FRANCISCO SOTELO *

Los hechos de violencia protagonizados por el Movimiento Resistencia Ancestral Mapuche son una amenaza a la institucionalidad, además de mostrar la impunidad con que actúan los activistas. Usurpaciones, ataques a personas, incendios intencionales realizados por gavillas de encapuchados cuentan con la evidente complacencia del Gobierno nacional.

¿Por qué amenazan la institucionalidad?: porque reclaman territorio (no terrenos o lotes), desconocen la nacionalidad argentina, justifican el uso de la violencia política como un valor ancestral y exigen como “tierra sagrada” los terrenos que más les interesan.

Pero, además, este es un problema transnacional, ya que el RAM actúa en ambas laderas de la cordillera patagónica.

En la Argentina hay memoria reciente sobre este conflicto. La muerte del artesano Santiago Maldonado, ahogado en un río, dio lugar en 2017 a una vergonzosa campaña para inventar una “desaparición forzada” y atribuirle al gobierno de Mauricio Macri la restauración de “la represión de la dictadura”. Las pericias forenses demostraron la farsa y nunca se supo más de aquel testigo que aseguraba haber visto cuando lo golpeaban a Maldonado, ni del que lo acompañaba en el momento en que se arrojó al río sin saber nadar. Ese episodio cobró una dimensión política propia de un país en vías de degradación. Nada dijo, en cambio, la página digital Cohete a la luna, que había puesto en circulación la versión, sobre la muerte de Rafael Nahuel, ocurrida poco tiempo después. Ni mucho menos, sobre la desaparición hace un año y medio de Facundo Astudillo, luego de un conflicto con policías bonaerenses, cuyos huesos fueron hallados en un cangrejal.

Conflicto mapuche

El artículo 23 de la Constitución Nacional dice: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales”.

Probablemente, esta conmoción no requiera aún el Estado de Sitio, pero es claro, absolutamente claro, que se trata de una situación de asedio, con invocaciones ideológicas y amenazas violentas por parte de un grupo irregular, de origen nacional impreciso.

El gobierno nacional no se puede escabullir de la responsabilidad.

Sin embargo, ante el pedido de asistencia de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, el presidente Alberto Fernández le envió una carta en la que afirmó que “no es función del Gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o brindar mayor seguridad a la región”.

Lo más notable es que la firmó; no solamente porque es un error y una forma de incumplimiento de deberes como funcionario, sino porque de ese modo le recomendó a los rionegrinos, chubutenses, neuquinos y todos los argentinos que viven lejos de Puerto Madero que en caso de problemas, “se las arreglen”.

Pero los activistas del RAM tuvieron otro abogado de fuste, el embajador Rafael Bielsa, quien intercedió hace unos días ante la Justicia chilena por la libertad del cabecilla de la organización Facundo Jones Huala, condenado en ese país por hechos de violencia. El ex canciller argumentó que lo hizo porque detenido nació en la Argentina (más allá que no se considera argentino). La misma cancillería que encomendó esa tarea a Bielsa es la que decidió no apoyar en la OEA el pedido de liberación de los presos políticos en Nicaragua. (Daniel Ortega hizo detener a todos los candidatos opositores).

Hubo un tercer abogado a favor de la RAM, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para quien la gobernadora “no tiene ningún derecho” a reclamar asistencia de la administración nacional y luego de enfrascó en un monólogo que solo corroboró un inédito deslinde de responsabilidades del Estado nacional.

Es tan absurdo que el mismo ministro bonaerense, Sergio Berni, le replicó: “se trata de hechos de terrorismo”.

Más allá de las frases de ocasión y de este conflicto puntual, es notorio el desinterés por la suerte y la vida de las comunidades indígenas. Los pueblos originarios genuinos, como los que habitan la región chaqueña, están librados a su suerte hasta que una crisis los pone en vidriera y los ministros van a exhibirse con ellos ante las cámaras.

Es un déficit severo de la política argentina: los discursos y las decisiones se improvisan en función de las circunstancias. Lo que ocurre en la Patagonia son hechos criminales. Como lo son las violentas usurpaciones en los Valles Calchaquíes, a cargo de “autopercibidos” calchaquíes. Nunca es precisa la identificación de los miembros de estas comunidades, entre otras cosas, porque el INAI no se esmera en cumplir la ley. Ninguna ley habilita a un dirigente o a un intendente para que se autoproclame “cacique” y afilie a personas para que ocupen terrenos con la promesa del lote propio. Pero la ambigüedad de las leyes y de los políticos contribuye a la impunidad.

Más allá de la simpatía de algún sector oficialista por los mapuches, el desinterés manifiesto del Gobierno central por la realidad social de las provincias es una pésima señal sobre la integridad territorial de la Nación.

La Argentina es hoy tres países. El peso electoral y económico del área metropolitana y la región pampeana coloca a la Patagonia y al Norte Grande en un lugar de postergación.
En esta oportunidad, todo quedó a la vista, pero ese desdén es una tendencia endémica de la política, no de un gobierno.

Mucha gente teme que “la Argentina se convierta en Venezuela”. Es improbable; por lo pronto, si ocurriera, no sería consecuencia de un gobierno sino de un país que lo permite. No obstante, el resquebrajamiento del prestigio de la democracia representativa, la prescindencia de la ley y la enorme crisis social plantean para nosotros un panorama sombrío incluso para la integridad territorial. Venezuela, eso si, nos envía una señal de alerta. Dos expertos de la Universidad de Los Andes, María del Mar Chaustre Virgüez y Víctor Mijares, publicaron recientemente un informe sobre la realidad de ese país.

Describen la pérdida de control territorial a manos de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, al secuestro, a la extorsión y al asesinato. La guerrilla colombiana Ejército Popular de Liberación (EPL) opera en 12 de los 24 estados venezolanos, es decir la mitad del territorio. El Arco Minero del Orinoco ha sido tomado por la minería ilegal desde el año 2000.

Con diversos matices, situaciones similares se dan en el resto de América latina. La desintegración territorial y social es un riesgo real.

El espectáculo que brindaron esta semana el presidente y sus funcionarios en torno de la cuestión mapuche no es anecdótico ni es neutro: corrobora lisa y llanamente esa amenaza.

* Periodista y editor de El Tribuno