Nicolás Espinoza Riquelme y Josefina Ossandón.
Más de 9.000 querellas y denuncias asociadas al robo de cables de cobre han presentado, entre 2019 y agosto de 2022, las empresas que integran la Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G. Un ilícito que deja millones en pérdidas y que este último año ha ido creciendo. Detrás de él están desde los clásicos “mecheros” hasta organizaciones criminales que sin pudor se disfrazan de técnicos y extraen dicho material.
Es un delito que tiene poca flagrancia. Pese a esto, investigaciones del Ministerio Público buscan dar con los eslabones altos de la cadena, los mismos que se las arreglan para exportar el cobre a destinos como China, Corea del Sur o Bélgica. Frente a los datos y las consecuencias del mismo surge la pregunta: ¿debe o no formar parte de la llamada infraestructura crítica?
Es un negocio ilícito que mueve millones. Lo realizan de noche o a plena luz del día. Hay veces que, incluso, se hacen pasar por técnicos. Hablamos del robo de cables de cobre que afecta al sector eléctrico y de telecomunicaciones, el que ha experimentado un importante crecimiento en el último año, con consecuencias catastróficas.
Formalizados pocos. Condenas aún menos. Querellas y denuncias abundan. Y es que investigar este ilícito no es sencillo, hay poca flagrancia, pues cuando las policías arriban a los sitios del suceso ya no queda nadie, salvo uno que otro cable que no pudo ser robado y que da señales de que algo pasó.
La estadística sirve para dimensionar el fenómeno. Según cifras de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (Chile Telcos), a las que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, entre 2019 y agosto de 2022 se han presentado 9.505 querellas y denuncias asociadas al robo de cables de cobre. Dicha asociación agrupa a las mayores empresas de servicios de internet, telefonía móvil y TV pago: Claro, Entel, GTD, Movistar, Mundo y VTR.
Detrás de este delito están desde los clásicos mecheros hasta bandas organizadas que exportan dicho material. Los primeros, según explica el fiscal Rodrigo Moya Acevedo, de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente, son “personas vagabundas, que por una cantidad de dinero bastante baja, no más de 10 mil, 20 mil pesos, se les compran los cobres que ellos cortan, lo que es principalmente alumbrado público y las conexiones de todo lo que es la fibra óptica”.
Los segundos, agrega, son bandas más sofisticadas. “Existe otro rubro de personas ya más preparadas que se hacen pasar por trabajadores de telecomunicaciones, que como son subcontratados no tienen los logos corporativos y llegan colocando dos, tres conos (en las calles). Es fácil en el comercio de Homecenter u otros lugares informales, feria, comprarse estos chalecos anaranjados, reflectantes, y se ponen a cortar cable de cobre, y ahí como son difícil de detectar la ciudadanía piensa que son trabajadores de Telefónica, VTR, Claro, etc.”, explica el persecutor.
Los afectados: cientos de personas. Y es que en tiempos de pandemia el internet y la electricidad cobran especial relevancia. Ambos van de la mano, y es ahí desde donde Chile Telcos pone su foco. “Se estima que este año un millón de hogares, es decir cerca de cuatro millones de personas fueron directamente afectados por los cortes”, advierte Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos.
En la región Metropolitana Chile Telcos ha identificado “más de 50 zonas de alta densidad de actos de vandalismo y robos” de cables. A eso se suma que entre enero y julio de 2022 las compañías agrupadas en la asociación han sido víctimas de 7.878 actos vandálicos, donde la principal afectación es a “redes de fibra óptica de servicios fijos y móviles”, consigna un documento interno (vea imagen).
El número de querellas y denuncias ha tenido alzas y bajas. Por ejemplo, si en 2019 las empresas agrupadas presentaron 2.666 querellas y denuncias por este tipo de delitos, al año siguiente la cifra descendió a 1.911. En 2021, periodo pandémico, la cifra cayó a 1.719, pero la buena racha no continuó. Y es que solo hasta agosto de 2022 ya se han presentado 3.209 querellas y denuncias.
