del federalismo argentino y sus consecuencias políticas y sociales. Siglo Veintiuno Editores.      (2013)
 

Carlos Gervasoni / POLITÓLOGO

Describe: “En términos de la centralización de los recursos fiscales, los elementos clave han sido el impuesto inflacionario (no coparticipado de facto) y los ingresos por retenciones a las exportaciones (no coparticipado hasta 2008 y sólo muy minoritariamente compartido con las provincias desde entonces).

Gervasoni C. Consecuencias políticas del federalismo fiscal argentino. Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales Universidad Torcuato Di Tella (2013)
 

Antonio M. Hernández /  JURISTA

Escribió: “A lo largo de la historia argentina hemos padecido un profundo proceso de centralización, que ha producido una notoria discordancia entre la constitución normativa y la realidad vigente”. Ello obliga a la consideración del federalismo en su faz sociológica o realista, que apunta a la observación de la vigencia de las normas constitucionales.

Hernández A. Veinte propuestas para fortalecer el federalismo argentino. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (2015)

* Periodista y editor de El Tribuno