MARIANA DONDO * Y LUCÍA CONVERTI ** 

Según la legislación de Chile, Perú y Bolivia, los recursos minerales son propiedad del Estado, pero se permite la concesión de la exploración y la explotación por parte de empresas privadas.

+ En Chile, 29 % de las empresas mineras son de capitales nacionales y una de ellas es pública (en 2020 aportó el 28,2 % de la producción de cobre).

En Bolivia, la empresa pública aportó en 2020 el 57 % de la producción nacional de estaño y el 59 % de la producción de cobre.

En Perú, todas las empresas mineras son privadas y de las 10 principales 9 son de capitales extranjeros.

En Chile, Perú y Bolivia, la minería es una de las principales fuentes de riqueza (Tabla 1).

+ En Chile, la minería extractiva genera 9,1 % del PIB y la manufactura minera cerca del 2 %.

+ Actualmente, Chile tiene el 8 % de la capacidad de fundición a nivel mundial.

+ En el año 2019 el 52 % de las exportaciones chilenas de cobre fueron de refinado. En el mismo año en Perú sólo se refinó el 9,8 % del cobre extraído. En otras regiones, como China, USA o la Unión Europea, más del 85 % de las exportaciones de minerales y metales fueron de productos elaborados o semielaborados.

Chile ocupa el primer puesto en la producción mundial de cobre, segundo en la de molibdeno y séptimo en plata. También tiene las mayores reservas mundiales de cobre y las cuartas de molibdeno.

El aporte del sector minero a la oferta de divisas por la vía de las exportaciones es importante: tanto en Chile como en Perú representa cerca de la mitad del total de ingresos generados por exportaciones de bienes (Tabla 1).

Además, el sector recibió en 2019, en cada uno de los países, cerca del 38 % de los flujos de inversión extranjera directa (IED). Si bien algunos sostienen que la IED tiene potencial para generar empleo, aumentar la productividad y transferir tecnologías, debe señalarse que una abrumadora evidencia muestra que, especialmente cuando se trata de IED en actividades extractivas, no genera ni industrialización, ni que los beneficios se queden en el territorio, sino que, por el contrario, una gran proporción es repatriada generando salidas de capitales.

Por ejemplo, en Chile, por cada dólar de ingreso neto de IED entre 2003 y 2019, salieron 2 dólares como remesas de utilidades (llegando a más de 3 dólares en el año 2019).

+ La rentabilidad minera en la región es mayor a la que ofrece en otras regiones, lo que la hace atractiva para el capital transnacional y otorga un indiscutible poder de negociación a los Estados para regular la actividad y demandar más renta para los ciudadanos.

A nivel global, se necesitan 28 años para recuperar la inversión en minería. En la agrupación de países emergentes, donde está incluida América Latina, se requieren 22,5 años.

Según el ROE reportado por las empresas privadas mineras en Chile y Perú que figuran en los rankings de empresas más grandes de cada país, en estos países la inversión se recupera en menos de 11 años.

Las empresas chilenas Escondida y Antofagasta PLC indicaron un ROE en 2018 que implica que podían recuperar su inversión en 5,5 y 11 años, respectivamente.

La empresa peruana Southern Perú Copper Corp. tuvo ese mismo año un ROE que implica recuperar su inversión en solo 4 años.

El Índice de Competitividad Minero, del Instituto de ingenieros de minas del Perú ordena siete países (Australia, Canadá, Chile, Colombia, México, Perú y Sudáfrica) en función de qué tan competitivos son en materia de inversión minera. En el último índice disponible, Chile se ubicó en el 4to lugar, luego de Australia, Canadá y Sudáfrica, ya que su potencial geológico no es tan diversificado como el de los otros países (como Perú) y muestra cierta debilidad en las regulaciones e institucionalidad, debido a la gran cantidad de permisos requeridos.

En Chile los costos operacionales son un 30 % mayores que los de Perú y, por tanto, la utilidad promedio por tonelada métrica de cobre fino es menor (1.624 dólares en Chile y 2.541 dólares en Perú).

+ La actividad minera aporta recursos al Estado. En la Tabla 2 se presenta un comparativo de los instrumentos aplicados en Chile, Perú, México y Bolivia.

En Chile, los recursos aportados al fisco por la minería en 2018 fueron equivalentes a 1,4 % del PIB. En Perú y Bolivia, por su parte, los recursos aportados fueron equivalentes al 0,9 % y 0,8 % del PIB, respectivamente.

El diseño de los instrumentos genera al menos dos problemas:

La base gravable es la utilidad operativa de la empresa que, en países donde los controles son débiles, puede ser reducida sobrevaluando costos y gastos deducibles.

Los instrumentos no captan las rentas extraordinarias causadas por precios internacionales altos o disminuciones temporales en los costos. Para ello, en Bolivia se implementa una sobre tasa de impuesto a la renta a las empresas mineras en los períodos de precios particularmente altos.

+ También hay subfacturación de exportaciones, estimada en Chile en los últimos 10,5 años en 2,2 % del valor exportado de cobre concentrado y de 3,2 % del valor de las exportaciones de cobre refinado. A esto se agrega la subfacturación por subvaloración de cantidades y otros maquillajes contables, más difíciles de medir.

La gestión pública de los puertos es fundamental para una mejor fiscalización. Mientras en Perú los puertos de mayor exportación mineral son privados o están concesionados, en Chile, uno de los principales puertos mineros (Puerto de Antofagasta), es administrado, explotado y desarrollado por la empresa estatal EPA.

+ Cuando el Estado participa de manera directa en la actividad, además de recaudación obtiene otros beneficios.

En Chile, entre 2000 y 2019, el Estado se apropió del 56 % de las rentas económicas mineras, incluyendo el total generado por la empresa pública y los impuestos pagados por las empresas privadas (que representaron el 40 % de su utilidad declarada). En Perú, el Estado se apropió sólo del 37 %, por recaudación.

Además, la empresa pública en este sector caracterizado por empresas multinacionales integradas verticalmente, aporta información a la administración tributaria sobre la estructura y magnitud de los costos, aspectos técnicos y comerciales, que le permiten fiscalizar y regular mejor.

* Doctora en Ciencias Sociales y Humanas (U.N.Quilmes). Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Política y Gestión Pública (U.N.Quilmes). Diplomada en Control y Gestión de Políticas Públicas (FLACSO). Licenciada en Economía (UBA). Docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Negro.

** Licenciada en Economía, Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado como jefa de gabinete de presidencia del Banco BICE (2014-2015); y Dirección de Proyectos Especiales dela Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) (2013).