Las variaciones al comparar los primeros ocho meses de 2021 y 2022 son el reflejo de cómo este delito ha ido creciendo en el último tiempo. Al comparar dicho periodo se aprecia un alza del 358% en la presentación de acciones legales (enero – agosto 2021, 701 querellas y denuncias vs enero – agosto 2022, 3.209).
“Manejamos una hipótesis central que es el robo de cables para contrabando. Se roban los cables para reducir el metal en su interior, y que luego termina siendo exportado como chatarra, manufacturas de cobre o cobre refinado. De hecho, se visualiza una clara correlación entre el precio del cobre, y el número de robos. Esto sugiere claramente la organización de grupos que reciben órdenes de compra, conocen del mercado de la chatarra y tienen capacidad de respuesta a alzas del precio internacional”, agrega Alfie Ulloa.
Dentro de las 10 comunas con más querellas y denuncias del país en 2022 hay solo dos que no son de la región Metropolitana: Rancagua que ocupa el primer lugar con 187 acciones legales y Antofagasta en el norte con 136. A estas se suman Maipú (160), San Bernardo (133), Conchalí (124), Pudahuel (121), Santiago (99), La Florida (93), Quilicura (91), y Puente Alto (83). Si miramos solo las comunas del Gran Santiago, para completar esa lista hay que sumar a La Cisterna (82) y Recoleta (69).
El caso de Rancagua, según el fiscal jefe de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de O’Higgins, Carlos Fuentes Rebolledo, tiene relación con la gran cantidad de cable de cobre por aire con que cuenta la comuna. A esto se suma la que el fenómeno se ha comportado como una especie de “péndulo de subida y bajada”. Esto porque desde 2016 en adelante se ven alzas y bajas en los delitos relacionados al robo de cables de cobre.
“Si usted camina por el centro de Rancagua y mira hacia el cielo hay una suciedad visual porque está lleno de cables. Es de las ciudades del país que más cable aéreo tiene, entonces esto genera lo siguiente, que es como pasar a una plantación de frutas, donde el fruto está para llegar y desprender desde el árbol”, explica el fiscal Fuentes. Respecto al robo señala que “casi el 91% se debe a cable que está de manera aérea y no subterráneo”. Este último, ahonda, requiere de más “elementos para (poder) sustraer porque generalmente tiene que cortar y luego necesita tracción para poder sacar”.
ROBO EN IMPUNIDAD
Lo hacen a plena luz del día y sin miedo a que los descubran (vea video). Imágenes a las que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío de la empresa Movistar Chile muestran cómo actúan las bandas más organizadas, las que se alejan del clásico mechero. Se caracterizan como si fueran trabajadores de una empresa de telecomunicaciones, instalan conos y sustraen los cables. De buenas a primeras es fácil confundirlos.
Natalia Fuentes, gerenta de Seguridad de Movistar Chile, da cuenta que la situación respecto al robo de cables es de “larga data”. No obstante, dice, esta ha “aumentado de manera explosiva a nivel nacional desde enero a septiembre, creciendo un 80% en comparación al mismo periodo de 2021, con casi 17.000 incidentes, es decir, casi 50 hechos diarios”. A la fecha, la empresa ha sufrido cerca de 30 mil casos de vandalismo en su infraestructura, dejando a casi 1 millón de hogares, empresas e instituciones sin conexión.
La encargada de seguridad complementa que en estos casos ven delincuentes “altamente sofisticados y una cadena de actores que nos permite hablar de una industria delictual y de crimen organizado capaz de robar, reducir, vender y exportar las especies en el mercado negro”.
¿Dónde va este material? ¿Qué tan difícil es reducirlo? Fuentes es clara y apunta a que “este cable lo venden especialmente chatarrerías, que son recintos dedicados a la compra y venta de metales en desuso, formales o informales. Es importante recordar que el cable de cobre de uso telefónico no es un producto comerciable. En estos lugares se reducen las especies, evadiendo tributos e impuestos”.
