El robo de cables de cobre en las instalaciones de CGE, que presta servicios eléctricos a más de 3,2 millones de clientes entre Arica y Parinacota y La Araucanía, ha alcanzado niveles críticos este año.
En los primeros nueve meses de 2024, la compañía registró 451 casos de robo de cables, totalizando 153.595 metros de tendido eléctrico (equivalente a más de 153 kilómetros y 45 toneladas de cobre), afectando no solo redes de media y baja tensión, sino también centros de transmisión de energía.
Este aumento de delitos impacta la calidad del suministro eléctrico y ha provocado interrupciones para más de 165.000 clientes, generando pérdidas millonarias para la empresa.
El subdirector de operaciones de CGE, Francisco Jaramillo, afirmó que este tipo de delitos está estrechamente vinculado al crimen organizado. “El robo de cables se ha consolidado como uno de los principales problemas en la calidad y continuidad del suministro y hoy, con nuestra experiencia, podemos decir que está fuertemente asociado al crimen organizado”, señaló.
Según Jaramillo, estas bandas delictivas cuentan con material y personal técnico especializado, además de un modus operandi desarrollado que les permite movilizarse entre regiones y ocultar, vender y realizar transacciones con el material robado para financiar otros delitos.
Las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá encabezan la lista de áreas más afectadas, con 138 casos de robo que representan un total de 27.670 metros de cable robado. A ellas le siguen las regiones de Coquimbo (112 episodios), O’Higgins (63), Antofagasta (54) y Maule (32). También se reportaron incidentes en Bío Bío (19), Araucanía (13), Metropolitana (7), Valparaíso (provincia de Melipilla) (7) y Atacama (6).
La empresa ha destinado más de $2.190 millones para reparar la infraestructura dañada, un costo que refleja el grave perjuicio ocasionado por estas bandas organizadas.
Ante esta situación, Jaramillo hizo un llamado a las autoridades comunales, regionales y nacionales para que se involucren en la lucha contra este delito.
“Es necesario que las autoridades, en todos los niveles, tomen acciones para combatir a estas bandas. Esta es la única forma de acabar con este flagelo y así ver mejorada la calidad del suministro a todos los clientes”, subrayó.
CGE, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos legales, presentando denuncias ante el Ministerio Público y las policías y promoviendo querellas contra los responsables en su intento por frenar este problema que afecta a miles de usuarios y compromete la seguridad de su infraestructura.
