Los sorpresivos cambios de gabinete hechos esta semana por el presidente de Perú, Pedro Castillo, fueron rechazados por el oficialismo y la oposición, aunque el primero no le quitó el respaldo al mandatario y la segunda no insinuó ninguna moción de censura contra el equipo ministerial.

La censura de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, y el anuncio del presidente Pedro Castillo que en los próximos días habrá más cambios en el gabinete ministerial, es una oportunidad para que el Ejecutivo convoque a personas idóneas, con integridad, pero sobre todo con un perfil dialogante, sostuvo la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Entre dichos cambios, el jefe del Estado debe considerar el relevo del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, quien lejos de constituir un elemento de conciliación y acercamiento, solo busca agudizar los conflictos y divisiones entre peruanos”, dijo el gremio

En el caso del sector Trabajo, el gremio empresarial opinó que el nuevo ministro o ministra debe tener como objetivo claro impulsar la recuperación del empleo y combatir la informalidad laboral, para lo cual se debe reconocer el importante papel del sector privado en la creación de nuevos puestos de trabajo.

A través de un pronunciamiento, la Cámara de Comercio de Lima recordó la reciente promulgación de la Ley 31419, que establece nuevos requisitos legales para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, entre los que figuran en primer lugar los ministros de Estado.

El líder del partido oficialista Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, atacó sobre todo la "extrema derechización" en el Ministerio de Energía, donde una funcionaria de carrera, Alessandra Herrera, reemplazó a Carlos Palacios, percibido por la prensa y los analistas como un representante directo de la cúpula del partido que se define como marxista leninista.

"Presidente: es un grave error de lado dejar de lado al pueblo que lo eligió. Ello viene generando un costo político y la población lo tendrá en cuenta", reaccionó otro referente mayor de la fuerza gobernante, Guido Bellido, quien fuera el primer jefe de gabinete de Castillo.

Desde la vereda opuesta, el parlamentario ultraderechista Jorge Montoya señaló: "Pretender pensar que removiendo unos ministros es alguna muestra de cambio, sería tan inocente como creer que este Gobierno no es comunista".

Sin embargo, ni Montoya, quien siempre está en primera línea en los intentos de destitución contra Castillo y sus ministros, ni ningún otro congresista opositor, insinuó promover alguna moción de censura contra el gabinete que encabeza Aníbal Torres, lo que le da aire al presidente para hacer cambios sin temor a que le derriben su equipo.

Analistas como Rosa María Palacios y Roger Santa Cruz estiman que los congresistas, supuestamente temerosos de quedarse prematuramente sin su banca, no apuntarán con una moción de censura contra el gabinete, pues de derribarlo permitirán que Castillo use una especie de tarjeta amarilla.

Esa situación deriva de que, de acuerdo con la Constitución de Perú, si un Congreso destituye a dos gabinetes faculta al presidente a cerrar al Legislativo, como ya ocurrió en 2019 en el mandato de Martín Vizcarra.

Castillo, asediado permanente por una oposición liderada por los partidos de derecha Fuerza Popular (FP), Renovación Popular (RP) y Avanza País, y por lo que analistas califican como "errores no forzados" del mandatario, anunció el domingo el cambio de cuatro de sus 19 ministros: los de Interior, Agricultura, Energía y Transporte.

En Interior, Dimitri Senmache, abogado que estuvo ligado a partidos de centroderecha y que hasta hace poco le lanzaba duros ataques al Gobierno por las redes sociales, reemplazó al coronel en retiro del Ejército Alfonso Chávarry, quien estaba en la mira de congresistas de izquierda por la represión a manifestaciones populares en abril.

En Agricultura, el parlamentario oficialista Óscar Zea, quien tenía duros choques con líderes gremiales, dejó su lugar a un miembro del Parlamento Andino, Javier Arce, allegado a PL contra el que hubo enseguida una ola de críticas porque no tiene estudios superiores ni experiencia profesional en el sector.

El ministro de Economía Carlos Palacios, miembro de PL del que se estimaba que podría ser censurado próximamente por el Congreso por su supuesto mal manejo de la minería y los hidrocarburos, fue sustituido por Alessandra Herrera, una exasesora de otras carteras que estuvo en ese cargo en febrero pero fue relevada sin explicaciones tras nueve días.

Finalmente, en Transporte, otro cuadro de PL con señalamientos de presunta mala gestión, Nicolás Bustamante, fue cambiado por Juan Barranzuela, exgerente de la gobernación del departamento de Tumbes.

