Según cifras de Cochilco, con el nuevo royalty se daría una carga tributaria de 82,3% en el caso de Chile
Luego de obtener la aprobación en Comisión, hoy le toca a los Diputados tomar una decisión sobre el nuevo royalty al cobre y litio.
El lunes, la Comisión de Hacienda aprobó el proyecto, aunque con algunas modificaciones menores. La propuesta busca establecer un impuesto adicional y progresivo a la actividad minera, con el fin de generar mayores recursos fiscales para extender y ampliar las ayudas sociales.
Los parlamentarios de la instancia analizaron las indicaciones que se han presentado, las que tenían diferentes motivaciones. Diputados del oficialismo intentaron cambiar el sistema de compensación a favor del Estado, con un "equivalente al 3% de la venta neta anual de los minerales extraídos", lo que no fue aprobado.
Los datos fueron tomados a través de un ejercicio teórico, donde se comparó la carga tributaria total (considerando impuestos a la renta, específicos, e impuestos por dividendos, entre otras obligaciones de índole tributaria) en un año de operación enfrentada por una empresa minera estándar, que tiene una producción anual de 150.000 toneladas, un área de concesión de 1.000 hectáreas y un nivel de costos cercano a los de Escondida, la principal minera de cobre del país y del mundo.
Además, se modeló la situación con un precio promedio anual del cobre de US $ 4,5 la libra y, entre otros supuestos, que los inversionistas retiran el 100% de las utilidades del ejercicio.
La iniciativa fue visada por la comisión de Hacienda con algunos cambios. En primer lugar, se aprobó una indicación que establece que un 25% de lo recaudado por este tributo se destine a un fondo de convergencia regional, integrado por las comunas que pertenezcan a las regiones donde se realice la explotación minera. Esto, para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal.
Además, se aprobó que el 25% se pueda destinar a financiar obras de desarrollo de infraestructura crítica e infraestructura digital en las regiones donde se realice la explotación minera o a inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuyas casa central y rectoría se encuentren emplazadas en dichas regiones.
Ad portas de que se vote en la sala de la Cámara de Diputados la reforma legal que busca aumentar la tributación de la minería a través de un royalty, el equipo de Equity Research de el banco internacional Barclays abordó el asunto.
En un comentario de pocos párrafos, dijo que el “nuevo proyecto de ley de regalías mineras es significativamente negativo para la exposición al cobre chileno”, agregando que la chilena Antofagasta c y la canadiense Lundin son, a su juicio, son las más expuestas.
Luego, el informe detalló los avances que ha tenido la normativa en el Congreso y los pasos que vendrán en el Senado si es que se aprueba la moción. En ese punto, agregó que posiblemente podría ser visto por Tribunal Constitucional, aunque no es seguro que eso logre detener el avance de la iniciativa.
“Si bien existen algunos obstáculos constitucionales para que este proyecto de ley sea promulgado, discusiones con nuestros contactos en Chile sugieren que puede ser difícil para el gobierno bloquearlo dada la popularidad decreciente del presidente (solo un índice de aprobación del 9%) y la presión política sobre el Tribunal Constitucional”, dijo, poniendo como ejemplo que el organismo no declaró admisible el recurso presentado por el gobierno para evitar el tercer retiro de fondos de pensiones.
“La escala de aumento de regalías propuesta sugiere que una versión diluida del proyecto de ley actual puede ganar más tracción; sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que se apruebe la propuesta actual”, dijo.
Finalmente, agregó que “el proyecto de ley de regalías mineras propuesto tendría importantes implicaciones negativas para la inversión futura en la industria chilena del cobre, reduciendo el atractivo de los nuevos proyectos y haciendo que las minas de alto costo existentes sean antieconómicas”.
