DF
Como en una cruzada para intentar modificar el proyecto de royalty minero, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) se sumó al llamado que han realizado gremios del sector para lograr una fórmula que genere consenso, de cara a la luz verde que consiguió ayer la iniciativa en la Sala de la Cámara de Diputados y que le permitió un paso directo al Senado.
A través de una declaración pública, el directorio del centro de estudios llamó al gobierno y, en especial al Congreso, a convocar a una comisión político-técnica de alto nivel que refleje en su composición las visiones de país, instando a "que se aboque, en carácter urgente, a definir una propuesta que compatibilice el óptimo ingreso y aporte de la minería para el país con el crecimiento de las inversiones que requiere la minería".
"Ello es fundamental para restablecer confianzas y así llegar a una solución concordada en un tema tan relevante para todos los chilenos y chilenas", enfatizaron en el escrito.
Entrando de lleno en el debate, reconocieron que la discusión sobre el aumento del aporte tributario que la minería hace al país "es una discusión legítima". Una vez definido ello, agregaron, "se debe entrar en una conversación de fondo, para determinar la fórmula precisa que compatibilice los intereses legítimos del Estado como dueño de los recursos, con la retribución justa a los inversionistas, en un contexto que necesitamos de más y mejor minería para hacer frente al estancamiento del nivel de producción que enfrenta la minería del cobre".
Por esto, sentenciaron: "La discusión en torno a la tributación abre una gran oportunidad de desarrollar una mirada de largo plazo con visión de país, que se haga cargo de la oportunidad de futuro que ella ofrece".
Según explicó Cesco en su escrito, creen en el futuro de la minería chilena. Sin embargo, para que este futuro se materialice, señalaron que "los responsables políticos, los actores del sector privado, las comunidades locales y los chilenos en su conjunto, debemos trabajar de forma colectiva de manera de superar el sesgo eminentemente transaccional de la actual discusión política que se expresa en un debate entre visiones dogmáticas, tanto de los que estiman que no hay que cambiar nada, como de los que plantean que todo se ha hecho mal".
En esa línea, recalcan que la minería, tanto pública como privada, requiere de estabilidad en el largo plazo, la que se logra -a su juicio- a través de una "adecuada distribución de los frutos de la actividad y que eso sea percibido como tal por los sectores mayoritarios de la sociedad".
Pero lanzaron una advertencia considerando que el cobre y el litio "son protagonistas indiscutidos" de la transformación digital y sustentable de la economía global: "Si los intereses particulares, sea de sectores políticos o de gremios, olvidan este aspecto estratégico se arriesga, una vez más, perder una oportunidad para el país".
La Tercera
DANIEL MATAMALA *
“No tener más minería en Chile”. Esa será, según el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) la consecuencia del royalty que se discute en el Congreso.
En 2004, la única vez que un gobierno (el de Lagos) intentó impulsar un royalty minero en Chile, las advertencias fueron apocalípticas. “La industria no lo soportaría”, dijo el presidente de Anglo American. “Es un disparate”, acusó el ex presidente de la Sofofa Hernán Briones. “Proyectaríamos imagen de país poco serio”, advirtió Libertad y Desarrollo.
El lobby empresarial derribó el royalty y lo reemplazó por un impuesto específico, aprobado en 2005. La Sonami advirtió que la ley aprobada “desalienta la inversión, dañando la confianza de los inversionistas y la competitividad internacional del país en la captación de capitales externos”.
El resultado fue que, en la década siguiente a esa ley, las grandes mineras acumularon rentas por 120 mil millones de dólares, por sobre las ganancias necesarias para mantener los niveles de inversión y producción, según cálculo del doctor en Economía Ramón López. En 2006, con el impuesto específico ya vigente, un informe del Banco Mundial puso a Chile como el tercer país que menos tributos cobraba entre 24 naciones (36,6%), y como el segundo en que los inversionistas tenían una mayor tasa de retorno (15%).
En 2010 se modificó nuevamente el impuesto. El lloriqueo corporativo contra los “excesivos” tributos se repitió. Y tras aprobarse, las grandes mineras siguieron amasando increíbles ganancias. En 2020, Antofagasta PLC, del grupo Luksic, pasó de valer U$ 11 mil millones a U$ 25 mil millones. Alzas parecidas han tenido mineras como BHP (82%), Glencore (57%) y Anglo American (54%).