La investigadora Pilar Lizana en su artículo Economía ilegal del cobre señala que “el robo de cobre es una parte del negocio; una vez sustraído el metal, hay que venderlo. En ese sentido, existen empresas legales que, de acuerdo con la Policía de Investigaciones, en algunos casos se ven involucradas en la compra de metal robado; por cierto, no todas las empresas compradoras operan en mercados ilegales, pero sí hay algunas que blanquean el cobre ilícito que se exporta a destinos internacionales”.
Asimismo, la experta detalla que los sectores de las telecomunicaciones y la electricidad son parte de la infraestructura crítica de la población. Por ende, los “cortes de servicio que sufren las empresas de telecomunicaciones a raíz del robo de cables del tendido eléctrico debiesen ser considerados como un riesgo para la infraestructura crítica. Lo mismo se puede aplicar para las empresas de energía”.
Bajo este contexto, una de las interrogantes que se busca despejar desde las empresas privadas y el Ministerio Público en las investigaciones por este tipo de ilícitos son los eslabones avanzados de la cadena. Natalia Fuentes entrega una hipótesis al respecto: “Desde las chatarreras ilegales se trasladan los cables de cobre a centros de acopio mayores para poder sacarlos del país a países como Corea del Sur, como chatarra de cobre, y aquí la importancia de la actuación de las aduanas en el control de este tipo de exportaciones”.
DE LOS PUERTOS A ASIA
El pasado 26 de octubre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) incautó en el puerto de Arica 20 toneladas de cobre robado. La ruta de aquel mineral partiría en el norte y luego debía llegar al puerto de San Antonio, para finalmente tomar rumbo a Corea del Sur, en Asia. 137 millones de pesos fue el equivalente del mineral recuperado por los efectivos policiales.
Teniendo en cuenta el procedimiento anterior, ¿por qué pasar por San Antonio antes de viajar a Asia? “Creemos que puede ser que existan menos controles en lo que es San Antonio. San Antonio es un puerto súper importante, hay muchas exportaciones por ese lugar, pero como está muy cerca de Valparaíso, como que es el hermano chico, y se puede decir que pasa mucho más oculto todo”, señala el fiscal Rodrigo Moya Acevedo, de Sistema de Análisis y Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Metropolitana Occidente.
¿Y por qué Asía? El fiscal Moya desclasifica que “se ha podido determinar que Sudeste Asiático, todo lo que es Corea, Japón, China, es un mercado bastante fuerte en cuanto al cobre, por ser también países electrónicos, de celulares, computadores, es decir, todo lo que conlleva eso, hay grandes marcas, que pueda haber ahí un tráfico de cobre. Y el cobre en sí, en este momento, y por mucho tiempo, más con la electromovilidad, está pasando a ser un metal importante”.
El presidente ejecutivo de Chile Telcos agrega que “el cobre robado se vende a acopiadores, muchos de ellos chatarreros -formales o informales-, que luego lo revenden a las bandas que con documentos falsos y decenas de toneladas de material terminan exportándolo. Los datos que se manejan es que la mayoría de los embarque de chatarra (que no son todos necesariamente robados) van a China y Corea del Sur, ambos países con grandes fundiciones de cobre y enorme capacidad de compra y almacenamiento de chatarra”.
Un trabajo importante, entonces, recae en el Servicio Nacional de Aduanas, organismo que juega un rol clave en comercio exterior. Al ser consultados por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, desde la entidad señalaron que “la chatarra de cobre y otros metales en general representan un riesgo y un desafío para la fiscalización de nuestro Servicio, particularmente desde la aparición del fenómeno del robo de alambre/cable de cobre y su receptación, el cual posteriormente se presenta para la exportación, declarándola como chatarra a objeto de ocultar su verdadera naturaleza”.
Respecto a las toneladas decomisadas desde los puertos, desde Aduanas señalaron a este medio que las investigaciones por este tipo de delitos se “remontan a dos periodos”. Estos abarcan desde la primera indagatoria iniciada en 2007 hasta 2017, esta última en base a denuncias efectuadas por empresas de electricidad, mineras y ferrocarriles. “Podemos indicar que revisadas nuestras bases de datos con las denuncias por contrabando de chatarra/cable de cobre, registramos desde el año 2017 un total aproximado de 63,5 toneladas”, indicaron.