Aunque no se descartaba que Castillo removiera a ministros en riesgo de ser censurados por el Congreso, no se esperaba que el mandatario actuara en este momento. En general, los nuevos funcionarios, como sucedió con la gran mayoría de quienes pasaron por esos cargos en 10 meses de Gobierno, son poco conocidos por la opinión pública.

Castillo -que además cambió a la cúpula policial-, anticipó que en los próximos días habrá más cambios: "Vamos a seguir haciéndolo porque nuestros ministros están en constante evaluación, se deben al pueblo".

Eso sí, el mandatario hizo énfasis en que Torres seguirá como "único vocero del Gobierno", lo que expertos interpretaron como un espaldarazo para el jefe del Gabinete, abogado de 79 años que, al parecer consciente del supuesto temor de los congresistas al cierre, los reta en público a que lo censuren.

Las lecturas de que Torres está desgastado como jefe de Gabinete por sus permanente y frontales choques con la oposición se estrella con que Castillo no parece tener intención de deshacerse de él y el Congreso no se atreve a echarlo.

De hecho, el nuevo afán de la oposición de derecha parece ser la caída de la ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, además la vicepresidenta de Perú, acusada por la Contraloría de fungir como presidenta de un club privado, actividad que le está prohibida a un jefe de cartera.

Con Montoya a la cabeza, los opositores quieren que esa pretendida destitución vaya acompañada por una prohibición de ejercer cargos públicos por 10 años, lo que la dejaría fuera de la línea de sucesión en el eventual caso de que Castillo fuera destituido o renunciara.

Los congresistas de FP, RP y Avanza País admitieron que su intención, en caso de que Castillo quedara fuera de acción, es que el sucesor o sucesora sea quien en ese momento ocupe la presidencia del Congreso, seguramente próxima o próximo a esos tres partidos.

Pese a los vaivenes y distanciamientos, ni PL ni una nueva bancada que se emancipó de ese colectivo modificaron su respaldo al presidente, por lo que matemáticamente es poco menos que imposible que en esto momento se alcanzan los 87 votos (de 130 congresistas) exigidos para una destitución.

El Congreso a grandes rasgos está dividido en tres grandes bloques de tamaño similar: uno de origen izquierdista que apoya a Castillo, uno de derecha radical que le hace una guerra encarnizada y uno de fuerzas de centroderecha y centro que critica al Gobierno pero mayoritariamente no comulga con la destitución presidencial.

En medio de esa especie de empate, FP, RP y Avanza País parecen resignados a abandonar por algún tiempo la idea de la destitución, para enfocarse en debilitar al Gobierno con acciones contra los ministros, tarea que, para los analistas, es facilitada por el gobernante con designaciones con muchos flancos débiles.

“En una crisis económica tan grave como la que vivimos, a partir del coronavirus y la crisis ruso-ucraniana, era previsible que se generaría incremento del desempleo y alza de precio de commodities como los alimentos y combustibles, por lo que se necesitaba profesionales y técnicos preparados, con capacidad resolutiva para enfrentar la situación. No ha sido así y por eso el Perú es uno de los más afectados, lo que está perjudicando a millones de familias, especialmente las más vulnerables”, dijo la CCL, publicó Gestión.

Además, criticó a la censurada ministra Chávez por haber ideologizado el manejo del sector Trabajo, donde privilegió sus intereses políticos a los del país. Cabe recordar que hace dos semanas, el gremio exhortaba al Congreso ejercer entre sus funciones el mecanismo de censura cuando exista fundamento para ello.

“Nuestro país no puede resistir más el descalabro de la administración pública en razón de la aparente decisión del presidente Castillo de repartir entre amigos, partidarios, allegados y hasta financistas de su campaña los ministerios y principales responsabilidades del Estado. Gobernar un país no es iniciar una repartija, sino administrar los recursos con eficiencia, responsabilidad y compromiso con todos los peruanos sin excepción”, remarcó.

El gremio empresarial también apuntó que las designaciones de funcionarios no idóneos y poco preparados para asumir diferentes cargos, solo acentúan uno de los males endémicos de la gestión pública en el Perú, entre los cuales lamentablemente priman la corrupción y la ineficiencia.

Finalmente, recordó que, según un informe de la Contraloría General de la República, al cierre de 2021, se identificó a 7,740 funcionarios y servidores públicos, en los tres niveles de gobierno, con presunta responsabilidad en hechos irregulares, los que habrían causado un perjuicio económico al Estado por cerca de S/ 2,500 millones.