No ocurre sólo en la minería. Cada vez que un debate afecta intereses poderosos, el lobby oficial manda a los ciudadanos a dormir, porque si no obedecen, el cuco se los va a comer.
Este martes cumplirá una década una frase del Presidente Piñera. El 11 de mayo de 2011, profetizó que si no se construía HidroAysén “estamos condenando a nuestro país a un apagón hacia fines de esta década”. A los grupos ciudadanos y ambientalistas que se oponían al proyecto los tildó de “irresponsables” y los acusó de “engañar a los chilenos”.
Piñera hablaba a coro con la publicidad del proyecto de Endesa y el grupo Matte.
“Si Chile no duplica su energía desde hoy, en 10 años más funcionará a medias”, advertía un spot televisivo, adornado con apocalípticas imágenes de una cirugía hecha a la luz de las velas.
Como sabemos, HidroAysén no se construyó, gracias a la presión ciudadana de los “irresponsables” y al 74% de los chilenos que, según encuestas, se oponían a él. Habría sido un irreparable error histórico. Las gigantescas represas habrían destruido la riqueza natural de la Patagonia, cruzado el sur de Chile con una cicatriz de torres de alta tensión y concentrado el mercado eléctrico en el oligopolio Endesa – Colbún.
Al terminar la década, lejos de sufrir un apagón, Chile es referente mundial en la implementación de energías amigables con el medio ambiente, con un mercado cada vez más competitivo, precios que apuntan a la baja y, gracias a ello, grandes perspectivas en negocios del futuro, como el hidrógeno verde.
Los casos dan para llenar páginas y páginas. Por recordar solo algunos: si ganaba el No, el general Pinochet nos anunciaba que “volveremos al 10 de septiembre de 1973”. Si se despenalizaba la homosexualidad, el diputado García profetizaba que nos caería “el castigo que Dios ha impuesto”. Si se autorizaba el aborto en tres causales, el diputado Hasbún amenazaba con que “se acabó la Teletón, se acabaron los niños con discapacidad”. Si se aprobaba la jornada laboral de 40 horas, el ministro Monckeberg decía que “Chile podría verse impedido de jugar una Copa América”.
Y ni hablar del retiro de fondos previsionales. “Si esto se aprueba, Chile se va a incendiar”, dijo la alcaldesa Matthei. Y una serie de expertos pronosticaron que “se destruye el mercado”, “la bolsa caerá 10 a 12%”, “la entrega de recursos probablemente se demore más de un mes”, y las sucursales de las AFP sufrirán una “ola de incendios en respuesta a las demoras”.
Duérmete niño / duérmete ya / que viene el cuco / y te comerá.
Esa mirada infantilizadora de los ciudadanos, esa compulsión por contarles historias de terror para mandarlos a dormir, no entiende que los chilenos despertaron, y, con toda razón, no creen en tales patrañas. Pedrito puede engañar una y dos veces diciendo que viene el lobo, pero después de décadas de falsas alarmas, estas ya no provocan terror ni obediencia; sólo indignación y burlas.
Y eso impide la discusión seria sobre las políticas públicas. El proyecto de royalty minero tiene deficiencias que deben ser mejoradas. Pero, después de estas declaraciones, difícilmente alguien pueda tomar a la Sonami como un interlocutor válido en ese debate. Lo mismo pasa con los 10% de las AFP, en que las insensatas amenazas hicieron que no se debatieran en serio los problemas reales que esos retiros suponen para las jubilaciones de los chilenos.
Y esto se agrava por una tecnocracia repleta de inconfesados conflictos de interés, que llevan a muchos “expertos” a actuar como voceros informales del lobby empresarial, en vez de ser imparciales defensores del bien común.
Los mismos que se llenan la boca acusando “populismo”, “demagogia” y “falta de seriedad” en el debate parlamentario, acuden sin asco a las fake news. El presidente del gran empresariado, Juan Sutil, afirmó que la inmigración “detuvo el crecimiento y el desarrollo” del país, una relación tajantemente desmentida por los datos de innumerables informes de organismos como el Banco Central.
Ya está bueno. Tratemos a los ciudadanos como adultos, no como niños desobedientes a los que hay que mandar a dormir.
* Periodista y escritor chileno