Junto a lo anterior, señalaron que “el 100% de la chatarra/cable de cobre detectado como contrabando en los procesos de fiscalización de Aduanas corresponde a cobre perteneciente a empresas de telecomunicaciones”. ¿Los puertos? Valparaíso, San Antonio, Antofagasta y Arica. ¿Hay preferidos? “Últimamente, los puertos por los que más se ha intentado exportar cobre robado fueron Arica y San Antonio”, explicaron de Aduanas.
Los destinos que maneja el Servicio van en la misma línea con los que manejan los privados y el Ministerio Público. Actualmente, señalaron, los principales países de destino de las exportaciones con cobre robado van hacia China, Corea del Sur y Bélgica. Las últimas incautaciones, en tanto, tenían como destino China y Corea del Sur. “La clave de este ilícito está en los denominados ‘chatarreros’, ya que no solo tienen lazos a nivel nacional, sino que también en el extranjero”, complementaron desde Aduanas.
LA ELECTRICIDAD
Pero junto a las telecomunicaciones, otro sector que se ve afectado es la electricidad. Desde la Compañía General de Electricidad (CGE) indicaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que en los últimos años este tipo de delitos han mostrado un alza no menor. Por ejemplo, desde enero de 2020 a marzo de 2022 han tenido más de 800 eventos de robo de cable en Media y Baja Tensión, lo que ha afectado la calidad y continuidad del servicio.
Matías Hepp, director de Operaciones de CGE, explica que “dada la extensión de las operaciones de CGE, las zonas donde se registran una mayor cantidad de robos de cables son: la región de O’Higgins, donde en promedio en los últimos meses se verifican alrededor de tres episodios -al día- de robo de cable en la ciudad de Rancagua”. Le siguen las regiones de Coquimbo, en La Higuera; Atacama, en Copiapó; Antofagasta, en la ciudad del mismo nombre y Calama; y Tarapacá, en Iquique y Alto Hospicio.
“Como dato adicional, entre enero y diciembre de 2021, CGE sufrió el robo de 53.398 metros de cable de cobre, equivalente a 12.212 kilogramos”, agrega el director de Operaciones. Las consecuencias de esto van directamente ligadas a interrupciones del suministro eléctrico y afecta al transporte ferroviario y a la seguridad pública. En regiones agrícolas, como O’Higgins, Maule y Ñuble, se ve también afectada la productividad.
Desde la misma empresa explican que cuando ocurren los robos, las brigadas especializadas de CGE deben recorrer las instalaciones para ubicar el sector afectado, lo cual “puede retrasar las tareas necesarias para reponer el suministro eléctrico”. Es esa demora, según reconocen persecutores, la cual hace compleja este tipo de investigaciones, pues es difícil pillar, como se dice, in fraganti a los individuos.
Pero además de la falta de suministro, el aumento de este tipo de delitos tiene otro componente: alza de accidentes fatales de personas que cometen los ilícitos. Se presentan las denuncias, las querellas, pero desde CGE también hacen un llamado de que “para el éxito de las gestiones, es muy importante contar con un mayor apoyo de las autoridades correspondientes”.
Bajo este contexto, el fiscal Fuentes da cuenta de las dificultades que tiene la investigación de este tipo de hechos. Una de ellas es la tardía presentación de querellas que recibe el Ministerio Público. Dice que no es una crítica a las empresas, pero que la diferencia entre el hecho y la acción penal marcan una diferencia.
Según información a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, en promedio pasan más de 100 días entre que se comete el ilícito y que el tribunal de garantía conoce la información, es decir, la querella. “En promedio las querellas son conocidas por el Ministerio Público casi tres meses y medio después de ocurridos los hechos. ¿Esta demora influye en el éxito investigativo? Singular a dudas”, indica el persecutor.
